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Malaisia debe poner fin a los abusos de trabajadores migrantes

24 marzo 2010

Las autoridades malaisias deben tomar medidas para poner fin a los abusos generalizados por parte de la policía y en el lugar de trabajo contra los trabajadores migrantes, que representan más del 20 por ciento de la fuerza laboral del país, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy miércoles.

Con el título Trapped: The Exploitation of Migrant Workers in Malaysia (versión en inglés), el informe documenta los abusos generalizados contra trabajadores migrantes de ocho países del sur y el sureste asiático que han sido atraídos a Malaisia con la promesa de un empleo y, una vez allí, son obligados a realizar trabajos forzados o explotados por otros medios.

“Los trabajadores migrantes son imprescindibles para la economía de Malaisia, y sin embargo la protección jurídica que reciben es sistemáticamente inferior a la del resto de los trabajadores –afirmó Michael Bochenek, autor del informe y director de asuntos políticos de Amnistía Internacional–. Son presa fácil de policías corruptos y agentes de contratación y empleadores sin escrúpulos.”

Las personas migrantes –la mayoría procedentes de Bangladesh, Indonesia y Nepal– se ven obligadas a trabajar en situaciones de riesgo, a menudo contra su voluntad, y a cumplir duras jornadas de trabajo de 12 horas o más. Muchas, además, son objeto de insultos, agresiones y abusos sexuales.

La mayoría paga importantes sumas de dinero a los agentes de contratación para asegurarse un empleo, un permiso de trabajo o un curso de formación. Pero cuando llegan a Malaisia con frecuencia descubren que la mayor parte de lo que sus agentes les habían contado sobre su nuevo empleo era falso: el sueldo, la clase de trabajo, y hasta la misma existencia del empleo o su situación legal en el país.

La mayoría de los trabajadores han solicitado créditos a unos intereses exorbitantes y no tienen manera de regresar a sus países de origen. Algunos se encuentran en situaciones cercanas al trabajo cautivo.

Prácticamente todos los empleadores retienen el pasaporte de sus empleados, con lo que los ponen en peligro de detención y, en la práctica, les impiden abandonar un puesto de trabajo indigno. Prácticas coercitivas como éstas son indicadoras de trabajo forzado.

La legislación en materia laboral no se respeta en la práctica y los tribunales de trabajo pueden tardar meses e incluso años en resolver un caso. Para quienes trabajan en el servicio doméstico, recurrir a los tribunales no suele estar dentro de sus posibilidades ya que la mayoría de las disposiciones laborales no los protegen.

“Malaisia puede y debe hacer más por su mano de obra. Todas las personas, aunque aquellas con la condición de migrantes, tienen derecho a unas condiciones de trabajo justas y seguras y a la igualdad de trato ante la ley” afirmó Michael Bochenek.

Amnistía Internacional concluye en su informe que muchos trabajadores son víctimas de trata de seres humanos. El gobierno malaisio tiene la obligación de impedir tales abusos; sin embargo facilita la trata con una normativa imprecisa para los agentes de contratación y unas leyes y prácticas que no protegen a los trabajadores.

Además, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de más de una docena de casos en que las autoridades malaisias entregaron migrantes detenidos a traficantes que actuaban en la frontera con Tailandia entre 2006 y 2009.

Malaisia impone penas graves y excesivas –la flagelación en algunos casos– a las personas migrantes que trabajen sin el debido permiso, aun cuando la infracción de la legislación de inmigración se deba a errores cometidos por el empleador.

Son habituales las redadas públicas en gran escala practicadas en mercados y calles, así como los registros indiscriminados y sin orden judicial en domicilios particulares de barrios pobres. La policía suele exigir sobornos a las personas migrantes. Quienes no pueden pagar son detenidos y recluidos en condiciones deplorables en centros de detención para inmigrantes.

“El gobierno malaisio debe dejar de criminalizar a su mano de obra migrante y en cambio resolver el problema del trabajo forzoso –señaló Michael Bochenek–. La explotación no cesará hasta que las leyes de trabajo de Malaisia brinden protección efectiva y se hagan cumplir en la práctica.”

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Malaisia que reforme su legislación laboral e investigue sin demora los abusos perpetrados por la policía y en los lugares de trabajo. Malaisia debe aplicar con mayor eficacia su Ley contra la Trata de Personas para procesar a quienes contraten, transporten o reciban trabajadores por medios fraudulentos o engañosos para fines de explotación.

Este trabajo se enmarca en la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, destinada a poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza global y la agravan. La campaña movilizará a personas de todo el mundo que pedirán a gobiernos, empresas y demás instituciones influyentes que escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Si deseas más información, visita el sitio web de Exige Dignidad.

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