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La ONU ha descrito como "baño de sangre" la terrible situación a la que se enfrenta la población civil en el noreste de Sri Lanka. Amnistía Internacional ha manifestado que pide al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe de forma inmediata.

Según los informes disponibles, en los últimos días, más de 400 personas, incluidos más de 100 niños y niñas, han perdido la vida en un bombardeo que ha durado dos días contra un área de dos kilómetros cuadrados que el ejército de Sri Lanka había declarado "zona de seguridad", lo que eleva la cifra total estimada de víctimas a más de 7.000 personas muertas y 13.000 heridas desde enero. Se calcula que existen aún 50.000 civiles atrapados en esta zona.

El personal médico que se encuentra en la zona ha contado a Amnistía Internacional que se han seguido produciendo descargas de artillería durante todo el fin de semana. El gobierno de Sri Lanka ha negado que utilice artillería, de lo que ha acusado, en cambio, a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

Tanto los Tigres como las fuerzas armadas de Sri Lanka han vulnerado las leyes de la guerra. En los últimos meses, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil han utilizado a la población civil atrapada en la zona de conflicto como un colchón contra las tropas del gobierno.

Cuando los civiles han intentado huir, los Tigres los han atacado. En el pasado, las fuerzas armadas de Sri Lanka han utilizado artillería pesada –armamento de efectos indiscriminados, dadas las circunstancias– que ha causado muertos y heridos entre la población civil.

“La polémica sobre quién es el responsable de estos devastadores ataques pone de manifiesto la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU exija que se permita el acceso inmediato a la zona tanto a las organizaciones humanitarias como a los observadores de la ONU –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. El Consejo de Seguridad debe hacer hincapié en que tanto al gobierno como a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil se les hará rendir cuentas plenamente por toda vulneración de las obligaciones contraídas con arreglo al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.”

Existen motivos para temer que, después del 13 de mayo, cuando finalicen las elecciones generales en la vecina India, las fuerzas armadas de Sri Lanka lanzarán una ofensiva militar aún más violenta. Los influyentes partidos políticos regionales tamiles de India han hecho de la protección de la población civil de Sri Lanka uno de los principales asuntos de la campaña electoral. 

“Existen temores reales de que, tras el 13 de mayo, el ‘baño de sangre’ se convierta en una avalancha de pobreza. El Consejo de Seguridad debe actuar de acuerdo con su responsabilidad de proteger a la población civil de Sri Lanka antes de que cientos de personas más mueran o resulten heridas a manos de ambos bandos o mueran de malnutrición y de enfermedades”, ha declarado Sam Zarifi.

Amnistía Internacional ha pedido a todos los donantes internacionales de Sri Lanka que garanticen que su dinero no se emplea para incitar a la comisión de abusos contra los derechos humanos. En una carta conjunta dirigida al gobierno de Japón, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, International Crisis Group y Global Centre for the Responsibility to Protect han pedido a Japón, uno de los principales donantes internacionales de Sri Lanka, que dé su respaldo a una actuación oficial del Consejo de Seguridad y que aplique políticas de ayuda que contribuyan a proteger los derechos de la población civil de Sri Lanka.

El gobierno de Sri Lanka ha afirmado reiteradamente que pondrá fin a la utilización de artillería pesada en la “zona de seguridad”.

“El hecho de que Sri Lanka haya incumplido con frecuencia su promesa de no utilizar artillería pesada contra la población civil demuestra que no se trata de una fuente de información fiable”, ha manifestado Sam Zarifi.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Sri Lanka a que permitan el acceso inmediato y sin restricciones a las zonas afectadas por el conflicto –incluida la "zona segura"– a organismos y observadores internacionales, que pueden evaluar la situación de primera mano y ayudar a garantizar que se gestiona la crisis humanitaria y de derechos humanos.

Los hospitales del norte de Sri Lanka se han visto desbordados por una multitud de muertos y heridos tras un fin de semana de bombardeos que han causado un gran número de víctimas entre la población civil de la región.

Un médico local srilankés contó a Amnistía Internacional: "Dado el enorme número de civiles heridos, el hospital no puede atender a todos los pacientes. Muchos civiles heridos permanecen más de 24 horas sin recibir asistencia y más de la mitad del personal del hospital no ha acudido al trabajo porque sus casas están siendo atacadas".

"Las viviendas de lona provisionales de muchos civiles fueron bombardeadas", confirmó el médico.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sri Lanka y al grupo de oposición de los Tigres de Liberación que adopten medidas inmediatas a fin de impedir que se produzcan más víctimas entre la población civil.

“La población civil resulta herida y muere porque tanto los Tigres como las tropas del gobierno vulneran el derecho internacional humanitario –ha declarado Zarifi–. Los civiles atrapados en el fuego cruzado sufren asimismo una falta alarmante de ayuda humanitaria destinada a salvar vidas, como suministros médicos, alimentos y agua.”

En los últimos meses han aumentado drásticamente las restricciones que el gobierno impone a los medios de comunicación. Desde comienzos de 2006, al menos 16 trabajadores de medios de comunicación han muerto víctimas de homicidios ilegítimos en Sri Lanka. A otros se los ha detenido de forma arbitraria, se los ha torturado y han desaparecido, presuntamente, mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

La semana pasada, el gobierno de Sri Lanka expulsó a tres periodistas de la televisión británica que habían conseguido ofrecer las primeras informaciones no censuradas sobre las condiciones en los campos de internamiento que acogen a decenas de miles de personas desplazadas de la zona del conflicto.