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El más alto tribunal del Reino Unido ha resuelto que las personas tienen derecho a conocer la información utilizada en su contra para imponerles órdenes de control, de manera que puedan impugnar de forma efectiva dichas órdenes.

La resolución emitida unánimemente por los jueces lores el miércoles 10 de junio contribuye en cierta medida a restablecer el derecho de todas las personas, incluso de aquellas que, según el gobierno, están o han estado implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo, a conocer la información secreta en que se fundamentan las acusaciones del gobierno en su contra.

Los jueces lores admitieron que, si se oculta esa información a la persona, no puede refutar las acusaciones en su contra. Lord Hope of Craighead declaró: “Este [derecho a un juicio justo] es un derecho que corresponde a toda persona […] incluso a aquellas que, presuntamente, son muy capaces de hacernos daño mediante actos de terrorismo. […] A la persona sometida a control se le debe facilitar información suficiente acerca de las acusaciones en su contra a fin de dar órdenes efectivas […] Esto es lo esencial […] que no se puede cambiar".

 Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la resolución emitida por los jueces lores.

" El hecho de que los jueces lores hayan fallado de forma unánime tras concluir que  el sistema de órdenes de control en su forma actual viola el derecho a un juicio justo debe evidenciar el principio del fin del sistema de órdenes de control en el Reino Unido", ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Esta resolución contribuye en cierta medida a disipar los motivos de preocupación que Amnistía Internacional ha tenido durante largo tiempo en cuanto a que el sistema de órdenes de control impone restricciones al derecho de ciertas personas a la libertad de circulación– que, en algunos casos, han llegado a constituir privación de libertad– sobre la base de información secreta, que no se revela a esas personas ni a su representación letrada.

Amnistía Internacional sigue, no obstante, pidiendo que se revoque el sistema de órdenes de control. Existe una serie de elementos del sistema que siguen siendo problemáticos, pese a la decisión tomada hoy por los jueces lores."

Todavía no se respeta el derecho a impugnar la información, puesto que la persona en cuestión y su representación letrada no pueden participar en algunas de las vistas judiciales en las que se decidirá si a la persona se le impone una orden de control. En cambio, participa en las vistas a puerta cerrada un abogado especial designado por el tribunal, que no ha sido escogido necesariamente por la persona afectada.

Una vez que el abogado especial ha visto o escuchado información secreta, ya no puede reunirse con la persona en cuestión ni con su representación letrada sin el permiso del tribunal, permiso que en la práctica no se solicita ni se concede casi nunca. Amnistía Internacional considera que este proceso es muy injusto.

Pese a la resolución de los jueces lores, parece que el gobierno no ha puesto en práctica ninguna estrategia concreta para acabar con la renovación aparentemente indefinida de las órdenes de control emitidas contra ciertas personas que, según afirma el gobierno, se hallan implicadas en actividades terroristas.

El sistema de órdenes de control ha tenido un profundo impacto negativo en la salud física y mental de las personas que han sido sometidas a órdenes de control, así como en la vida de sus familiares más próximos.

Mahmoud Abu Rideh, refugiado palestino apátrida, por citar un ejemplo, lleva cuatro años sometido a una orden de control , tras permanecer recluido durante casi tres años y medio en una prisión y hospital de máxima seguridad. En todo este tiempo, las autoridades no lo han acusado de violar ninguna de las leyes del Reino Unido destinadas a combatir y penalizar el terrorismo.

El especialista en psiquiatría que examinó a Mahmoud Abu Rideh en 2008 explicó en aquel entonces que determinadas condiciones de la orden de control "producían efectos de lo más perjudicial sobre su salud mental". La representación letrada de Mahmoud Abu Rideh cree que "ha alcanzado un elevado grado de desesperación" y que existe un peligro real de que se suicide si permanece sometidoa  órdenes de control en el Reino Unido y se le deniegan los documentos de viaje reconocidos internacionalmente que le permitirían abandonar el Reino Unido.

"Amnistía Internacional considera que la forma más efectiva de luchar contra el terrorismo es garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas y respetar el Estado de derecho, no minar estas protecciones", ha declarado Nicola Duckworth.