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Las autoridades iraníes han forzado el cierre del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos en Teherán. Fue fundado por Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003, y otros destacados activistas iraníes pro derechos humanos.
Este cierre forzoso no augura nada bueno y representa una amenaza para la totalidad del movimiento de defensa de los derechos humanos del país. Amnistía Internacional ha pedido que se revoque esta decisión sin demora.
La oficina fue clausurada por agentes de seguridad la tarde del domingo, cuando el centro se disponía a celebrar un acto en conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decenas de agentes de policía de uniforme y vestidos de civil intentaron irrumpir en las instalaciones.
Según Narges Mohammadi, portavoz del Centro, los agentes de seguridad no mostraron una orden oficial que justificara su intervención y uno de ellos le dijo que, si no fuera una mujer, la arrastraría por las piernas y la echaría a la calle.
Shirin Ebadi, la más conocida de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Irán, fue cofundadora del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos en 2002. El domingo estuvo presente durante la clausura forzosa del Centro. Desde su creación, hace seis años, el Centro ha intentado inscribirse en el registro oficial, pero las autoridades iraníes le han denegado el permiso una y otra vez, por lo que la doctora Ebadi y sus colegas han tenido que actuar en una especie de vacío legal, y en continuo peligro. La doctora Ebadi ha recibido con anterioridad amenazas de muerte.
No se sabe con certeza por qué las autoridades responsables de la seguridad decidieron actuar contra el Centro. Da la impresión de que su intención era impedir que se celebrara el acto conmemorativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento fundacional del derecho moderno de los derechos humanos. También parece que deseaban enviar una advertencia contundente –y escalofriante– al pujante movimiento de activistas y defensores de los derechos humanos en Irán, al tomar medidas contra la organización presidida por la persona que dirige ese movimiento con mayor renombre internacional.
El Centro para la Defensa de los Derechos Humanos tiene tres funciones declaradas: informar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán, ofrecer representación letrada pro bono a los presos políticos y apoyar a los familiares de éstos. Sus miembros se han ocupado de casos de impunidad de gran resonancia, y han defendido a víctimas de violaciones de derechos humanos cuyos casos también han tenido gran repercusión. Algunos de sus miembros, como el abogado Abdolfattah Soltani, fueron detenidos en el pasado simplemente por desempeñar sus funciones de abogado.
Amnistía Internacional ha pedido que se permita al Centro para la Defensa de los Derechos Humanos reanudar sus actividades sin demora, así como su registro legal. El gobierno iraní, en virtud del derecho internacional, debe acatar la obligación de promover y proteger los derechos humanos y de apoyar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en lugar de atacarla y perjudicarla.