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En junio de 2006, estallaron en el estado de Oaxaca protestas generalizadas para pedir la dimisión del gobernador. Durante varios meses, la ciudad de Oaxaca quedó paralizada. La agitación política continuó hasta bien entrado 2007 y provocó una dilatada crisis de seguridad pública.
Si bien la mayoría de las protestas fueron pacíficas, también se produjeron numerosos choques violentos entre sectores del movimiento de oposición, las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del gobierno del estado. Al menos 18 personas murieron en circunstancias controvertidas y decenas fueron detenidas de forma arbitraria y recluidas en régimen de incomunicación.
Se recibieron abundantes informes de tortura, malos tratos y juicios injustos, y quienes defendían y promovían los derechos humanos fueron objeto de amenazas y hostigamiento. Algunas de estas violaciones fueron obra de agentes de policía vestidos de civil y de hombres armados no identificados que operaban, al parecer, con la autorización, el apoyo o la anuencia de las autoridades del estado.
Las principales víctimas de estos abusos fueron los docentes, que iniciaron una huelga en apoyo de las negociaciones anuales sobre salarios y condiciones laborales en mayo de 2006, y quienes apoyaban este movimiento de protesta.
Se cree que los funcionarios y empleados de instituciones estatales y municipales estuvieron implicados en muchos de los abusos. Asimismo, las autoridades federales participaron en violaciones graves de derechos humanos, y no actuaron para prevenir o remediar la situación cuando se informó sobre violaciones de los derechos humanos.
Las circunstancias que rodearon las muertes siguen sin aclararse, y aún no se ha identificado a casi ninguno de los responsables que, en su mayoría, siguen sin rendir cuentas. Según la investigación de Amnistía Internacional, esto se debe al hecho de que muy pocas violaciones de derechos humanos se han investigado con rapidez, imparcialidad y de forma exhaustiva.
Dado que los escenarios de los delitos no se han protegido, ni se han investigado las denuncias, practicado todas las pruebas forenses pertinentes, reunido las pruebas de testigos disponibles o comprobado la fiabilidad de las pruebas, las futuras investigaciones se verán gravemente limitadas o incluso quedarán en entredicho.
Aunque las autoridades federales, estatales y municipales han accedido formalmente a aplicar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida recientemente, para que se investiguen las denuncias de abusos, aún no se han constatado signos de determinación por parte de dichas autoridades con vistas a efectuar investigaciones adecuadas o modificar los procedimientos y prácticas para impedir nuevas violaciones.
La mejor garantía para prevenir futuros abusos es impedir que las violaciones de derechos humanos queden impunes. Por otra parte, así se demostraría claramente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional que el gobierno del presidente Felipe Calderón se compromete a proteger, garantizar y realizar los derechos humanos.