Papúa-Nueva Guinea no debe reanudar las ejecuciones

El gobierno de Papúa-Nueva Guinea debe abolir la pena de muerte en lugar de reinstaurarla. Así lo han manifestado esta semana Human Rights Watch y Amnistía Internacional en una carta conjunta.

En la carta al Dr. Allan Marat, ministro de Justicia y fiscal general, las dos organizaciones de derechos humanos criticaban las declaraciones de autoridades gubernamentales de Papúa-Nueva Guinea que pedían que se tomaran medidas para poder llevar a cabo ejecuciones.

Algunos delitos violentos cometidos recientemente, como el presunto homicidio de cuatro niños a manos de su madre, han llevado a las autoridades a declarar que estaban considerando la posibilidad de reanudar las ejecuciones. Allan Marat dijo recientemente a los periodistas que su oficina está redactando la normativa necesaria para llevar a cabo ejecuciones.

Papúa-Nueva Guinea no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1954, pese a que el Parlamento reinstauró en 1991 la pena de muerte para el asesinato con premeditación. 
 
“La pena de muerte es una violación del derecho a la vida, y Papúa-Nueva Guinea dañaría su credibilidad si la reintrodujera”, ha manifestado Apolosi Bose, investigador de Amnistía Internacional sobre Oceanía.

“En lugar de eso, Papúa-Nueva Guinea debe proteger y respetar las garantías del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante establecidas en su propia Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales con los que se ha comprometido.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación de derechos fundamentales.

Las organizaciones han pedido a Papúa-Nueva Guinea que opte por abolir la pena de muerte y que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las organizaciones han pedido también al gobierno que refuerce su sistema judicial para que las personas declaradas culpables de delitos se enfrenten a penas justas conformes con las normas internacionales.
 
“La reanudación de las ejecuciones supondría un retroceso tremendo para Papúa-Nueva Guinea, y apartaría al país de la tendencia imperante tanto en la opinión como en la práctica mundial”, ha manifestado Zama Coursen-Neff, director adjunto de la División de Derechos de la Infancia de Human Rights Watch.

“Papúa-Nueva Guinea debe reforzar su sistema de justicia penal, pero no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio real frente a la delincuencia superior al de otras penas”.
 
La pena de muerte se ha abolido ya en la ley en 94 países, y sólo una pequeña minoría de países –25 en 2008– sigue llevando a cabo ejecuciones.