Necesarias más medidas para acabar con las violaciones en Zimbabue tras 100 días

Han transcurrido exactamente 100 días desde la inauguración del gobierno de inclusión en Zimbabue. La inauguración suscitó la esperanza de un cambio, pero se siguen produciendo violaciones de derechos humanos que tienen como objetivo a activistas políticos y de derechos humanos.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno a controlar a los agentes estatales y funcionarios del Estado que siguen ordenando que se cometan violaciones de derechos humanos y a restablecer el Estado de derecho.

“El despiadado silenciamiento de detractores del gobierno que caracterizó a la administración anterior es una mancha en el expediente del gobierno de inclusión”, ha manifestado Simeon Mawanza, especialista de Amnistía Internacional sobre Zimbabue.

El 11 de mayo de 2009, dos periodistas independientes, Vincent Kahiya y Constantine Chimakure, fueron detenidos y acusados de publicar un artículo que era presuntamente “falso en su totalidad o en su casi totalidad, con objeto de generar hostilidad en la opinión pública hacia la policía, los militares y el Servicio Penitenciario” . Fueron puestos en libertad bajo fianza al día siguiente. Amnistía Internacional cree que fueron aprehendidos y detenidos únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

El 14 de mayo de 2009, un destacado abogado de derechos humanos, Alec Muchadehama, que había representado a diversos activistas políticos y de derechos humanos, fue aprehendido y detenido por agentes de la Brigada de Orden Público de la policía de la República de Zimbabue.

Fue acusado de "frustrar u obstaculizar la acción de la justicia" y el 15 de mayo quedó en libertad bajo fianza. Según los informes disponibles, el agente encargado de la investigación le dijo a Alec Muchadehama, delante de su representación letrada, que la denuncia contra él provenía de la Fiscalía General de Zimbabue.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la aparente falta de voluntad política para crear un entorno en el que los trabajadores y trabajadoras de derechos humanos y de los medios de comunicación puedan desempeñar su labor. La organización ha instado a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y a la Unión Africana a que asuman su papel como garantes del acuerdo entre partidos para acabar con las persistentes violaciones de derechos humanos. 

La intimidación y el hostigamiento continuado de personas a las que se considera detractores del gobierno ha dificultado que la comunidad internacional preste una ayuda muy necesaria para la realización de los derechos sociales y económicos de la población de Zimbabue .

La educación de millones de niños y niñas zimbabuenses pende de un hilo, ya que el sector educativo se encuentra al borde del colapso. El profesorado volvió a trabajar en febrero, dando por finalizada una huelga que duraba desde septiembre de 2008.

Sin embargo, el estado del sistema educativo sigue estando plagado de graves problemas:

El profesorado de las zonas rurales también ha denunciado que es sometido a acoso e intimidación por parte de partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), que fueron responsables de la violencia de motivación política desatada en el periodo previo a las elecciones de junio de 2008.

Aunque hospitales y clínicas volvieron a abrir en febrero, sigue habiendo gran escasez de material y medicinas. Según la ONU, en mayo el brote de cólera había matado a más de 4.200 personas y más de 97.000 habían contraído la enfermedad. Sin embargo, la tasa de mortalidad había disminuido hasta el 1,8 por ciento, una reducción significativa con respecto a cifras anteriores, que sobrepasaban el 4 por ciento.

“Para que el gobierno de inclusión cumpla con sus obligaciones internacionales a fin de garantizar la realización de los derechos sociales y económicos de la población de Zimbabue, es necesario que cree urgentemente las condiciones que hagan que los donantes se sientan seguros a la hora de prestar ayuda”, ha declarado Simeon Mawanza.

Amnistía Internacional ha expresado asimismo su preocupación por los informes sobre víctimas de la violencia política que se han tomado la justicia por su mano en un intento por recuperar los bienes que les robaron partidarios de la ZANU-PF entre las elecciones de marzo y junio de 2008. La policía se dio prisa en detener a las personas que participaron en los hechos, pero no se han tomado medidas contra los autores conocidos de los abusos contra los derechos humanos cometidos en 2008 pese a las denuncias de las víctimas ante la policía.

“Es necesario poner fin a las políticas partidistas –ha declarado Simeon Mawanza–. Hay que abordar urgentemente las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos auspiciadas por el Estado. Las personas responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas y se deben conceder remedios efectivos a las víctimas."