El acuerdo sobre seguridad entraña riesgo de tortura para 16.000 detenidos iraquíes
28 noviembre 2008
Millares de iraquíes bajo custodia de las fuerzas estadounidenses están expuestos a sufrir tortura e incluso ejecución, tras la ratificación de un acuerdo sobre seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak.
En virtud del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2008, alrededor de 16.000 personas que Estados Unidos mantiene recluidas serán entregadas a Irak para que queden bajo su custodia.
Entre los detenidos que corren especial riesgo están los antiguos altos cargos del Partido Baás o del gobierno de Sadam Husein.
Es muy probable que Ali Hassan al-Majid y dos personas más condenadas a muerte por delitos cometidos durante el gobierno de Sadam Husein sean ejecutados si son entregados a las autoridades iraquíes.
“El Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas no contiene salvaguardias de ninguna clase para los detenidos que van a quedar bajo custodia iraquí”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Es muy posible que estos detenidos pasen de mal a peor –ha señalado Malcolm Smart–. Recibimos constantes informes de graves violaciones de derechos humanos, incluida tortura, cometidas en centros de detención y prisiones iraquíes. Estados Unidos debe garantizar que no se pone a ningún detenido bajo custodia iraquí si existe un riesgo real de que sea sometido a tortura y otras violaciones de derechos humanos.”
La mayoría de quienes están bajo custodia estadounidense se encuentran detenidos sin cargos ni juicio, en algunos casos desde hace más de cinco años, y sin posibilidad de solicitar una revisión independiente de su detención.
Las autoridades iraquíes mantienen ya bajo custodia a millares de personas, en muchos casos sin cargos ni juicio y con frecuencia en condiciones espantosas. Muchos de estos detenidos no tienen acceso a abogados. Otros son presos condenados a muerte en juicios que no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal.
“Necesitamos ver muestras de mejora sistemática, a saber: se registra oficialmente a los detenidos y se los recluye sólo en prisiones reconocidas; se establecen mecanismos regulares, independientes y efectivos de visita; se proporciona con prontitud a los detenidos acceso a abogados, a sus familias y a los servicios médicos que puedan necesitar, y se respeta plenamente el derecho al debido proceso, incluido el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente”, ha afirmado Malcolm Smart.
En el acuerdo no se hace ninguna mención de los más de 2.000 iraníes asociados al grupo de oposición iraní Organización Muyahidín Popular de Irán que se encuentran en Campo Ashraf, en el norte de Irak, donde llevan varios años bajo la protección de las fuerzas estadounidenses.
Según informes, el gobierno iraquí ha dicho a la Organización Muyahidín que los iraníes de Campo Ashraf tienen que abandonar Irak antes del 31 de diciembre de 2008. Algunas autoridades iraquíes han sugerido que se los expulse si no lo hacen. Amnistía Internacional cree que están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos si son devueltos a Irán.
Amnistía Internacional ha puesto también de relieve que, aunque el acuerdo elimine la inmunidad penal de los contratistas privados empleados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, no se hace ninguna referencia en él a otros servicios militares y de seguridad privados, como los contratados por el Departamento de Estado, que han sido acusados de matar a civiles en Irak.
Entre estos servicios figuraría la empresa de seguridad Blackwater, acusada de graves violaciones de derechos humanos el año pasado y que contrató el Departamento de Estado.
En virtud del SOFA, que reemplazará el actual mandato de la ONU, las tropas de Estados Unidos se habrán retirado ya de las zonas urbanas al final de junio de 2009 y de todo Irak al final de 2011. Después del 31 de diciembre, las autoridades iraquíes tendrán mayor participación en la dirección de las operaciones militares cotidianas de Estados Unidos en Irak.
El artículo 12.1 del SOFA dispone que Irak tiene el derecho primario de ejercer su jurisdicción sobre los miembros de las fuerzas estadounidenses y su componente civil por cualquier delito grave que cometan premeditadamente si lo hacen fuera de los centros establecidos o fuera de “servicio”. Sin embargo, no explica la naturaleza de tales delitos ni los procedimientos que se seguirán, y serán las autoridades estadounidenses las que determinen si sus soldados o empleados han actuado fuera de “servicio”.
En virtud del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2008, alrededor de 16.000 personas que Estados Unidos mantiene recluidas serán entregadas a Irak para que queden bajo su custodia.
Entre los detenidos que corren especial riesgo están los antiguos altos cargos del Partido Baás o del gobierno de Sadam Husein.
Es muy probable que Ali Hassan al-Majid y dos personas más condenadas a muerte por delitos cometidos durante el gobierno de Sadam Husein sean ejecutados si son entregados a las autoridades iraquíes.
“El Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas no contiene salvaguardias de ninguna clase para los detenidos que van a quedar bajo custodia iraquí”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Es muy posible que estos detenidos pasen de mal a peor –ha señalado Malcolm Smart–. Recibimos constantes informes de graves violaciones de derechos humanos, incluida tortura, cometidas en centros de detención y prisiones iraquíes. Estados Unidos debe garantizar que no se pone a ningún detenido bajo custodia iraquí si existe un riesgo real de que sea sometido a tortura y otras violaciones de derechos humanos.”
La mayoría de quienes están bajo custodia estadounidense se encuentran detenidos sin cargos ni juicio, en algunos casos desde hace más de cinco años, y sin posibilidad de solicitar una revisión independiente de su detención.
Las autoridades iraquíes mantienen ya bajo custodia a millares de personas, en muchos casos sin cargos ni juicio y con frecuencia en condiciones espantosas. Muchos de estos detenidos no tienen acceso a abogados. Otros son presos condenados a muerte en juicios que no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal.
“Necesitamos ver muestras de mejora sistemática, a saber: se registra oficialmente a los detenidos y se los recluye sólo en prisiones reconocidas; se establecen mecanismos regulares, independientes y efectivos de visita; se proporciona con prontitud a los detenidos acceso a abogados, a sus familias y a los servicios médicos que puedan necesitar, y se respeta plenamente el derecho al debido proceso, incluido el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente”, ha afirmado Malcolm Smart.
En el acuerdo no se hace ninguna mención de los más de 2.000 iraníes asociados al grupo de oposición iraní Organización Muyahidín Popular de Irán que se encuentran en Campo Ashraf, en el norte de Irak, donde llevan varios años bajo la protección de las fuerzas estadounidenses.
Según informes, el gobierno iraquí ha dicho a la Organización Muyahidín que los iraníes de Campo Ashraf tienen que abandonar Irak antes del 31 de diciembre de 2008. Algunas autoridades iraquíes han sugerido que se los expulse si no lo hacen. Amnistía Internacional cree que están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos si son devueltos a Irán.
Amnistía Internacional ha puesto también de relieve que, aunque el acuerdo elimine la inmunidad penal de los contratistas privados empleados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, no se hace ninguna referencia en él a otros servicios militares y de seguridad privados, como los contratados por el Departamento de Estado, que han sido acusados de matar a civiles en Irak.
Entre estos servicios figuraría la empresa de seguridad Blackwater, acusada de graves violaciones de derechos humanos el año pasado y que contrató el Departamento de Estado.
En virtud del SOFA, que reemplazará el actual mandato de la ONU, las tropas de Estados Unidos se habrán retirado ya de las zonas urbanas al final de junio de 2009 y de todo Irak al final de 2011. Después del 31 de diciembre, las autoridades iraquíes tendrán mayor participación en la dirección de las operaciones militares cotidianas de Estados Unidos en Irak.
El artículo 12.1 del SOFA dispone que Irak tiene el derecho primario de ejercer su jurisdicción sobre los miembros de las fuerzas estadounidenses y su componente civil por cualquier delito grave que cometan premeditadamente si lo hacen fuera de los centros establecidos o fuera de “servicio”. Sin embargo, no explica la naturaleza de tales delitos ni los procedimientos que se seguirán, y serán las autoridades estadounidenses las que determinen si sus soldados o empleados han actuado fuera de “servicio”.
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