Sindicalista tunecino a juicio por participar en protestas

Un sindicalista y 37 personas más serán juzgadas el jueves en Túnez, acusados de promover disturbios en el curso de protestas ocurridas este año en la región de Gafsa. Adnan Hajji, secretario general de la oficina local de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) en Redeyef, y las personas acusadas junto con él, van a ser juzgados por cargos como “formar un grupo delictivo con objeto de destruir bienes públicos y privados”.

Si son declarados culpables, podrían ser condenados a más de diez años de prisión. Al menos 6 de los 38 acusados van a ser juzgados in absentia.

Gafsa, región del sur de Túnez rica en fosfatos, ha sido escenario de una oleada de protestas populares en la primera mitad de este año. Estallaron en la ciudad de Redeyef, cuando el principal empleador de la zona, la empresa Gafsa Phosphate Company, anunció los resultados de un proceso de contratación que se había llevado a cabo.

Los resultados fueron tachados de fraudulentos por los trabajadores rechazados y por diversas entidades, como la UGTT, y las manifestaciones, que se intensificaron hasta convertirse en una protesta más general por el desempleo y el elevado coste de la vida, se extendieron a otras ciudades, a lo que las autoridades respondieron desplegando gran número de agentes de policía y otras fuerzas de seguridad en la región.

Se detuvo a centenares de manifestantes y se presentaron cargos contra más de 140, algunos de los cuales fueron declarados culpables y condenados a prisión.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno tunecino que ordene abrir una investigación independiente sobre las presuntas torturas y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad al sofocar las protestas.

En una carta al ministro tunecino de Justicia y Derechos Humanos, Béchir Tekkari, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que revelen el resultado de una investigación oficial que se ha llevado a cabo. La organización ha dicho que se trata de una investigación sobre los sucesos del 6 de junio de 2008, cuando la policía disparó contra los manifestantes, matando a un hombre e hiriendo a otros, por lo que se denunció que había hecho uso excesivo de la fuerza.

En la carta se detallan también casos de personas sospechosas de organizar las protestas o participar en ellas que, según informes, fueron detenidas y torturadas por la policía. Se acusa a ésta de obligarlas a firmar declaraciones incriminatorias que podrían utilizarse contra ellas en los tribunales y de falsificar sus fechas de detención en los archivos oficiales.