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Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Líbano a que no adopten ninguna medida para anular una histórica resolución judicial que permitió a una mujer transmitir su nacionalidad a sus hijos.

El martes, un tribunal de apelación de Jdeidit al-Metn, en Monte Líbano, celebró la vista del caso de Samira Soueidan, ciudadana libanesa a quien en junio de 2009 se le concedió el derecho a transmitir su nacionalidad a tres de sus hijos nacidos en Líbano. La vista duró entre 15 y 20 minutos y la jueza, Mary Maoushi, declaró que la sentencia se haría pública el 18 de mayo.

En virtud de la legislación libanesa, las mujeres, a diferencia de los hombres, no pueden transmitir su nacionalidad a sus cónyuges ni a sus hijos. Los hijos de mujeres libanesas casadas con ciudadanos extranjeros no pueden obtener la nacionalidad libanesa.

Samira Soueidan pesentó una demanda tras el fallecimiento de su esposo, ciudadano egipcio, en 1994.

"Si se anula esta decisión, acabará con las esperanzas de miles de niños y niñas nacidos de madre libanesa y padre de otra nacionalidad, a los que se trata como extranjeros en su propio país y se niega el acceso a la educación pública y otros servicios", declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

La imposibilidad de que las mujeres transmitan su nacionalidad a sus esposos e hijos afecta a toda la familia. Los cónyuges y los hijos deben obtener continuamente permisos de residencia y de trabajo que les permitan vivir y trabajar legalmente en Líbano.

Los hijos tienen la consideración de residentes, no de ciudadanos, y en consecuencia se les niega el acceso a la educación pública gratuita.

Samira Soueidan declaró a Amnistía Internacional el lunes que su hija mayor, Zeina, de 23 años, no pudo continuar su educación y estudiar ciencias empresariales porque la universidad libanesa exige que los estudiantes extranjeros abonen unas tasas que su familia no pudo pagar. Los estudiantes libaneses pagan unas tasas muy inferiores.

Otra hija de Samira, Faten, de 22 años, dijo a Amnistía Internacional "Me tratan como a una extranjera, pero yo me siento totalmente libanesa. Aquí es donde está mi familia. Aquí es donde he vivido toda mi vida... No conozco Egipto."

"Para mí es muy importante poder vivir por fin en Líbano como una ciudadana libanesa. Mi vida sería mucho más fácil."

Samira Soueidan presentó una demanda contra el Estado libanés en 2005 para impugnar la ley.

El 16 de junio de 2005, la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de Jdeidit al-Metn, en Monte Líbano, dictó sentencia a su favor.

Los jueces John Qazzi, Rana Habaka y Lamis Kazma sostuvieron que la Constitución de Líbano afirma el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, hombres y mujeres.

Sin embargo, esta resolución fue impugnada por el ministerio público y por una comisión jurídica del Ministerio de Justicia en nombre del Estado libanés en julio y septiembre, respectivamente. La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelación celebró la vista del caso el martes.

"Al oponerse a la resolución judicial de junio sólo meses antes de que la actuación de Líbano en materia de derechos humanos sea objeto de escrutinio en el marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Líbano  transmite el preocupante mensaje de que el Estado libanés continúa menoscabando el principio fundamental de la no discriminación", afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

"Las autoridades libanesas deben adoptar medidas inmediatas para revisar la legislación vigente que contenga disposiciones discriminatorias contra las mujeres y seguir el ejemplo de Argelia, Egipto y Marruecos, que han modificado sus leyes sobre la nacionalidad en los últimos años para conceder a las mujeres el derecho a dar su nacionalidad a sus hijos y a su cónyuge."