Investigación del Senado señala responsabilidades de altos cargos en abusos a detenidos

Según una investigación realizada por el Senado, la decisión de altos cargos del gobierno estadounidense de autorizar técnicas de interrogatorio “agresivas” ha sido una “causa directa de abusos a detenidos” en la “guerra contra el terror”.

El jueves 11 de diciembre, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado hizo públicos el resumen y las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo durante 18 meses sobre los abusos infligidos a personas detenidas bajo custodia estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo. El Comité, compuesto por miembros de los dos principales partidos políticos del país, formuló, entre otras, las siguientes observaciones:

Los abusos contra personas detenidas bajo custodia estadounidense no pueden atribuirse simplemente a ‘unas pocas manzanas podridas’ que han actuado por cuenta propia. Lo cierto es que altos cargos del gobierno de Estados Unidos solicitaron información sobre cómo emplear técnicas agresivas, modificaron la legislación para dar a estas técnicas una apariencia de legalidad y autorizaron su uso contra detenidos […]

Las políticas de interrogatorio aprobadas por altos cargos militares y civiles, que autorizaban el uso de métodos muy duros, han sido una de las causas principales de los abusos infligidos a personas detenidas bajo custodia estadounidense.

Entre otras cosas, el Comité ha concluido que la decisión del presidente George W. Bush de negar a los detenidos la protección consagrada en los Convenios de Ginebra y de convertir el trato humano en una cuestión de política, y no en una obligación prevista por la legislación, contribuyó a que se cometieran abusos. Asimismo, el Comité ha determinado que la autorización por el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld de las técnicas de interrogatorio en Guantánamo a finales de 2002 (por ejemplo, desnudar a los detenidos, encapucharlos, someterlos a privación sensorial o usar perros para intimidarlos) influyó en las políticas de interrogatorio que se aplicaron en Afganistán y posteriormente en Irak.

El presidente del Comité ha afirmado que “los intentos de altos cargos de eludir la responsabilidad en los abusos echando la culpa a oficiales de bajo rango muestran una falta de escrúpulos”.

La investigación del Comité examinó cómo algunas técnicas utilizadas en la formación militar llegaron a usarse contra personas recluidas bajo custodia estadounidense. En el Programa SERE (supervivencia, evasión, resistencia y escapada), los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses reciben formación sobre cómo resistir a los interrogatorios en el caso de caer en poder el enemigo.

Según el Comité, “determinados cargos del gobierno de Estados Unidos decidieron utilizar algunas de estas duras técnicas contra detenidos basándose en interpretaciones extremadamente erróneas de la legislación estadounidense y del derecho internacional”. Una de ellas era la del water-boarding, método de tortura que consiste en un simulacro de ahogamiento.

“Las conclusiones de esta investigación ponen de manifiesto que es necesario crear una comisión que investigue todos los abusos cometidos en la ‘guerra contra el terror’, así como procesar a toda persona contra la que haya pruebas de conducta delictiva en virtud de la legislación estadounidense o del derecho internacional, con independencia de su rango o posición”, declaró Susan Lee, directora del equipo sobre América de Amnistía Internacional.

Khaled Sheikh Mohammed es uno de los detenidos que el gobierno estadounidense admitió haber sometido a la técnica de simulacro de ahogamiento bajo custodia secreta de la CIA. El 15 de diciembre, el vicepresidente Richard Cheney concedió una entrevista a ABC News en la que se le preguntó si había autorizado “las tácticas” empleadas contra Mohammed. El vicepresidente contestó que “tenía conocimiento del programa, sin duda, y contribuí a definir el proceso […] contaba con mi apoyo”. En concreto, confirmó que opinaba que el uso del water-boarding había sido “apropiado”.

Amnistía Internacional ha declarado que el establecimiento y funcionamiento de una comisión de investigación no deberá servir para bloquear o retrasar el procesamiento de cualquier persona sobre la que ya pesen suficientes pruebas de conducta ilícita.