Gobiernos retiran apoyo financiero a la presa Ilisu de Turquía

Los gobiernos alemán, suizo y austriaco han retirado la financiación del proyecto de la presa Ilisu de Turquía por riesgo de violaciones de derechos humanos. Los tres gobiernos han tomado la decisión a raíz de unas evaluaciones de expertos independientes en las que se determina que el proyecto no cumple las normas acordadas, especialmente con respecto a sus efectos sociales y ambientales.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión.

”La decisión demuestra que la diligencia debida en materia de derechos humanos, incluido el establecimiento de normas y la vigilancia de su aplicación en relación con los efectos sociales y de derechos humanos de un proyecto, es factible –ha declarado Danny Vannucchi, de Amnistía Internacional– y esencial para garantizar que las agencias de crédito a la exportación no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos en el extranjero ni se benefician de ella, ni directamente ni por medio de la financiación de empresas

En marzo de 2007, los gobiernos alemán, suizo y austriaco acordaron apoyar a las empresas de sus respectivos países que suministraran equipo y servicios de ingeniería para la construcción de la presa. Este apoyo se prestaba a través de las agencias de crédito a la exportación, instituciones públicas o semi públicas que conceden préstamos, garantías y seguros con el respaldo del Estado a las empresas nacionales que quieren desarrollar actividades en el extranjero.

La presa, de 1.200 megavatios de potencia y que se va a construir en el río Tigris a su paso por el sureste de Turquía, es el mayor proyecto de este tipo del país. Se cree que su construcción supondrá el desplazamiento de al menos 55.000 personas.

Según informes de la sociedad civil, no se ha hecho una consulta adecuada con las comunidades afectadas, y la política de reasentamientos no es compatible con las normas internacionales de derechos humanos. Tampoco se ha hecho la debida evaluación de los efectos sociales y ambientales del proyecto.

“Si no se hubiera retirado el apoyo de las agencias de crédito a la exportación, Alemania, Austria y Suiza, así como las empresas receptoras de las garantías contra los riesgos de exportación, podrían haber sido acusadas de complicidad en violaciones de derechos humanos y de obtención de beneficios con un proyecto causante de graves violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Danny Vannucchi.

“El ejercicio de la diligencia debida en la esfera social y de los derechos humanos, incluida la vigilancia efectiva e independiente, ha de ser obligatorio para todo apoyo de las agencias de crédito a la exportación y un requisito previo para que se preste. Amnistía Internacional espera ahora que Alemania, Suiza y Austria mantengan el liderazgo de que han dado muestra en este caso.”