Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

2 septiembre 2008

Musharraf ya no está, pero sigue sin saberse nada de los desaparecidos

Musharraf ya no está, pero sigue sin saberse nada de los desaparecidos

El sábado 30 de agosto se celebró el 25º Día Internacional de los Desaparecidos. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, pide al nuevo gobierno de Pakistán que haga pública la información sobre las personas recluidas en detención secreta y que arroje luz sobre la suerte que han corrido muchas personas desaparecidas.

La nueva coalición de gobierno de Pakistán ha conseguido obligar a Pervez Musharraf a dimitir, pero aún no ha hecho gran cosa por solucionar el legado de abusos contra los derechos humanos que su régimen dejó tras de sí. Veinticinco años después de la primera celebración del Día Internacional de los Desaparecidos, Pakistán se ha unido a la lista de naciones que practican la desaparición forzada como consecuencia directa de su alianza con la "guerra contra el terror" encabezada por Estados Unidos.

Este legado especialmente doloroso de la era de Musharraf incluye centenares, si no millares, de desapariciones forzadas, una práctica que consiste en secuestrar a personas, recluirlas en lugares secretos fuera de todo sistema judicial o legal, y a menudo torturarlas, en ocasiones hasta la muerte. Pakistán no sólo ha contribuido vergonzosamente a llenar las jaulas del Campo Rayos X de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA entregando algunos detenidos a las autoridades estadounidenses, sino que además ha encarcelado en secreto a muchos de ellos en el propio Pakistán. Fuera de la vista y sin que se les haya imputado cargo alguno, sin poder intercambiar palabra con familiares y seres queridos (y menos aún con abogados), estos detenidos han corrido una suerte que, en muchos casos, todavía se desconoce.

En septiembre de 2006, después de que Amnistía Internacional publicara su primer informe sobre los desaparecidos en Pakistán, escribí al presidente Musharraf, y en enero de 2007 me reuní con el entonces primer ministro Shawkat Aziz para instar al gobierno a investigar y detener la terrible práctica de secuestros y detenciones secretas. En ningún momento recibí una respuesta satisfactoria.

Los dirigentes de la coalición de gobierno, si quieren demostrar su seria intención de cambiar la política de Musharraf, deben revelar de inmediato dónde se encuentran recluidas los centenares de personas desaparecidas. Y a continuación deben iniciar el proceso para establecer un cierto grado de control y de rendición de cuentas en los tristemente célebres cuerpos de seguridad del país, especialmente los servicios de información del ejército paquistaní (ISI), que son los autores de esas desapariciones forzadas.

El informe Negar lo innegable: desapariciones forzadas en Pakistán, recientemente publicado por Amnistía Internacional, utiliza actas judiciales oficiales y declaraciones juradas de víctimas y testigos de desapariciones forzadas para mostrar cómo agentes gubernamentales, especialmente de los cuerpos de seguridad e información, obstaculizaron los intentos de encontrar a los desaparecidos. El informe revela un patrón según el cual las fuerzas de seguridad o de otro tipo detienen arbitrariamente a personas (algunas menores, entre ellas un niño de tan sólo nueve años), les vendan los ojos y las llevan de un centro de detención a otro para que resulte difícil seguirles el rastro.

El Dr. Imran Munir, ciudadano malaisio de origen paquistaní, fue detenido en julio de 2006 y estuvo en paradero desconocido hasta que el Tribunal Supremo de Pakistán exigió información a las autoridades paquistaníes. Cuando, a finales de 2006, el Tribunal Supremo empezó a celebrar vistas periódicas sobre casos de desaparecidos, se pudo localizar a un centenar de personas desaparecidas: a unas las habían liberado, otras se encontraban en lugares de detención reconocidos. El Dr. Munir fue uno de los afortunados. Durante las vistas de su caso, quedó patente que varios cuerpos de seguridad habían tratado de ocultarlo incluso después de que el Tribunal Supremo ordenara su comparecencia.

El presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, empezó a impacientarse ante tantas evasivas y negaciones y, en octubre de 2007, anunció que citaría a los altos mandos de los cuerpos de información para que explicaran la función que habían desempeñado en las desapariciones forzadas, y dijo que emprendería acciones judiciales contra los responsables.

El Dr. Munir tenía fecha fijada para prestar declaración sobre su desaparición forzada y para proporcionar información sobre otras personas sometidas a dicha práctica, pero la vista se vio interrumpida cuando en noviembre de 2007 Musharraf impuso el estado de emergencia y apartó ilegalmente de sus puestos a los jueces independientes.

En su declaración del estado de emergencia, Musharraf expresó sucintamente su indignación al hablar de "interferencia judicial" en la lucha contra el terrorismo emprendida por el gobierno. Al destituir a los jueces -en una anticipación evidente a la decisión negativa prevista sobre la cuestión de si Musharraf podía seguir optando a la presidencia del país- se eliminó ese molesto obstáculo.

No es de extrañar que los nuevos jueces del Tribunal Supremo, elegidos a dedo, no hayan considerado necesario -ni oportuno- reanudar las vistas sobre los centenares de peticiones en torno a personas desaparecidas. Al parecer, para enfrentarse a los responsables de las desapariciones forzadas -entre los que se encuentran los tristemente famosos servicios de información paquistaníes-, se requiere más determinación, más empeño y más voluntad política de las que estos jueces parecen tener.

Así, la suerte de las personas desaparecidas ha pasado a estar estrechamente vinculada a la de las máximas instancias judiciales de Pakistán. Por el momento, parece improbable que la justicia aborde de forma adecuada la situación de estas personas, dada la controversia en torno a la restitución de los jueces destituidos.

Pero el nuevo gobierno no debe aguardar a recibir presiones judiciales para arrojar luz sobre la suerte de las personas desaparecidas. El gobierno puede utilizar su autoridad ejecutiva para exigir que los servicios de información del ejército paquistaní y otros cuerpos de seguridad proporcionen información sobre las personas sometidas a desaparición forzada. Como primer paso, debe elaborar y hacer pública de inmediato una lista de todas las personas a las que tiene detenidas. No sólo es necesario mantener un registro, sino que además es una faceta fundamental del trabajo de las fuerzas del orden, y así lo exige la ley.

En abril de 2008, poco después de las elecciones, el ministro de Justicia, Farooq Naik, declaró que el gobierno estaba reuniendo datos de las personas desaparecidas, y se comprometió a lograr que todas quedaran en libertad. Ya es hora de hacer pública esa información.

La información sobre la suerte de quienes desaparecieron traería un cierto consuelo a centenares de familias -es decir, miles de personas- que siguen temiendo por la vida de sus seres queridos, conscientes como son de que la tortura y los malos tratos son práctica habitual en los centros de detención paquistaníes.

Al secuestrar y detener en lugares secretos a sospechosos de terrorismo, o al no investigar y revelar la suerte de las personas desaparecidas, el gobierno viola los derechos humanos, y hace poco por combatir el terrorismo. Deteniendo y procesando a los sospechosos de terrorismo de acuerdo con el Estado de derecho, el gobierno puede demostrar su compromiso tanto con los derechos humanos como con la lucha contra el terrorismo.

De esa manera también transmitiría una señal clara e inmediata de ruptura radical con la era de Musharraf, y a un coste muy bajo, algo muy importante para el nuevo e inestable gobierno, que debe hacer frente a los numerosos problemas que azotan el país, como una economía en plena crisis, los elevados costes del combustible y la creciente insurgencia talibán en las zonas que hacen frontera con Afganistán.

El nuevo gobierno de Pakistán tiene ante sí una elección clara: puede seguir las prácticas brutales y fallidas, contrarias a los derechos humanos, del régimen de Musharraf, o puede combatir al terrorismo mediante la justicia y poner al país en la vía del Estado de derecho y los derechos humanos.

Tema

Disappearances And Abductions 

País

Pakistán 

Región

Asia y Oceanía 

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