Manifestantes papúes se enfrentan a prisión por enarbolar una bandera
15 enero 2009
El Tribunal Superior de Papúa ha ampliado la pena de prisión impuesta a 11 manifestantes por el simple hecho de haber enarbolado una bandera prohibida. Los afectados van a recurrir la condena.
Los 11 activistas fueron detenidos en marzo de 2008 por enarbolar la bandera Morning Star ("lucero del alba"), símbolo de la independencia de Papúa, y, en un primer momento, fueron condenados a ocho meses de reclusión. Tras la presentación del recurso, el Tribunal Superior de Papúa amplió las penas a tres años o más.
Amnistía Internacional pidió el miércoles día 14 su liberación inmediata y sin condiciones. La organización instó al gobierno indonesio a derogar la normativa gubernamental de 2007 que prohíbe la exhibición de banderas separatistas.
Las banderas se exhibieron durante una serie de manifestaciones públicas pacíficas en las que se protestaba por la normativa gubernamental de 2007.
El destacado activista Jack Wanggai fue condenado a tres años y medio de cárcel, y otras 10 personas fueron condenadas a tres años de prisión.
Los acusados van a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo de Indonesia.
"Parece que con el encarcelamiento de manifestantes durante tres años por el simple hecho de enarbolar una bandera se pretende imponer un castigo ejemplar, en un intento de intimidar a otros activistas papúes", ha afirmado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
"Este hecho supone un retroceso con respecto a la reciente tendencia a una mayor apertura y un mayor respeto de la libertad de expresión en Indonesia que se ha producido en los últimos años."
Papúa, la provincia más oriental de Indonesia, ha sido escenario de un deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en los últimos años. La población indígena, diferente a las demás etnias de Indonesia, ha cuestionado con creciente frecuencia las políticas del gobierno indonesio con respecto a los recursos naturales de Papúa y la afluencia de migrantes no papúes a la zona.
El gobierno de Indonesia mantiene una fuerte presencia policial y militar, cuyos efectivos han sido acusados de intimidar y amenazar repetidamente a los miembros de la comunidad indígena local que defienden una mayor autonomía o la independencia de Indonesia por medios pacíficos.
Los 11 activistas fueron detenidos en marzo de 2008 por enarbolar la bandera Morning Star ("lucero del alba"), símbolo de la independencia de Papúa, y, en un primer momento, fueron condenados a ocho meses de reclusión. Tras la presentación del recurso, el Tribunal Superior de Papúa amplió las penas a tres años o más.
Amnistía Internacional pidió el miércoles día 14 su liberación inmediata y sin condiciones. La organización instó al gobierno indonesio a derogar la normativa gubernamental de 2007 que prohíbe la exhibición de banderas separatistas.
Las banderas se exhibieron durante una serie de manifestaciones públicas pacíficas en las que se protestaba por la normativa gubernamental de 2007.
El destacado activista Jack Wanggai fue condenado a tres años y medio de cárcel, y otras 10 personas fueron condenadas a tres años de prisión.
Los acusados van a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo de Indonesia.
"Parece que con el encarcelamiento de manifestantes durante tres años por el simple hecho de enarbolar una bandera se pretende imponer un castigo ejemplar, en un intento de intimidar a otros activistas papúes", ha afirmado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
"Este hecho supone un retroceso con respecto a la reciente tendencia a una mayor apertura y un mayor respeto de la libertad de expresión en Indonesia que se ha producido en los últimos años."
Papúa, la provincia más oriental de Indonesia, ha sido escenario de un deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en los últimos años. La población indígena, diferente a las demás etnias de Indonesia, ha cuestionado con creciente frecuencia las políticas del gobierno indonesio con respecto a los recursos naturales de Papúa y la afluencia de migrantes no papúes a la zona.
El gobierno de Indonesia mantiene una fuerte presencia policial y militar, cuyos efectivos han sido acusados de intimidar y amenazar repetidamente a los miembros de la comunidad indígena local que defienden una mayor autonomía o la independencia de Indonesia por medios pacíficos.
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