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Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a no condenar a muerte a los manifestantes detenidos durante las conmemoraciones religiosas del pasado mes de diciembre.

Al menos cinco manifestantes detenidos durante las protestas que tuvieron lugar con ocasión de la Ashura, el 27 de diciembre de 2009, han sido acusados de moharebeh (enemistad contra Dios), que lleva aparejada la pena de muerte. Amnistía Internacional teme que el juicio pueda celebrarse de manera inminente.

Las autoridades han afirmado que “provocar disturbios e incendios” equivale a moharebeh, delito que se suele usar contra las personas que se alzan en armas contra el Estado.

Hoy viernes, según los informes, el fiscal general de Teherán, Abbas Jafari-Dolatabadi, confirmó que los cinco detenidos son miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo, grupo de oposición radicado en Irak.

La Organización Muyahidín del Pueblo ha confirmado a Amnistía Internacional que cinco personas –todas las cuales tienen hijos en la Organización en Irak– están detenidas desde las protestas de la Ashura.

Se trata de Ali Mehrnia, de 70 años, Parviz Varmazyari, de 54, Majid Rezaii, Alireza Nabavi y Ali Massoumi.

“Los delitos de los que se acusa a los manifestantes no equivalen a ‘los delitos más graves’ para los que cabría aplicar la pena de muerte con arreglo al derecho internacional. Aun en el caso de que hayan cometido tales delitos, no deben enfrentarse a la pena de muerte si son declarados culpables”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades deben asegurarse de que toda persona sospechosa de haber cometido delitos relacionados con las manifestaciones, como lanzamiento de piedras o actos de incendio premeditados, es juzgada sin demora y con las debidas garantías, en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, y que ninguna es condenada a muerte.”

La noticia ha trascendido en medio de indicios de que las autoridades iraníes podrían estar considerando la posibilidad de aumentar el uso de la pena de muerte para impedir las manifestaciones.

El 4 de enero, un grupo de 36 parlamentarios presentó una moción con el fin de enmendar el Código de Procedimiento Penal para que las personas declaradas culpables de moharebeh sean ejecutadas en el plazo de cinco días a partir de la sentencia condenatoria. Esta iniciativa pondría en peligro el ejercicio efectivo del derecho de los encausados a presentar recurso.

Las autoridades han acusado a varios grupos opositores de organizar los disturbios de la Ashura, especialmente los bahaíes, minoría religiosa no reconocida. Al menos 13 bahaíes han sido detenidos en sus hogares desde las manifestaciones. La comunidad bahaí niega esa implicación.

En diciembre de 2009 se informó a los abogados de siete dirigentes bahaíes detenidos sin juicio desde hace más de un año de que sus clientes serían juzgados el próximo martes. Se enfrentan a cargos de espionaje y podrían ser condenados a muerte. Amnistía Internacional cree que los 20 son presos de conciencia que deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

“La población iraní debe tener libertad para reunirse en protestas pacíficas para expresar sus opiniones, incluso sobre el gobierno y las violaciones de derechos humanos, y no tener que sufrir un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y juicios sin garantías, o correr riesgo de ejecución”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

“En vez de permitir que las manifestaciones tengan lugar, las autoridades iraníes están encerrando a quienes manifiestan un punto de vista distinto del suyo y buscando chivos expiatorios para culparles de los disturbios.”