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La Corte Suprema de Estados Unidos ha empezado a examinar la cuestión de si los detenidos de Guantánamo deben tener acceso a los tribunales para impugnar su detención.

Los abogados de los detenidos sostienen que éstos deben tener derecho de habeas corpus –mecanismo que permite a una persona impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente e imparcial– y ser puestos en libertad si se determina que su detención es ilegal. Gran número de personas y organizaciones, incluida Amnistía Internacional, han presentado ante la Corte Suprema escritos de apoyo a la solicitud de garantías de habeas corpus para los detenidos.

Las autoridades estadounidenses afirman que la Ley de Comisiones Militares de 2006 priva a los tribunales de competencia para examinar peticiones de hábeas corpus de ciudadanos extranjeros recluidos en condición de “combatientes enemigos”.

Sostienen también que el sistema alternativo que el gobierno ha establecido –un limitado examen judicial de la determinación militar de la condición de “combatiente enemigo”– puede sustituir perfectamente al mecanismo de habeas corpus. Amnistía Internacional no está en absoluto de acuerdo, pues este sistema no soluciona las deficiencias del examen militar, que, además de no ser independiente, priva al detenido de abogado y puede estar basado en información obtenida con tortura.

Con los tribunales estadounidenses privados en la práctica de su función de órganos de control independiente de las detenciones efectuadas en el contexto de la “guerra contra el terror”, en los últimos seis años se han sucedido los casos de detenidos sometidos a desaparición forzada, transferencia ilegal, tortura y otros abusos.

La “zona sin derechos” que Estados Unidos ha intentado crear en Guantánamo pide a gritos un escrutinio judicial exhaustivo. El gobierno decidió recluir en ese lugar a las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” porque creía que allí no podían impugnar su detención por medio de peticiones de habeas corpus ante los tribunales estadounidenses.

La Corte Suprema se ha pronunciado en contra del gobierno en dos casos anteriores sobre Guantánamo, vistos en 2004 y 2006. Sin embargo, el gobierno hizo una interpretación muy restringida de estos fallos judiciales, y el Congreso aprobó legislación –la Ley sobre el Trato a los Detenidos en 2005 y la Ley de Comisiones Militares– con la que se pretendía eliminar el mecanismo de hábeas corpus en el caso de estos detenidos y ofrecer sólo una revisión judicial limitada.

El habeas corpus refleja un principio fundamental de derecho internacional. Este momento es decisivo para los derechos humanos y el Estado de derecho. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie a mediados de 2008.