Una causa por difamación amenaza la libertad de prensa en Singapur
19 noviembre 2009
El Parlamento de Singapur debe aprobar nuevas disposiciones legales para proteger la libertad de expresión, afirmó Amnistía Internacional el 18 de noviembre, después de que una revista y su director hayan accedido a pagar 405.000 dólares de Singapur (290.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) tras imponerles el más alto tribunal del país una multa por presunta difamación.
La revista Far Eastern Economic Review (FEER), propiedad de Dow Jones Company, y su director, Hugo Restal, habían publicado un artículo en el que se criticaba al primer ministro, Lee Hsien Loong, y a su padre, el ex primer ministro Lee Kuan Yew.
El artículo, publicado en 2006 con el título “Singapore’s ‘Martyr’, Chee Soon Juan” (Chee Soon Juan, mártir de Singapur), contenía denuncias contra ambos dirigentes, incluso de corrupción, que el Tribunal de Apelación de Singapur consideró difamatorias.
Dow Jones Company ha negado cualquier actuación incorrecta, pero ha señalado que tiene que pagar la multa.
En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Singapur sostuvo que “la libertad de expresión constitucional en Singapur se concede sólo a los ciudadanos de Singapur”, y agregó que Singapur no reconoce a la prensa una función especial como “órgano de vigilancia”.
“Las leyes que permiten a las autoridades imponer restricciones a la libertad de expresión, junto con una constante de demandas por difamación que obedecen a motivos políticos, han creado un clima de intimidación política y autocensura en Singapur”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Esta sentencia ilustra además cómo está amenazada la libertad de prensa en Singapur y sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión y el periodismo en la región.”
Amnistía Internacional insta al Parlamento de Singapur a aprobar disposiciones legales que aseguren la capacidad de los medios de comunicación para realizar su vital función de vigilancia al tiempo que eliminan la discriminación y las restricciones excesivas en virtud de las leyes que regulan la libertad de expresión, a fin de adecuarlas al derecho y las normas internacionales.
No es la primera vez que el gobierno de Singapur recurre a actuaciones judiciales civiles por difamación para acallar a la oposición política. Estas demandas por difamación imponen restricciones irrazonables al derecho de la ciudadanía de Singapur a expresar de forma pacífica sus opiniones y a participar plenamente en la vida pública.
Amnistía Internacional continúa considerando motivo de preocupación la persistencia en el uso de leyes restrictivas y demandas por difamación en Singapur para penalizar y silenciar a las personas que muestran pacíficamente su desacuerdo con el gobierno.
“Si Singapur aspira a ser un centro comercial internacional, especialmente en la era de Internet, su órgano legislativo debe actuar de inmediato para adecuar el país a los conceptos generalmente aceptados de libertad de expresión y actividad de los medios de comunicación”, ha afirmado Sam Zarifi.
A los periodistas les resulta cada vez más difícil trabajar sin injerencias del gobierno del Partido de Acción Popular.
Información complementaria
El derecho internacional reconoce limitaciones al derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, es preciso demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionadas a ciertos fines permisibles. Entre los fines permisibles para tales restricciones figuran “asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Sin embargo, es un principio consolidado del derecho internacional que las autoridades públicas deben ser más tolerantes con las críticas –no menos– que las personas a título individual.
La revista Far Eastern Economic Review (FEER), propiedad de Dow Jones Company, y su director, Hugo Restal, habían publicado un artículo en el que se criticaba al primer ministro, Lee Hsien Loong, y a su padre, el ex primer ministro Lee Kuan Yew.
El artículo, publicado en 2006 con el título “Singapore’s ‘Martyr’, Chee Soon Juan” (Chee Soon Juan, mártir de Singapur), contenía denuncias contra ambos dirigentes, incluso de corrupción, que el Tribunal de Apelación de Singapur consideró difamatorias.
Dow Jones Company ha negado cualquier actuación incorrecta, pero ha señalado que tiene que pagar la multa.
En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Singapur sostuvo que “la libertad de expresión constitucional en Singapur se concede sólo a los ciudadanos de Singapur”, y agregó que Singapur no reconoce a la prensa una función especial como “órgano de vigilancia”.
“Las leyes que permiten a las autoridades imponer restricciones a la libertad de expresión, junto con una constante de demandas por difamación que obedecen a motivos políticos, han creado un clima de intimidación política y autocensura en Singapur”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Esta sentencia ilustra además cómo está amenazada la libertad de prensa en Singapur y sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión y el periodismo en la región.”
Amnistía Internacional insta al Parlamento de Singapur a aprobar disposiciones legales que aseguren la capacidad de los medios de comunicación para realizar su vital función de vigilancia al tiempo que eliminan la discriminación y las restricciones excesivas en virtud de las leyes que regulan la libertad de expresión, a fin de adecuarlas al derecho y las normas internacionales.
No es la primera vez que el gobierno de Singapur recurre a actuaciones judiciales civiles por difamación para acallar a la oposición política. Estas demandas por difamación imponen restricciones irrazonables al derecho de la ciudadanía de Singapur a expresar de forma pacífica sus opiniones y a participar plenamente en la vida pública.
Amnistía Internacional continúa considerando motivo de preocupación la persistencia en el uso de leyes restrictivas y demandas por difamación en Singapur para penalizar y silenciar a las personas que muestran pacíficamente su desacuerdo con el gobierno.
“Si Singapur aspira a ser un centro comercial internacional, especialmente en la era de Internet, su órgano legislativo debe actuar de inmediato para adecuar el país a los conceptos generalmente aceptados de libertad de expresión y actividad de los medios de comunicación”, ha afirmado Sam Zarifi.
A los periodistas les resulta cada vez más difícil trabajar sin injerencias del gobierno del Partido de Acción Popular.
Información complementaria
El derecho internacional reconoce limitaciones al derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, es preciso demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionadas a ciertos fines permisibles. Entre los fines permisibles para tales restricciones figuran “asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Sin embargo, es un principio consolidado del derecho internacional que las autoridades públicas deben ser más tolerantes con las críticas –no menos– que las personas a título individual.
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