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Iran debe detener la ejecución inminente de un menor de edad en el momento del delito

Tue, 08 Dec 2009 17:49:24 +0000

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a detener la ejecución prevista para el miércoles 9 de un menor de edad en el momento de cometerse el delito.

La ejecución de Mohammad Reza Haddadi, que ahora tiene 21 años, está prevista para el miércoles en la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán. Ha sido condenado a muerte por un delito que se cometió cuando tenía 15 años, y que él niega haber cometido.

El domingo, Ma’soumeh Tahmasebi, del equipo de abogados de Mohammad Reza Haddadi, declaró que no la habían informado de la ejecución prevista, conforme establece la legislación iraní, pero que otro preso había telefoneado al padre de Mohammad Reza Haddadi para decirle que su hijo iba a ser ejecutado el miércoles.

Esta es la cuarta vez que se fija la ejecución de Mohammad Reza Haddadi (las otras tres veces se pospuso), y sólo el presidente de la judicatura, el ayatolá Sadeqh Larijani, puede ahora detenerla.

“Conmociona ver que Irán sigue burlando el derecho internacional ejecutando a personas acusadas de delitos que se cometieron cuando eran menores”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio de Amnistía Internacional. “Mohammad Reza Haddadi no sólo no recibió un juicio justo, sino que los repetidos aplazamientos y reubicaciones de su fecha de ejecución han agravado su sufrimiento.”

“Pedimos al presidente de la judicatura que emita de inmediato una orden para que se detenga esta ejecución y se revise el caso con el fin de garantizar que la condena de muerte de Mohammad Reza Haddadi se anula de una vez por todas.”

Amnistía Internacional siente preocupación porque las autoridades penitenciarias pueden seguir adelante con la ejecución sin haber informado antes –conforme establece la ley iraní– a sus abogados. Dos presos que eran menores en el momento del delito –Behnam Zare’ y Sayed Reza Hejazi- fueron ejecutados en la misma prisión en agosto de 2008 sin que se hubiera informado antes a su abogado.

Desde enero de 2009, Irán ha ejecutado al menos a cuatro personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de 18 años. El caso más reciente fue el de Behnoud Shojaee, ejecutado el 11 de octubre por haber matado presuntamente a otro joven cuando sólo tenía 17 años. Su ejecución se había aplazado seis veces.

Irán es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas declaradas culpables de delitos que se cometieron cuando eran menores de 18 años.

Información complementaria

Mohammad Reza Haddadi fue condenado a muerte en 2004 por un asesinato que se cometió cuando tenía 15 años. Su condena de muerte fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2005.

Mohammad Reza Haddadi inicialmente confesó el asesinato, pero se retractó de su confesión durante el juicio, diciendo que se había atribuido la responsabilidad del crimen únicamente porque los dos coacusados con él habían ofrecido dar dinero a su familia si lo hacía. Los dos coacusados respaldaron más tarde las alegaciones de inocencia de Mohammad Reza Haddadi y retiraron el testimonio que lo implicaba. Ambos eran mayores de 18 años en el momento del delito, y recibieron penas de prisión.

La ejecución de Mohammad Reza Haddadi se fijó por primera vez para octubre de 2008, pero se suspendió por orden del presidente de la judicatura. Más tarde volvió a fijarse para el 27 de mayo de 2009 y el 16 de julio de 2009.

Rusia debe cesar la persecución contra activistas de derechos humanos

Tue, 08 Dec 2009 14:49:21 +0000

Las autoridades rusas deben dejar de perseguir a los activistas de derechos humanos y centrar sus esfuerzos en investigar a los responsables de sus asesinatos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día de los Derechos Humanos.

“La actitud sistemática de las autoridades rusas, que eluden su deber de respetar y proteger el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos como parte integrante de una sociedad en funcionamiento, viola sus obligaciones internacionales. Es más, pone la vida de los defensores y defensoras en peligro”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata bajo fianza de Alexei Sokolov, director de una organización no gubernamental rusa que hace campaña contra la tortura u otros malos tratos en los lugares de detención.

Alexei Sokolov estaba también investigando casos de posible corrupción entre los funcionarios regionales encargados de hacer cumplir la ley, pero fue detenido en mayo de 2009 como sospechoso de haber participado en un robo en 2004.

Amnistía Internacional lo considera un posible preso de conciencia que puede haber sido detenido por sus actividades legítimas, y teme que no haya recibido un juicio justo.

Oleg Orlov, director de la ONG Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, también podría ser considerado preso de conciencia si es encarcelado por cargos de difamación tras haber hecho una declaración, a raíz del asesinato de la activista Natalia Estemirova, en la que hacía referencia al presidente checheno Ramzan Kadyrov.

“Las autoridades públicas deben estar preparadas para ser sometidas a un estrecho escrutinio, tienen que asumir la responsabilidad de sus actos y declaraciones”, ha manifestado Nicola Duckworth.

“Aunque el derecho a la libertad de expresión puede limitarse por ley, la persecución de Oleg Orlov es una violación absolutamente desproporcionada de este derecho.”

Oleg Orlov ya ha sido multado tras haber sido declarado culpable del cargo civil de difamación a causa de aquella misma declaración.

“Estos últimos casos son representativos del clima en el que tienen que trabajar muchos defensores y defensoras de los derechos humanos en Rusia. Ilustran hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades para acallar cualquier crítica contra ellas por parte de quienes defienden los derechos humanos”, ha manifestado Nicola Duckworth.

“Mientras tanto, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, como Natalia Estemirova y Zarema Sadulaieva, que trabajaban las dos en Chechenia, continúan sin resolver.”

El 31 de octubre, Zarema Gaisanova, empleada de una organización humanitaria, fue secuestrada de su casa de Grozni durante una operación de seguridad llevada a cabo en la zona y supervisada, según los informes, por el presidente Kadyrov. No se la ha vuelto a ver desde entonces, y existe honda preocupación por su seguridad.

“La persecución de quienes defienden los derechos humanos o de los periodistas independientes por sus críticas a las autoridades constituye acoso y contradice los compromisos contraídos por Rusia como Estado Parte en tratados internacionales de derechos humanos.”

“Queremos ver un compromiso firme y real de las autoridades Rusas de poner fin a los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y el personal humanitario. Depende de su voluntad política crear un clima en el que los responsables comparezcan ante la justicia.

Los atentados indiscriminados de Bagdad, un crimen de guerra

Tue, 08 Dec 2009 17:04:12 +0000

Amnistía Internacional ha condenado los atentados indiscriminados con explosivos perpetrados el martes 8 en Bagdad y que han matado al menos a 120 personas, muchas de ellas civiles, y han herido a otras 400.

Se desconoce la autoría de estos atentados ocurridos en la capital iraquí.

“No hay absolutamente ninguna justificación para los atentados indiscriminados o los ataques contra civiles, como parecen haber sido estos. Esos atentados son crímenes de guerra. Deben ser investigados exhaustivamente por las autoridades, y los responsables deben ser identificados y procesados”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Según los medios de comunicación, al menos cinco explosiones sacudieron la ciudad el martes por la mañana. La primera tuvo lugar en el distrito de Al Doura, en el sur de Bagdad, y al parecer iba dirigida contra una patrulla de la policía, pero mató al menos a 12 estudiantes de un colegio cercano.

Otros cuatro coches bomba estallaron simultáneamente cerca de edificios gubernamentales que, según los informes, albergan los Ministerios de Trabajo, Salud e Interior.

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente los atentados con coches bomba o los ataques de otro tipo dirigidos contra la población civil de Irak, algunos de los cuales parecen tener como objetivo reavivar las divisiones sectarias entre las comunidades sunní y chií de Irak y los miembros de diversas minorías étnicas y religiosas.

Los atentados coordinados del martes se han producido tras la decisión del Parlamento iraní de aprobar, dos días antes, una nueva ley electoral destinada a preparar el camino para la celebración de unas elecciones generales a principios del año que viene. La aprobación de la ley se había retrasado anteriormente a causa de una disputa sobre sus términos.

Nicaragua debe investigar las violentas agresiones contra una activista de derechos humanos

Mon, 07 Dec 2009 11:30:11 +0000

Las autoridades de Nicaragua deben investigar las agresiones y amenazas que ha recibido una activista de derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional.

Leonor Martínez recibió numerosos mensajes telefónicos a lo largo de noviembre amenazando de muerte a ella y a su familia si no abandonaba su trabajo con el grupo de la sociedad civil Coalición de Jóvenes Nicaragüense.

El 20 de noviembre, un hombre se acercó a la activista cuando salía de su casa y le dijo que la matarían si se seguía “metiendo”.

Leonor Martínez reconoció al hombre como una de las personas presentes cuando un mes antes tres hombres la golpearon y le fracturaron el brazo por tres sitios.

En aquella ocasión, Leonor Martínez regresaba a su casa después de una conferencia de prensa donde había criticado las restricciones a las protestas y los obstáculos a las libertades fundamentales. La activista de derechos humanos, que también es miembro de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil Coordinadora Civil, CC, dijo a Amnistía Internacional que los hombres la habían amenazado con un arma, diciendo que si “con la CC hacía actividades con los jóvenes [la iban a ] agredir o matar” a ella y a su familia.

Leonor Martínez cree que los hombres implicados en estas agresiones tienen relación con el partido en el gobierno de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La activista ha denunciado la agresión y los mensajes a la policía, pero ésta no ha hecho nada al respecto.

Amnistía Internacional ha pedido que las agresiones se investiguen rápida y exhaustivamente, y que sus responsables sean puestos a disposición judicial.

Además, la organización dijo que a Leonor Martínez debe proporcionársele de inmediato protección para garantizar su seguridad.

Las fuerzas de seguridad iraníes, censuradas por reprimir protestas

Mon, 07 Dec 2009 19:46:19 +0000

Amnistía Internacional ha condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que golpearon y detuvieron a decenas de personas durante una serie de manifestaciones encabezadas por estudiantes el 7 de diciembre.

En varios casos, las fuerzas de seguridad –incluidos miembros de la milicias voluntarias Basij– usaron porras y gases lacrimógenos para dispersar a partidarios de la oposición. Las autoridades habían advertido de que todas las manifestaciones se considerarían ilegales y serían dispersadas por la fuerza.

Al concluir el día, se desconocía el número de personas detenidas durante las manifestaciones.

“Desde las elecciones, cuya imparcialidad ha sido puesta en tela de juicio, se puede observar una constante de represión de las manifestaciones pacíficas por parte de las autoridades, que no demoran en recurrir a la violencia contra aquellas personas que eligen, pese a todo, ejercitar su derecho a la libertad de expresión y reunión”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Debe devolverse la libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por asistir a las manifestaciones celebradas el 7 de diciembre. Las autoridades de Irán siguen tratando a disidentes pacíficos como si fueran criminales, en violación de la Constitución iraní.”

Otras personas detenidas deben ser puestas en libertad a menos que se las vaya a acusar formalmente de un delito común reconocible y someter sin dilación a un juicio imparcial.

Miles de estudiantes y partidarios de la oposición se habían congregado en Teherán y otras ciudades del país para conmemorar el aniversario del homicidio de tres estudiantes por las fuerzas de seguridad en 1953. Durante los últimos años, este aniversario se ha convertido en
foco de manifestaciones estudiantiles celebradas en recintos universitarios para pedir reformas y mayor respeto a los derechos humanos.

Un testigo presencial relató a Amnistía Internacional que los estudiantes de la Universidad
Shahid Beheshti marcharon a lo largo de los muros de la prisión de Evin, en el norte de Teherán, coreando los lemas “libertad para los presos políticos” y “los estudiantes moriremos antes que aceptar la opresión”.

Otro testigo dijo a Amnistía Internacional que en el centro de Esfahan y en la universidad situada en el sur de esta ciudad había multitud de miembros de las milicias Basij y agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil que habían acudido allí para sofocar las protestas.

Durante el día, Amnistía Internacional recibió informes de enfrentamientos entre agentes de seguridad vestidos de civil que, según se cree, pertenecían a las milicias Basij, y grupos de estudiantes en distintos lugares del país, como las universidades de Mazandaran y Sari, en el norte. A partir de la mañana, según se afirmó, las fuerzas de seguridad desplegadas en Sari ordenaron al estudiantado que no acudiera a la universidad.

Según informes, la policía usó balas de plástico en la Universidad Amir Kabir, en Teherán, para impedir que los estudiantes que se hallaban dentro del campus se unieran a las personas que se manifestaban fuera.

Durante las últimas semanas se han dirigido amenazas contra estudiantes de los que se sospecha que han organizado los actos de protesta y se ha detenido a decenas de estudiantes para sofocar el disentimiento.

Los manifestantes también se han enfrentado a otras medidas represivas como el bloqueo del uso de Internet y teléfonos móviles.

Otra medida represiva ha sido la prohibición de publicar información sobre las protestas en los medios de comunicación.

El sábado 5, las fuerzas de seguridad detuvieron a una treintena de mujeres que habían participado en una protesta silenciosa en Teherán. El grupo, denominado “Madres de Luto”, formado por madres de personas muertas durante la violencia que estalló después de las elecciones y otras mujeres, se reúne todas las semanas para pedir que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos que vienen cometiéndose desde los comicios y para exigir justicia para sus hijas e hijos fallecidos.

Sudán debe poner fin a la represión violenta contra manifestantes

Mon, 07 Dec 2009 19:49:33 +0000

Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la represión violenta desatada el lunes pasado por las fuerzas de seguridad sudanesas contra personas que se manifestaban pacíficamente en Jartum.

La organización también ha recibido informes según los cuales las personas detenidas han sido sometidas a torturas bajo custodia. Más de 200 personas, entre ellas dirigentes de la oposición y activistas de derechos humanos, fueron detenidas por la mañana cuando se congregaban frente el edificio del Parlamento.

“Se trata de otro ejemplo más de la cultura de violencia que ha adoptado el gobierno sudanés”, ha señalado Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Pedimos al gobierno que haga público de inmediato el paradero de las personas detenidas y las acuse formalmente de un delito común reconocible o les devuelva la libertad de inmediato.”

“Debe cesar ya mismo este uso generalizado de la violencia y la tortura contra activistas de derechos humanos, activistas de la oposición y miembros ordinarios de la población civil.”

“El gobierno debe respetar el derecho de estas personas a reunirse pacíficamente y expresar sus opiniones. Se trata de un momento crítico para Sudán, y todas las partes deben abstenerse de hacer uso de la violencia, especialmente cara a las elecciones y el referendo que se celebrarán dentro de poco tiempo.”

Los manifestantes se congregaron frente al edificio del Parlamento a primeras horas de la mañana pese a que a último momento las autoridades habían prohibido la reunión.

La protesta se centraba en la tardanza del gobierno en promulgar leyes que se consideran esenciales para el proceso electoral.

Las elecciones, que tendrán lugar el año próximo, serán los primeros comicios presidenciales, parlamentarios y locales en 24 años.

También se planea celebrar un referendo sobre si la región meridional debe escindirse del resto del país en el año 2011. El Acuerdo General de Paz puso fin a 22 años de guerra durante los cuales perdieron la vida 1,5 millones de personas.

Ejecución inminente de más de 900 personas condenadas a muerte en Irak

Fri, 04 Dec 2009 17:08:35 +0000

Las autoridades iraquíes deben detener inmediatamente la ejecución de más de 900 personas condenadas a muerte que han agotado sus recursos legales y podrían ser ejecutadas en cualquier momento, ha dicho Amnistía Internacional.

Al parecer, el Consejo Presidencial ha ratificado las condenas a muerte de estos presos –entre los que hay 17 mujeres–, lo cual es el último paso antes de la ejecución.

En lo que va de año, Irak ha ejecutado al menos a 120 personas.

“En un país que ya tiene uno de los índices de ejecución más altos del mundo, la perspectiva de que esta cifra aumente de forma significativa es realmente preocupante”, ha dicho Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Muchos de estos presos han sido condenados a muerte por delitos como asesinato y secuestro, y algunos de ellos probablemente tras juicios sin garantías.

Según informes, el gobierno está tratando de presentarse como un gobierno duro con la delincuencia y capaz de superar la difícil situación que atraviesa el país antes de las elecciones nacionales de 2010.

Los políticos de la oposición han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las ejecuciones se lleven a cabo para que el partido en el poder, al-Da’wa, consiga una ventaja política ante las elecciones, y han pedido al gobierno que suspenda temporalmente todas las ejecuciones.

Una de las mujeres que puede ser ejecutada es Samar Sa’ad ‘Abdullah, condenada a muerte el 15 de agosto de 2005 por el asesinato de su tío, la esposa de éste y uno de sus hijos en Bagdad.

Según los informes, Samar Sa’ad ‘Abdullah culpó de los homicidios a su prometido, quien, según dijo la mujer, quería robar a su tío.

En su juicio, Samar Sa’ad ‘Abdullah denunció que, tras ser detenida, los policías de Hay al-Khadhra, en Bagdad, la habían golpeado con un cable, dado golpes en las plantas de los pies (tortura conocida como falaqa) y aplicado descargas eléctricas para hacerla “confesar”.

El juez no ordenó que se investigaran estas denuncias y la condenó a muerte.

Su padre, Sa’ad ‘Abdel- Majid ‘Abd al-Karim, dijo a Amnistía Internacional que el juicio duró menos de dos días, que no le permitieron entrar en la sala y que el juez había expulsado de la sala a Amal ‘Abdel-Amir al-Zubaidi, uno de los abogados de Samar.

La condena a muerte de Samar Sa’ad ‘Abdullah fue confirmada por el Tribunal de Casación el 26 de febrero de 2007.

Desde la reintroducción de la pena de muerte en agosto de 2004, al menos un millar de personas han sido condenadas a esta pena y decenas han sido ejecutadas. No hay cifras oficiales sobre el número de presos que están en espera de ejecución.

Una vez agotados todos los recursos, las condenas a muerte se remiten para su ratificación al Consejo Presidencial, compuesto por el presidente y los dos vicepresidentes, después de lo cual se ejecutan.

El presidente, Jalal Talabani, se opone a la pena de muerte y delega la ratificación en los dos vicepresidentes, que no son contrarios a este castigo.

Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraquíes a que establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones.

"El gobierno iraquí debe escuchar las voces internacionales que le piden que detenga las ejecuciones”, ha dicho Philip Luther.

Francia no debe expulsar a Argelia a un hombre detenido por delitos de terrorismo

Fri, 04 Dec 2009 16:46:54 +0000

Francia no debe expulsar a un hombre condenado por actos de terrorismo a Argelia, donde puede correr peligro de ser recluido en régimen de incomunicación y sufrir torturas u otros malos tratos, dijo Amnistía Internacional el jueves 3 de diciembre.

Según un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de ese mismo día, la expulsión de Kamel Daoudi a Argelia lo expondría a tratos inhumanos o degradantes y violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Enviar a Kamel Daoudi a Argelia supondría ponerlo en peligro de ser torturado. Como firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Francia no debe llevar a cabo la expulsión”, ha dicho David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

El fallo del Tribunal Europeo es importante, ya que expresa inequívocamente que la prohibición de torturas u otros malos tratos que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos no admite excepciones.

“El Tribunal se ha pronunciado. Es una clara señal para otros Estados europeos que tal vez estén pensando en expulsar a personas a las que consideran una amenaza para su seguridad nacional a países donde podrían correr peligro de sufrir torturas u otros malos tratos. Los Estados que llevan a cabo tales expulsiones estarían violando sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, ha dicho David Diaz-Jogeix.

Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado los malos tratos que sufren las personas detenidas por delitos de terrorismo en Argelia, donde se las recluye en lugares de detención no reconocidos sin contacto con el mundo exterior, en ocasiones durante prolongados periodos, poniéndolas en peligro de ser torturadas.

Kamel Daoudi, originalmente ciudadano argelino, consiguió la nacionalidad francesa, que le fue retirada en 2002 tras acusársele de estar implicado con grupos terroristas, aunque en aquel momento su caso aún estaba pendiente en los tribunales.

En 2005, fue condenado por “asociación con delincuentes en relación con actividades terroristas” y falsificación de documentos oficiales, y condenado a nueve años de cárcel (posteriormente reducidos a seis) y a la expulsión permanente de territorio francés.

El 21 de abril de 2008, Kamel Daoudi salió libre de la cárcel de La Santé tras cumplir su condena y fue puesto inmediatamente bajo custodia hasta su expulsión a Argelia.

Tras la petición de su abogado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a las autoridades francesas que suspendieran el procedimiento de expulsión mientras el Tribunal consideraba si Kamel Daoudi correría peligro de ser maltratado en caso de ser devuelto a Argelia.

Activistas de Honduras hablan con Amnistía Internacional de una crisis derechos humanos oculta

Fri, 04 Dec 2009 15:34:39 +0000

Mientras el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, se prepara para asumir el poder, surgen nuevos interrogantes sobre los eventos que se han producido tras el golpe de Estado del pasado junio.

Una delegación de Amnistía Internacional ha hablado con activistas de derechos humanos en Honduras sobre la crisis oculta que afecta al país centroamericano.

Lee las entrevistas con los activistas:
Dina Meza - “Hemos retrocedido 30 años.”
Donny Reyes - “La mayoría de los delitos contra personas LGBT se pierden en un limbo.”
Alexis Quiroz - “Es preciso informar a la población para que ésta pueda tomar decisiones objetivas.”

Gilda Rivera: “Las mujeres corren un riesgo mayor porque se las considera ciudadanas de segunda”.

Gilda Rivera trabaja en lo que aparentemente es un oasis de calma situado en una colina de Tegucigalpa. Allí, entre las plantas y pinturas que decoran el edificio, es difícil imaginar las historias que ella y su organización escuchan a diario. Sin embargo, algunos días, un coche desconocido hace su aparición y aparca sospechosamente en las inmediaciones de las oficinas sin razón aparente. El automóvil está allí un rato y luego se va.

Gilda es la directora del Centro de Derechos de Mujeres, un grupo que trabaja para documentar y combatir la violencia contra las mujeres en Honduras.

En un informe publicado recientemente, el grupo dibujó un lúgubre panorama de lo que significa ser mujer en Honduras, donde centenares de ellas han sido víctimas de abusos sexuales, violencia en el ámbito familiar y asesinato.

Gilda afirma que la situación de las mujeres hondureñas siempre ha sido preocupante, pero que desde el golpe de Estado que tuvo lugar en junio de 2009 se ha deteriorado rápidamente.

“Cuando toda la población se enfrenta a violaciones de derechos humanos, las mujeres corren un riesgo aún mayor porque se nos considera ciudadanas de segunda”, afirmó Gilda.

El Centro de Derechos de Mujeres ha documentado una serie de casos de violencia sexual contra mujeres, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado, en especial en el norte del país.

“Después de participar en una marcha, una mujer fue detenida por varios policías y conducida a un terreno baldío, donde cuatro agentes la violaron. Ella reconoció a algunos de ellos por los apellidos que pudo ver en sus uniformes.”

"Los tipos la dejaron ahí tirada. Se ha visto obligada a abandonar su casa por el temor que siente. Este es el castigo que sufren las mujeres que se atreven a expresarse públicamente, a participar, a ser ciudadanas.”

Gilda está convencida de que la histórica ausencia de investigaciones y la falta de justicia para las mujeres que han sufrido violencia contribuye a que se produzcan más casos de abusos.

“El golpe de Estado arruinó mucho de lo que habíamos ganado y conseguido […] lo único que han obtenido las mujeres es más violencia.”

Dina Meza: “Hemos retrocedido 30 años”.
Dina Meza vive los derechos humanos y habla de ellos en todas las oportunidades que se le ofrecen. Como periodista, activista y miembro de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del país, sabe demasiado bien lo que significa trabajar sobre un asunto que no siempre goza de popularidad entre las autoridades.

Los últimos cinco meses han sido especialmente difíciles para Dina y sus colegas de COFADEH. Sus miembros han pasado innumerables días y noches recogiendo testimonios de amenazas, hostigamiento, palizas policiales, detenciones arbitrarias, malos tratos y homicidios en todo el país. Después la organización presenta peticiones de hábeas corpus y otros recursos legales en nombre de las personas afectadas por la represión.

En uno de los incidentes más graves, el 23 de septiembre, la policía lanzó botes de gas lacrimógeno al interior de su oficina en Tegucigalpa, cuando Dina y otros colegas se encontraban allí. El mensaje de los que habían tomado el poder estaba claro: defender los derechos humanos era parte del problema, no la solución.

Dina cree que el problema subyacente en Honduras es la ausencia de justicia que prevalece desde la década de los 80, cuando centenares de personas murieron o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad hondureñas.

“Las generaciones que sufrieron la represión de los 80 –los hombres y mujeres que fueron víctimas de homicidio y desaparición y cuyos familiares todavía no han logrado que se haga justicia–, toda esta impunidad acumulada y los autores de abusos contra los derechos humanos que se pasean tranquilamente por las calles en Honduras, todo esto tiene que ver con lo que está pasando ahora. Nos enseña que cuando la represión no se castiga, vuelve a ocurrir”, afirmó Dina.

“Tememos represión judicial, represión policial, represión militar. ¿Qué significa esto? Hay que reformar y volver a constituir todas estas instituciones y empezar de nuevo, con un nuevo procedimiento.”

Donny Reyes: “La mayoría de los delitos contra personas LGBT se pierden en un limbo”.
Antes de que estallara la crisis política en Honduras, Donny Reyes intentaba poner su país en el mapa internacional, trabajando para aumentar la sensibilización sobre los abusos y la discriminación que sufrían lesbianas, gays, bisexuales transexuales y personas transgénero.

Pero cuando la turbulencia política sacudió al país centroamericano, los derechos humanos pasaron a un segundo plano.

“Habíamos iniciado conversaciones con la Oficina del Fiscal General, con miembros de la policía y con algunos miembros del gobierno en relación con la investigación [de los delitos contra los miembros de la comunidad LGBT] y con el acceso a algunos servicios públicos. Todo esto se interrumpió con el golpe de Estado”, explicó Donny.

Según la información publicada por la organización para la que trabaja Donny, la Asociación Arcoiris, los homicidios de personas transexuales también han aumentado notablemente desde el golpe de Estado.

Una investigación llevada a cabo por Arcoiris encontró que a lo largo de 2008 se habían producido 12 homicidios de gays, lesbianas, transexuales y personas transgénero en Honduras. En los cuatro meses transcurridos desde el golpe de Estado se habían cometido 14.

“Ésta es la cifra de muertes y delitos violentos que hemos documentado, pero no incluye muchos otros de los que no tenemos noticia, los que quedan impunes, perdidos en el limbo”, afirmó Donny.

Este activista –que fue víctima de abusos a manos de las fuerzas de seguridad en 2007– afirmó que el momento más preocupante de la crisis se produjo durante el estado de excepción declarado en la primera semana después del golpe, cuando se impuso el toque de queda en distintas áreas del país.

Durante ese periodo, al menos tres miembros de la comunidad LGBT murieron víctimas de homicidio. Fabio Zamora recibió un disparo en la cabeza cuando trabajaba en un mercado. Marion Cárdenas recibió un disparo en la frente el 29 de junio. Vicky Hernández murió de la misma forma en San Pedro Sula, durante el toque de queda, el 28 de junio.

“Durante el estado de excepción se percibía un clima de miedo, de pánico colectivo. Nada ni nadie podía moverse si no lo autorizaban las fuerzas armadas, en especial el ejército. Cuando se declaró el estado de excepción ese día, todo el mundo corrió a refugiarse en su casa. Lo que las autoridades hicieran esa noche no era asunto de nadie.”

Alexis Quiroz: “Es preciso informar a la población para que ésta pueda tomar decisiones objetivas”.
En la oficina de Alexis, situada en una casa antigua de Tegucigalpa, la televisión está sintonizada en la frecuencia del Canal 36, una de las emisoras de televisión nuevas más importantes del país. Pero en la pantalla no se ven imágenes. En su lugar, una carta de ajuste coloreada en la que puede leerse: “Interfieren la señal de Canal 36 para impedir que les informemos”.

Esta frase refleja la situación de los periodistas en Honduras y los cambios en la forma en que operan los medios de comunicación en el contexto de la crisis política hondureña.

“Antes del golpe de Estado teníamos algunas diferencias de opinión con el gobierno, pero no había censura; los periodistas u otras personas que expresaban opiniones contrarias al gobierno tampoco eran objeto de violencia”, said Alexis.

“Ahora tenemos incluso decretos que prohíben decir nada contra un funcionario público; no se puede expresar ninguna opinión desfavorable sobre un funcionario público”.

C-Libre, la organización en la que trabaja Alexis, ha registrado 130 incidentes de amenazas, despidos y ataques contra periodistas desde que tuvo lugar el golpe de Estado, el 28 de junio.

“La ocupación militar de medios informativos es elevada, al igual que el grado de los ataques físicos y las amenazas contra periodistas; estos son los tres problemas más apremiantes. Tenemos al menos 130 casos, entre los que se cuenta el cierre de medios informativos.”

Amnistía Internacional condena el homicidio de civiles en un atentado con explosivos en un hotel de Somalia

Thu, 03 Dec 2009 17:54:32 +0000

Amnistía Internacional ha condenado el homicidio ilegítimo de civiles perpetrado el jueves, 3 de diciembre de 2009, en una explosión ocurrida en el hotel Shamo de Mogadiscio durante una ceremonia de graduación de estudiantes.

La explosión parece haberse producido cuando se celebraba la graduación de los alumnos de medicina de la Universidad de Banadir en el hotel, situado en un distrito de la capital somalí, Mogadiscio, que está bajo control del Gobierno Federal de Transición de Somalia. Nadie se ha atribuido la responsabilidad de este atentado.

Según informes, los explosivos se detonaron durante la ceremonia misma.

“Se ha atacado deliberadamente a los civiles que asistían a la ceremonia de graduación –ha manifestado Amnistía Internacional–. Este tipo de ataques constituyen crímenes de guerra. El derecho internacional prohíbe totalmente atacar a civiles.”

Al menos 56 personas tuvieron que ser llevadas a un hospital de Mogadiscio tras la explosión, y cuatro de ellas han muerto, según fuentes médicas.

Dos periodistas, Hassan Zubeir Haji Hassan (conocido como Fantastic), cámara del canal de noticias Al Arabiya, y Mohamed Amin Adam Abdulle, reportero de Radio Shabelle, han muerto, junto con algunos estudiantes y un profesor.

También han resultado muertos tres miembros del Gobierno Federal de Transición: los ministros de Educación Superior, Educación y Salud.

La información sobre la causa de la explosión no es todavía clara, pero la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) ha explicado que se trata de un atentado suicida dirigido contra el Gobierno Federal de Transición y que los explosivos se habían detonado en el lugar donde se hallaban reunidas las víctimas.

En 2009 se han perpetrado varios atentados suicidas con explosivos contra miembros del Gobierno Federal de Transición y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Se ha responsabilizado de ellos el grupo armado Al Shabaab, contrario al gobierno.