Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

27 agosto 2009

Programa de detenciones de la CIA: Las investigaciones penales deberían haberse efectuado hace tiempo

Programa de detenciones de la CIA: Las investigaciones penales deberían haberse efectuado hace tiempo
El martes 25 agosto, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció que ha ordenado una "investigación preliminar" sobre los interrogatorios a los fueron sometidos algunos detenidos en el contexto del programa de detenciones secretas puesto en marcha por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se trata de un primer paso que acogemos con satisfacción, pero no es suficiente, ha declarado Amnistía Internacional.

“Estados Unidos necesita garantizar que todos y cada uno de los casos de tortura son presentados para su procesamiento, independientemente de si los responsables afirman que cumplían órdenes, y también debe ponerse a disposición judicial a las personas que autorizaron u ordenaron que se torturara o se sometiera a otros abusos a los detenidos –ha declarado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos–. Estados Unidos debe crear una comisión independiente para investigar todos los aspectos de las prácticas de detención estadounidenses en el contexto de lo que el gobierno anterior denominó 'guerra contra el terror' –ha afirmado–.

La creación y el funcionamiento de una comisión semejante no debe utilizarse para bloquear o demorar el procesamiento de toda persona contra la que existan ya pruebas suficientes de que ha cometido un delito.”

El anuncio del fiscal general se produjo el mismo día en que se hizo público, como parte de litigios relacionados con la Ley sobre Libertad de información, un informe del año 2004 elaborado por el inspector general de la CIA sobre las actividades de detención e interrogatorio de la agencia. Oculto durante más de cinco años, el informe trata sobre el periodo que abarca desde septiembre de 2001 a octubre de 2003. Fragmentos del informe siguen estando clasificados como alto secreto y han sido suprimidos de la versión publicada.

“El anuncio del fiscal general supone un importante avance después de haberse negado durante años cualquier tipo de violación y de la consiguiente ausencia casi total de rendición de cuentas y reparaciones imperante hasta la fecha –ha declarado Rob Freer–.

Pero no basta ni mucho menos para satisfacer las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidas las nociones más básicas sobre rendición de cuentas y reparaciones por flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos.”

Las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y otros delitos según el derecho internacional cometidos en el marco del programa de detenciones de la CIA llevan años en el candelero de la opinión pública. No se ha procesado a ninguna persona por autorizar o cometer estos delitos.

Hace ya más de cuatro años se filtró un memorando enviado por el Departamento de Justicia a la CIA a mediados de 2002 en el que se afirmaba, entre otras cosas, que “dadas las actuales circunstancias”, la necesidad o la legítima defensa podían justificar la utilización de métodos de interrogatorio equivalentes a tortura.

Dentro de poco se cumplirá el tercer aniversario del discurso en el que el presidente George W. Bush confirmó la existencia del programa de detenciones secretas al admitir de hecho que Estados Unidos había llevado a cabo un programa de desapariciones forzadas.

El anuncio del fiscal general se produce poco después de que se conocieran las nuevas denuncias formuladas la semana pasada por fuentes anónimas de la CIA a ABC News, según las cuales en Lituania existía una prisión secreta en la que la CIA mantenía recluidos y sometía a interrogatorio a sospechosos de terrorismo.

También se ha mencionado a Polonia y Rumania como otros dos países que han permitido a la CIA utilizar centros de detención como prisiones secretas. El gobierno polaco ha emprendido una investigación sobre la presencia en su territorio de centros secretos de interrogatorio de la CIA y el gobierno lituano prometió esta semana iniciar una investigación parlamentaria sobre las denuncias de que hasta finales de 2005 existió un centro de esas características a las afueras de Vilnius. Rumania sigue negando que se confabulara con Estados Unidos para aceptar en su territorio una prisión secreta, si bien no ha investigado adecuadamente estas acusaciones.

Hace año y medio, el entonces director de la CIA, el general Michael Hayden, confirmó que el water-boarding –método de tortura que produce en la víctima una sensación de ahogamiento– había sido una de las técnicas “mejoradas” utilizadas contra personas bajo custodia de dicho organismo. Hace cuatro meses se reveló que en agosto de 2002 se había aplicado este método a Abu Zubaydah al menos en 83 ocasiones y que en marzo de 2003 se había aplicado unas 183 veces a Khalid Sheikh Mohammed.

“Estados Unidos tiene la obligación fundamental, recogida de manera expresa en tratados como la Convención de la ONU contra la Tortura y los Convenios de Ginebra, de no cerrar los ojos ante delitos como la tortura y la desaparición forzada y hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley –ha manifestado Rob Freer–. Negarse a llevar ante la justicia a los responsables de casos de tortura es algo injustificable si Estados Unidos quiere estar a la altura de sus obligaciones.”

Más información

Estados Unidos: El fiscal general ordena una "investigación preliminar" sobre las detenciones de la CIA cuando debería haberse efectuado hace mucho tiempo una investigación completa (comentario, 25 de agosto de 2009)

Tema

Detención 
Disappearances And Abductions 
Prison Conditions 
Tortura y malos tratos 

País

Lituania 
Polonia 
Rumania 
EE. UU. 

Región

América 

Campañas

Seguridad con Derechos Humanos 

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