Nuevo proyecto de ley, un revés para los derechos humanos en Perú
10 noviembre 2008
En caso de ser aprobado, un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso peruano concedería la amnistía a presuntos perpetradores de violaciones de derechos humanos.
El proyecto de ley, si se aprueba, amnistiará a miembros del ejército y la policía implicados en violaciones de derechos humanos perpetradas en el caso de Chavín de Huántar, operación militar que puso fin a la crisis de los rehenes en la Embajada japonesa en 1997.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha dicho: "Si se aprueba, este proyecto de ley supondría un gran revés para el Estado de derecho en Perú, ya que de hecho concedería la impunidad a personas que podrían haber sido responsables de violaciones de derechos humanos."
Desde Chile, donde el 7 de noviembre presentó un memorándum a la presidenta Bachelet pidiendo la anulación de la Ley de Amnistía de 1978, añadió: "Hemos sido testigos del negativo efecto que han tenido las leyes de amnistía en Chile y en Perú y en otros países de la región, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la ilegalidad de este tipo de leyes."
Con la aprobación del nuevo proyecto de ley, se crearía una comisión facultada para recomendar amnistías para miembros del ejército o la policía objeto de investigación por violaciones de derechos humanos. De hecho, se negaría a las víctimas y sus familiares el derecho a conocer la verdad sobre el pasado y a obtener reparaciones.
El nuevo proyecto de ley fue presentado el 6 de noviembre por el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez, con el apoyo de más de 20 congresistas de diversos partidos.
Una ley de amnistía aprobada en 1997 en Perú, aunque posteriormente derogada en 2002, fue condenada por la Corte en dos conocidos fallos relacionados con la matanza en 1991 de 15 mujeres, hombres y niños en Barrios Altos, Lima, y con la desaparición forzada y asesinato en 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta.
Amnistía Internacional insta al Parlamento peruano a que no apruebe el proyecto de ley. La organización cree que, en lugar de conceder impunidad a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, el gobierno debería concentrarse en llevarlos ante la justicia.
El proyecto de ley, si se aprueba, amnistiará a miembros del ejército y la policía implicados en violaciones de derechos humanos perpetradas en el caso de Chavín de Huántar, operación militar que puso fin a la crisis de los rehenes en la Embajada japonesa en 1997.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha dicho: "Si se aprueba, este proyecto de ley supondría un gran revés para el Estado de derecho en Perú, ya que de hecho concedería la impunidad a personas que podrían haber sido responsables de violaciones de derechos humanos."
Desde Chile, donde el 7 de noviembre presentó un memorándum a la presidenta Bachelet pidiendo la anulación de la Ley de Amnistía de 1978, añadió: "Hemos sido testigos del negativo efecto que han tenido las leyes de amnistía en Chile y en Perú y en otros países de la región, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la ilegalidad de este tipo de leyes."
Con la aprobación del nuevo proyecto de ley, se crearía una comisión facultada para recomendar amnistías para miembros del ejército o la policía objeto de investigación por violaciones de derechos humanos. De hecho, se negaría a las víctimas y sus familiares el derecho a conocer la verdad sobre el pasado y a obtener reparaciones.
El nuevo proyecto de ley fue presentado el 6 de noviembre por el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez, con el apoyo de más de 20 congresistas de diversos partidos.
Una ley de amnistía aprobada en 1997 en Perú, aunque posteriormente derogada en 2002, fue condenada por la Corte en dos conocidos fallos relacionados con la matanza en 1991 de 15 mujeres, hombres y niños en Barrios Altos, Lima, y con la desaparición forzada y asesinato en 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta.
Amnistía Internacional insta al Parlamento peruano a que no apruebe el proyecto de ley. La organización cree que, en lugar de conceder impunidad a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, el gobierno debería concentrarse en llevarlos ante la justicia.
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