Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

29 agosto 2008

Es necesario impartir exhaustivamente justicia en toda la ex Yugoslavia

Es necesario impartir exhaustivamente justicia en toda la ex Yugoslavia

Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional

Ahora que se reanuda el juicio contra Radovan Karadzic ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, podemos afirmar, sin duda, que su enjuiciamiento constituye un enorme paso adelante en el proceso de impartir justicia a las decenas de miles de víctimas de Bosnia y Herzegovina. Pero, ¿son suficientes unos cuantos juicios de gran repercusión en La Haya para que cicatricen las heridas abiertas por las terribles violaciones de derechos humanos que ambos bandos cometieron durante el conflicto?

Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a los países de la región a complementar el trabajo del Tribunal con esfuerzos exhaustivos encaminados a investigar y juzgar los miles de crímenes más en los que participaron sospechosos de grado medio y bajo para los que ese tribunal no tiene capacidad.

Si bien la reanudación del juicio contra Radovan Karadzic ha devuelto protagonismo al Tribunal de La Haya, para cuya clausura el Consejo de Seguridad de la ONU ha recomendado la arbitraria fecha de 2010, nuestra organización alberga serias dudas sobre los esfuerzos que se están haciendo para que los sistemas locales de justicia penal cumplan su cometido en la región. Las víctimas de crímenes como asesinato, violación y expulsión forzada llevan casi 13 años, desde el final de la guerra, pidiendo justicia, y continúan sufriendo, sin que se haya aclarado la verdad ni se les hayan ofrecido reparaciones.

Amnistía Internacional no niega que las autoridades nacionales hayan tomado ciertas medidas con vistas a investigar y enjuiciar crímenes cometidos durante los conflictos de la década de 1990, pero la realidad es que esa labor se ha visto socavada por una desigual voluntad política, unida a las limitaciones de capacidad judicial y a la falta de cooperación entre los países a la hora de facilitar pruebas y de detener y extraditar a acusados. Además, sólo se está enjuiciando a un reducido número de sospechosos.

En Croacia, Amnistía Internacional ha criticado la ausencia de investigaciones y juicios sobre crímenes cometidos por el ejército y la policía croatas, entre ellos el asesinato y la desaparición forzada de más de 100 serbocroatas en la región de Sisak durante la guerra de 1991 a 1995.

En Montenegro, los procesos han sufrido obstrucciones políticas y su efectividad está en entredicho. No se han experimentado avances en la causa penal por la desaparición de 83 personas bosniacas, y el Tribunal Nacional de Apelación ha desestimado las demandas civiles interpuestas por sus familiares.

En Serbia, las investigaciones avanzan lentamente, y la independencia de la magistratura es cuestionable. Dieciséis años después del éxodo forzado de cientos de croatas de la provincia de Vojvodina, en el que murieron 14 personas, los hechos siguen sin investigarse. Además, en los casos que sí se están enjuiciando, los fiscales que participan en ellos reciben periódicamente amenazas, y es dudosa la eficacia del sistema nacional de protección a las víctimas.

En Kosovo, faltan investigaciones y juicios efectivos, en particular en los casos de delitos de violencia sexual, y además no se ha protegido a los testigos y cada vez son menos los jueces y fiscales internacionales. Los responsables de más de 3.000 casos de desapariciones forzadas y secuestros continúan impunes.

Por otro lado, aunque en Bosnia y Herzegovina se ha establecido una Sala de Crímenes de Guerra con el respaldo de la comunidad internacional, Amnistía Internacional teme que la retirada prevista del personal internacional menoscabe su eficacia, a menos que se dote a la magistratura, la fiscalía y el personal local de recursos suficientes y programas de formación. En los casos enjuiciados ante tribunales cantonales y de distrito, existen serias dudas sobre la capacidad de esas instituciones para abordar casos de tal complejidad.

A medida que aumenta la presión por el desmantelamiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, es necesario intensificar los esfuerzos por garantizar los beneficios a largo plazo de unos sistemas de justicia nacionales fortalecidos. Asimismo, debe proseguir la supervisión internacional de los juicios nacionales por crímenes de guerra mientras no se observe el compromiso político correspondiente y no se acometan las reformas profundas necesarias para que se pueda hacer justicia.

La comunidad internacional debe aprovechar su influencia en las relaciones con estos países para pedir el fin de la impunidad en todos los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Para ello, también será necesario asegurarse de que los sistemas nacionales de justicia de la región reciban las ayudas necesarias para formar al personal, fomentar la capacidad de los sistemas locales de justicia y establecer programas de protección a los testigos y mecanismos de reparación y esclarecimiento de la verdad efectivos.

Si bien es probable que el juicio contra Radovan Karadzic termine antes del desmantelamiento del Tribunal, los juicios que se celebran en él no son suficientes para las víctimas del conflicto de los Balcanes. Tenemos el deber de garantizar la realización de sus derechos a la justicia, a la verdad y a recibir reparaciones. De lo contrario, puede que nunca llegue a su fin la tarea de impartir justicia en toda la ex Yugoslavia, y quienes pagarán las consecuencias serán las miles de víctimas de los crímenes perpetrados.

Más información

Entrevista a una superviviente del conflicto de Bosnia y Herzegovina

Tema

Conflictos armados 
Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings 
Justicia internacional 
Tortura y malos tratos 
Juicios y sistemas judiciales 

País

Bosnia y Herzegovina 

Región

Europa y Asia Central 

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