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Amnistía Internacional ha escrito al presidente de la magistratura de Irán, instándole a garantizar que las vistas de apelación contra las declaraciones de culpabilidad y las condenas impuestas a seis defensoras de los derechos de las mujeres en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad expresión y asociación se celebran sin demora y con imparcialidad. 

En el caso de que las condenas se confirmen en la fase de apelación, la organización pide al presidente de la magistratura, el ayatolá Hashemi Shahroudi, que revise los casos y anule las declaraciones de culpabilidad de estas mujeres, todas las cuales se convertirán en presas de conciencia en caso de ser encarceladas. 

Amnistía Internacional ha pedido también al presidente de la magistratura iraní que garantice que todas las defensoras de los derechos de las mujeres pueden salir del país y regresar libremente, de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte.

Todas las condenas han quedado suspendidas, pero podrían ejecutarse si las mujeres son condenadas por un delito similar durante el periodo de suspensión. Si alguna de ellas es encarcelada en el futuro como consecuencia de estas condenas, Amnistía Internacional pedirá su libertad inmediata e incondicional por considerarla presa de conciencia.

La organización ha instado asimismo al presidente de la magistratura a que garantice que las condenas de flagelación impuestas a las mujeres no se ejecutan en ninguna circunstancia. La flagelación es una forma de pena cruel, inhumana y degradante que equivale a tortura, y está prohibida en virtud del artículo 7 del PIDCP.

A las seis mujeres se les impusieron condenas condicionales entre febrero y mayo de 2008, en relación con su participación en una concentración pacífica el 4 de marzo de 2007 ante un tribunal donde se celebraba el juicio de cinco activistas de los derechos de las mujeres por su participación en una manifestación anterior, celebrada en junio de 2006 para pedir el fin de la legislación discriminatoria. Un total de 33 mujeres fueron detenidas en aquella ocasión. Todas han sido procesadas al amparo de leyes de redacción imprecisa sobre “delitos contra la seguridad”. Al menos otras 12 han sido absueltas de todos los cargos en relación con la manifestación de marzo de 2007.

• Marzieh Mortazi Langaroudi fue condenada a seis meses de cárcel y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en febrero de 2008. 
• Zeynab Peyghambarzadeh recibió una condena condicional de dos años en marzo de 2008. La declararon culpable de “participación en una reunión ilegal y connivencia con intención de perturbar la seguridad nacional”.
• Nasrin Afzali recibió una condena condicional de seis meses y 10 azotes en abril de 2008, tras ser declarada culpable de “alteración del orden público”. Fue absuelta de “participación en una reunión ilegal y negativa a obedecer las órdenes de la policía”.
• Nahid Ja’fari fue condenada a seis meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en abril de 2008. La declararon culpable de “alteración del orden público”, pero la absolvieron de “connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional y negativa a obedecer las órdenes de la policía”. Durante su detención el 4 de marzo de 2007 fue golpeada y sufrió la rotura de algunas piezas dentales. Posteriormente presentó una denuncia, en relación con las lesiones sufridas, contra las personas que la habían detenido. Los tribunales no han investigado aún su denuncia.
• Rezvan Moghaddam fue condenada unos días más tarde a 6 meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de 3 años.
• Parvin Ardalan fue condenada a dos años de prisión, con una suspensión de tres años, por cargos de “reunión y connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional”. En marzo de 2008, antes de que se hiciera pública la sentencia, se le impidió viajar a Suecia, donde debía recoger el Premio Olof Palme 2007 de derechos humanos. Posteriormente fue citada en la Sala 13 del Tribunal Revolucionario de Teherán, donde la interrogaron en relación con su participación en la redacción y edición de los sitios web de Change for Equality y Zanestan. También se le notificó que debía presentar las invitaciones a las conferencias en otros países como condición previa para retirarle la prohibición de viajar, aunque la legislación iraní no exige que las personas soliciten permiso previo para viajar. Al término de la sesión en el tribunal, Parvin Ardalan fue acusada formalmente de “propaganda contra el sistema”, aunque no quedó detenida en espera del juicio por este cargo. Amnistía Internacional no conoce la fecha prevista para el juicio.

Amnistía Internacional pide al presidente de la magistratura de Irán que anule las declaraciones de culpabilidad que puedan confirmarse en las vistas de apelación contra las seis defensoras de los derechos de las mujeres declaradas culpables en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, y al mismo tiempo insta a que se ponga fin a la legislación discriminatoria en Irán.

Amnistía Internacional insta asimismo al presidente de la magistratura a que suspenda de inmediato todas las condenas de flagelación, incluidas las que puedan ser impuestas en relación con actividades pacíficas en favor de los derechos de las mujeres, y a levantar la prohibición de viajar impuesta a Parvin Ardalan y a cualquier defensora de los derechos de las mujeres a la que se pueda impedir viajar a otros países y regresar libremente a Irán.