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Amnistía Internacional acoge con satisfacción la actuación de las autoridades iraníes al posponer la ejecución de un ciudadano afgano acusado de haber cometido un asesinato cuando aún era menor de edad.

Abbas Hosseini iba a ser ejecutado el lunes 5 de octubre, pero, según informes, las autoridades judiciales de la ciudad de Mashhad han acordado aplazarla y así conceder más tiempo para convencer a la familia de la víctima de que acepte una compensación económica y se cierre el caso.

No se tienen noticias de que se haya establecido una nueva fecha para la ejecución.

Amnistía Internacional insta a las autoridades ironies a reviser la condena de manera que Abbas Hosseini no se enfrente más a la pena de muerte. Al tener menos de 18 años en el momento de cometerse el presunto delito, su ejecución está estrictamente prohibida en aplicación del derecho internacional.

Abbas Hosseini fue condenado a muerte en junio de 2004 por el asesinato de un hombre que, dijo, había intentado violarlo en julio de 2003.

Hosseini tenía que haber sido ejecutado el 1 de mayo de 2005, pero en el último momento se le concedió un aplazamiento de la ejecución durante una semana para dar a la familia de la víctima una nueva oportunidad de aceptar una diyeh o dinero de sangre, un tipo de compensación económica para la familia de sangre del hombre que murió.

Entre tanto, el presidente de la Magistratura ordenó a la magistratura local de Mashhad que no llevara a cabo la ejecución, tras lo cual se sometió la causa a revisión. El 27 abril de 2008, el Tribunal Supremo ordenó que se celebrara un nuevo juicio dada la edad de Abbas Hosseini en el momento del delito

El 5 de agosto de 2008, el Tribunal de Menores de Mashhad lo condenó de nuevo a muerte.

La condena fue confirmada el 29 de diciembre de 2008 por la Sección 33 del Tribunal Supremo y recibió la aprobación final del presidente de la Magistratura, lo que allana el camino para la ejecución, que debía haberse llevado a cabo el lunes día 5.

Amnistía Internacional cree que la prolongada incertidumbre jurídica que rodeó la revisión del caso y el nuevo juicio, así como las repetidas suspensiones en el último momento de la ejecución no han hecho sino aumentar su sufrimiento y el de su familia.

Desde 1990, Irán ha ejecutado al menos a 41 personas que eran menores de edad en el momento del delito y se sabe que más de 140 están condenadas a muerte. Al menos tres han sido ejecutadas en 2009, lo que supone una contravención de las obligaciones internacionales de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben de forma inequívoca la ejecución de personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito.