Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

18 julio 2008

El presidente de Sudán podría ser detenido por los crímenes de guerra cometidos en Darfur

El presidente de Sudán podría ser detenido por los crímenes de guerra cometidos en Darfur

El lunes 14 de julio, el fiscal Luis Moreno Ocampo, presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud de orden de detención contra el presidente sudanés Omar El Bashir, por 10 cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.   

Amnistía Internacional afirmó que el anuncio era “un paso importante para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas en Sudán”.

La organización instó al gobierno de Sudán a garantizar que la solicitud del fiscal no tiene un efecto adverso sobre el despliegue y las operaciones de la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID).

Amnistía Internacional subrayó el papel del gobierno sudanés a la hora de proteger a la población civil y de no obstaculizar en modo alguno la entrega de ayuda humanitaria en Darfur.

Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares examinarán la solicitud de orden de detención del fiscal y decidirán si hay “motivo razonable para creer” que el presidente sudanés puede haber cometido delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Si su detención es necesaria para garantizar su comparecencia ante el tribunal, para evitar que ponga en peligro las investigaciones, o para impedir que cometa más delitos, la Corte podría dictar la orden de detención internacional contra él.

En casos anteriores, los jueces se han tomado entre uno y tres meses para decidir si dictar órdenes de detención. Una vez que la orden de detención se dicte, el gobierno de Sudán tiene la obligación legal de detener y entregar a la CPI a cualquier persona mencionada en esa orden.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso al gobierno sudanés y al resto de las partes en el conflicto de Darfur la obligación legal de “cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria” (Resolución 1593, de 31 de marzo de 2005). Recientemente, en su declaración del 16 de junio de 2008, el presidente del Consejo de Seguridad instó al gobierno de Sudán y al resto de las partes en el conflicto de Darfur a cooperar plenamente con la Corte para poner fin a la impunidad de los crímenes perpetrados en Darfur.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó asimismo a todos los Estados, a las organizaciones regionales afectadas y a otras organizaciones internacionales a cooperar plenamente con la CPI (Resolución 1593, de 31 de marzo de 2005). Además, los Estados que hayan ratificado el Estatuto de Roma de la CPI tienen la obligación legal de detener y entregar a la Corte a cualquier persona cuyo nombre figura en una orden de detención.  


Información complementaria

Se cree que, desde que el conflicto se inició en 2003, más de 200.000 personas han perdido la vida en Darfur. Más de 2,3 millones son desplazados internos.

El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó que la situación de Sudán constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y remitió el caso de Darfur a la CPI. El 1 de junio de 2005, el fiscal de la Corte inició una investigación sobre la situación de Darfur.

Amnistía Internacional ya hace campaña en favor de la ejecución de otras órdenes de detención dictadas por la CPI. La organización pide la detención y la entrega del ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y del dirigente de la milicia yanyawid Ali Kushayb, ambos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur, y contra quienes la CPI dictó órdenes de detención en abril de 2007.

En diciembre de 2007, el fiscal de la CPI informó al Consejo de Seguridad de la ONU de que su Oficina estaba recopilando información sobre los ataques contra personal humanitario y de las fuerzas de mantenimiento de la paz, como el atentado de Haskanita en octubre de 2007, en el que murieron 10 integrantes africanos de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Este atentado se atribuyó a grupos armados, aunque el fiscal Ocampo no dio nombres de ningún sospechoso.  Fuentes de Naciones Unidas anunciaron en diciembre de 2007 que el fiscal tenía previsto presentar dos nuevos casos en relación con estos atentados.

Tema

Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
Justicia internacional 

País

Sudán 

Región

África 

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