El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe abordar la crisis de Sri Lanka

Al parecer, el conflicto armado de Sri Lanka ha terminado, pero la crisis humanitaria sigue extendiéndose por el país.  

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de celebrar el martes 26 de mayo una sesión especial para abordar el drama de más de un cuarto de millón de civiles, incluidos unos 80.000 niños y niñas, que en la actualidad se encuentran recluidos de hecho, en condiciones difíciles, en campos de internamiento.  

“Por el bien de cientos de miles de personas vulnerables en Sri Lanka, el Consejo de Derechos Humanos debe asegurarse de que el gobierno de Sri Lanka toma medidas inmediatas y concretas para abordar esta crisis, empezando por proporcionar un acceso inmediato y sin trabas a los observadores y el personal de ayuda humanitaria internacionales”, ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

La mayoría de estos civiles sufrieron enormemente bajo el control de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, que los utilizaron como escudos humanos y fuente de reclutamientos forzados (incluidos menores de edad) y mano de obra no voluntaria.

Los civiles que habían sobrevivido durante semanas a intensos combates llegaron en ocasiones a los campos mal heridos, desnutridos, exhaustos y traumatizados.

La población civil desplazada está sufriendo graves y generalizadas violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno y de las fuerzas paramilitares aliadas, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros malos tratos e incorporación forzada a grupos paramilitares. 

El hecho de que el gobierno de Sri Lanka haya restringido en gran medida el acceso a los campos a organismos humanitarios internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y algunos de las Naciones Unidas, ha agravado estos motivos de preocupación.

Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos que solicite al gobierno de Sri Lanka que facilite de inmediato a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja pleno acceso a los lugares críticos, sobre todo a los puntos de registro y examen de personas desplazadas, a todos los lugares de detención y a los campos de desplazados.

El gobierno de Sri Lanka debe facilitar también a observadores internacionales, incluidos personal de ayuda humanitaria, periodistas y ONG como Amnistía Internacional, libre acceso a todas las zonas pertinentes del país para que puedan seguir la situación y garantizar que no se perpetren más violaciones de derechos humanos.  

Amnistía Internacional ha pedido también al Consejo que ponga en marcha una comisión internacional encargada de investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos en el reciente conflicto con objeto de establecer los hechos y formular recomendaciones sobre el modo mejor de garantizar la rendición de cuentas por los abusos. 

“El Consejo debe observar que los problemas de derechos humanos de Sri Lanka son anteriores y más amplios y persistentes que los relativos a la actual situación de crisis humanitaria –ha dicho Sam Zarifi–. La actual catástrofe se produce en un escenario de constantes violaciones de derechos humanos, debilidad de los mecanismos institucionales de protección de estos derechos y años de cultura de impunidad para los perpetradores.”