El Senado italiano debe frenar controvertido proyecto de ley

El Senado italiano decide si aprobar o no un controvertido proyecto de ley que supondría la violación de los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo y que podría derivar en la discriminación de romaníes y sintis

El proyecto de ley, conocido como “paquete de seguridad”, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de mayo de 2009.

Amnistía Internacional ha manifestado especial preocupación por la disposición prevista que criminaliza la “migración irregular”,  es decir, cuando las personas llegan a un país sin autorización ni documentación.  Preocupan también a la organización otras disposiciones del proyecto de ley, como la negación de derechos a personas vulnerables mediante requisitos de residencia y de registro, y la creación y capacitación de asociaciones ciudadanas para patrullar los municipios.

“Las autoridades italianas son responsables del bienestar de todas las personas que viven en su territorio, con independencia de cómo hayan llegado éstas al país”, dijo David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“De aprobarse, algunas de las propuestas del ‘paquete de seguridad’ negarán los derechos básicos de los sectores marginales de la sociedad y también violarán las obligaciones contraídas por Italia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.”

Si se tipifica como delito la migración irregular, podrá imponerse a los migrantes irregulares una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Habida cuenta de las disposiciones penales existentes y de las que posiblemente se aprueben, los funcionarios y empleados del sector público (profesionales de la medicina, docentes y personal municipal) tendrán la obligación de informar a la policía sobre la existencia de migrantes irregulares, so pena de que se presenten cargos penales en su contra.

La aprobación de esta ley disuadirá a los migrantes irregulares de solicitar acceso a la enseñanza y a la atención médica (incluso de urgencia), o protección a las fuerzas de seguridad ante actos delictivos, por miedo a ser denunciados ante la policía. Esta ley también podría impedir a migrantes irregulares notificar a las autoridades el nacimiento de un hijo, lo cual afectaría al derecho del recién nacido a ser reconocido jurídicamente.

“Los Estados tienen la potestad y el deber de controlar la migración, pero no deben hacerlo a expensas de los derechos humanos, como el derecho a la salud, a la educación o al registro de nacimiento de los migrantes irregulares”, señaló David Diaz-Jogeix.

Con arreglo a la disposición sobre residencia y registro del proyecto de ley, se borrará de los registros locales de residentes a todas las personas sin hogar o a las que vivan en viviendas precarias o en casas móviles. El registro de residencia en el municipio es un requisito previo para obtener acceso a atención médica, asistencia social, educación y vivienda pública en el propio lugar donde se reside. Teniendo en cuenta que son los migrantes irregulares quienes habitan mayoritariamente en viviendas precarias y las comunidades romaní y sinti las que viven en casas móviles, la aplicación de la ley podrá suponer la discriminación indirecta de estos segmentos de población.

Por último, la disposición que permite la colaboración de asociaciones ciudadanas privadas con las autoridades locales para patrullar las calles y vigilar situaciones que el proyecto de ley califica de “daño a la seguridad urbana” y “malestar social” podría fomentar la actividad parapolicial y la discriminación. No queda claro qué poderes tendrán estas patrullas, qué formación será necesaria para participar en ellas (en el caso de que se exija alguna), bajo qué autoridad operarán y qué medidas se tomarán para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho de los derechos humanos que se cometan.

En los últimos años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado ataques perpetrados por grupos organizados contra personas romaníes y extranjeras en diversos lugares de Italia.

“La potencial ‘legitimación’ de asociaciones ciudadanas privadas podría ocasionar un aumento o una mayor ocultación del hostigamiento y los abusos, que incluso pueden constituir delitos”, afirmó David Diaz-Jogeix.

“Las autoridades serán las responsables últimas de la incitación a la discriminación y a la hostilidad contra minorías, incluidas las comunidades romaní, sinti y las personas migrantes.”

Amnistía Internacional pide al Parlamento italiano que no apruebe ninguna ley que pueda resultar discriminatoria o violar la obligación del país de respetar, proteger y hacer realidad derechos reconocidos internacionalmente.