Noticias

Ampliar

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Panamá que interrumpan la inundación de la zona donde todavía siguen viviendo familias indígenas mientras continúan las negociaciones sobre su reubicación para que dejen libres sus tierras, que quedarán bajo las aguas de una presa.

El gabinete del vicepresidente de Panamá anunció el 20 de mayo que pronto comenzarían a inundarse los terrenos para rellenar la presa Chan-75 en el distrito de Changuinola de la provincia de Bocas del Toro, en el noroeste de Panamá. Activistas locales dijeron el lunes a Amnistía Internacional que el nivel del agua ya había comenzado a subir.

Si bien cientos de familias indígenas ngöbe han abandonado ya la zona, algunas permanecen en sus hogares y siguen negociando su reubicación con las autoridades locales.

“Resulta simplemente inaceptable que las autoridades panameñas permitan que esta zona sea inundada mientras no puedan garantizar que todas las familias ngöbe se han retirado de ella en condiciones de seguridad”, declaró Sebastián Elgueta, investigador sobre América Central de Amnistía Internacional.

“La gente sigue viviendo en zonas que quedarán inundadas, y sus vidas y su seguridad están en peligro.”

Según activistas locales, algunas familias afirman que no han recibido la indemnización íntegra acordada.

Se ha recurrido a las autoridades locales, incluida la policía antidisturbios, para que expulsen por la fuerza a las personas que siguen viviendo en la zona, y han sido demolidas varias casas de indígenas.

En un informe de septiembre de 2009 sobre la presa Chan-75, el relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas concluyó que, aunque la presa tendría un impacto significativo sobre las comunidades indígenas cercanas, ninguna de ellas había sido consultada adecuadamente ni se le había dado la oportunidad de dar su consentimiento a la reubicación. En un caso como este, Panamá tiene la obligación internacional de solicitar el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas.

“En toda la región, las poblaciones indígenas se han visto obligadas a abandonar sus tierras ancestrales, han perdido sus formas de vida y sus medios de subsistencia y se han sumido en la pobreza como consecuencia directa de grandes proyectos de infraestructura y disputas por la tierra”, manifestó Sebastián Elgueta.

“La protección de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico no son mutuamente excluyentes, y asegurar su armonización es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la región.”