El músico y activista Igor Koktysh lleva privado de libertad más de dos años por el ejercicio pacífico de sus convicciones. Si lo devuelven a Bielorrusia podría ser condenado a muerte.
Amnistía Internacional ha condenado el uso de pesticidas aparentemente tóxicos para intimidar a una comunidad indígena después de su resistencia a ser desalojados de sus tierras ancestrales.
La ejecución de Ehsan Fattahian, declarado culpable de pertenencia a un grupo ilegal de oposición, está prevista para el miércoles 11 de noviembre. Se teme que también sean ejecutados en cualquier momento otros dos kurdos iraníes.
Tras la ejecución de ocho hombres uigures y un chino de etnia han, acusados de delitos cometidos durante los disturbios de julio pasado, las autoridades han procesado a otros 20 sospechosos.
El lunes 9 de noviembre, víctimas del vertido de residuos tóxicos que en 2006 provocó un escándalo en Costa de Marfil manifestaron a Amnistía Internacional que el fallo que protege su indemnización constituía una “pequeña victoria”.
Amnistía Internacional ha condenado el uso de pesticidas aparentemente tóxicos para intimidar a una comunidad indígena después de su resistencia a ser desalojados de sus tierras ancestrales.
Cuando se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos que se infligen a migrantes, solicitantes de asilo, personas detenidas y minorías.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siga retrasando su sentencia sobre la legalidad de la legislación penal sobre el aborto que entró en vigor en 2008.
La votación por la que se han adoptado las principales recomendaciones del informe sobre el conflicto de Gaza y el sur de Israel de principios de año es de vital importancia para garantizar que los autores de crímenes de guerra rinden cuentas.
Amnistía Internacional tiene conocimiento de que al menos 137 personas están en espera de ejecución en Arabia Saudí, de las que 106 son nacionales de otros países. Se cree que las verdaderas cifras son muy superiores.
