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Dos ex militares argentinos del último régimen militar autoritario han sido condenados a una pena de cadena perpetua por el secuestro, la tortura y la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse en abril de 1976.

Amnistía Internacional ha manifestado que las condenas impuestas al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a su subordinado Antonio Bussi son un testimonio más de que los crímenes como la tortura y la desaparición forzada no tienen cabida en el mundo de hoy.

“Las penas impuestas a Bussi y Menéndez son prueba de los pasos que está dando Argentina para enfrentarse a su pasado”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también ha exhortado a las autoridades argentinas a tomar medidas más efectivas para proteger a los testigos, así como a asignar los recursos necesarios a la investigación sobre la suerte corrida por Jorge Julio López, desaparecido el 17 de septiembre de 2006, tras declarar como testigo de cargo en el juicio contra el ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz.

Información complementaria
Durante el gobierno militar que rigió Argentina desde 1976 hasta 1983, millares de personas fueron víctimas de “desaparición”, ejecución extrajudicial y tortura. Más de 9.000 personas están registradas oficialmente como desaparecidas durante la persecución sistemática desatada por el gobierno militar contra opositores de izquierda; sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han calculado que hubo 30.000 víctimas. Las leyes de amnistía argentinas, que eximían a las fuerzas de seguridad del procesamiento, fueron derogadas en junio de 2005.

Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, unidad regional con sede en Córdoba, y tuvo bajo su control uno de los centros de tortura más tristemente célebres del régimen militar. Antonio Bussi, de 82 años, encabezó las operaciones militares en Tucumán y posteriormente fue gobernador de la provincia tras el golpe de Estado militar de 1976. Córdoba y Tucumán figuraron entre las zonas más afectadas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Menéndez, otros seis oficiales de las fuerzas armadas y un civil fueron condenados también en julio de 2008 por el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de otras cuatro personas, delitos cometidos en 1977.