Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

18 febrero 2010

La intimidación a los partidos de oposición en Ruanda debe acabar

La intimidación a los partidos de oposición en Ruanda debe acabar

Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de agosto de 2010, Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente un inquietante ataque contra un grupo de oposición de Ruanda.

En una carta dirigida al presidente ruandés Paul Kagame, Amnistía Internacional le ha instado a aprovechar la oportunidad que brindan las elecciones para demostrar el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

“Las elecciones, en el pasado, han estado enturbiadas por la intimidación; sin embargo, los comicios de este año brindan a Ruanda la oportunidad de promover los derechos, y no la represión”, ha manifestado Tawanda Hondora, director adjunto del Programa para África de Amnistía Internacional.

La carta surgió a raíz de un reciente ataque contra dos miembros de las Fuerzas Democráticas Unificadas (Forces Démocratiques Unifiées, FDU-Inkingi) y del acoso contra el presidente del Partido Democrático Verde de Ruanda (Parti Démocratique Vert du Rwanda, DGPR).  

“Amnistía Internacional teme que estos incidentes recientes formen parte de un patrón más amplio de intimidación y acoso para desalentar y desacreditar a los grupos de oposición”, ha manifestado Tawanda Hondora.

El 3 de febrero, Victoire Ingabire, presidenta de FDU-Inkingi, y su asesor Joseph Ntawangundi fueron atacados en la capital, Kigali, mientras recogían en un edificio gubernamental los documentos necesarios para inscribir el partido.

Durante el ataque, a Victoire Ingabire le robaron el pasaporte, y a Joseph Ntawangundi lo golpearon con brutalidad.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la noticia de que la policía ha abierto una investigación sobre lo sucedido. No obstante, el portavoz de la policía, Eric Kayiranga, confirmó el 15 de febrero que no se iban a presentar cargos, y algunos de los detenidos han quedado en libertad.

“La apertura de una investigación es un buen primer paso”, ha manifestado Tawanda Hondora, “pero una investigación efectiva debe ser rápida e imparcial y debe llevar ante la justicia a los responsables del ataque”.

Tres días después del incidente, el New Times afirmó que Ntawangundi había sido condenado in absentia por genocidio en 2007 por un tribunal gacaca, un tribunal comunitario establecido para juzgar casos de genocidio. Ntawangundi fue detenido ese mismo día, 6 de febrero, acusado de participar en el genocidio de 1994 que se saldó con la muerte de hasta 800.000 tutsis y hutus moderados.

El 1 de octubre de 2008 se promulgó una ley vaga y ambigua que penalizaba la “ideología genocida” y que reprimía indebidamente la libertad de expresión. La ley castiga el delito en cuestión con entre 10 y 25 años de cárcel.

Los medios de comunicación afines al gobierno han acusado periódicamente a Victoire Ingabire de ser una “negacionista” del genocidio o una “divisionista”, por los comentarios públicos que ha realizado desde que regresó del exilio en enero de 2010, en los que pide el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población hutu por el Frente Patriótico Ruandés.

El dirigente del Partido Social Ideal (PS-Imberakuri, PSI), Bernard Ntaganda, también fue convocado a finales de 2009 ante el Senado de Ruanda para responder a acusaciones de ideología genocida.

“Ruanda tiene la obligación de prohibir los discursos que constituyan una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”, ha manifestado Tawanda Hondora, “pero las leyes ruandesas sobre ideología genocida combinan demasiado a menudo la disidencia política legítima con dicha incitación”.

Frank Habineza, presidente del Partido Verde, también ha denunciado haber sido amenazado el 4 de febrero en un hotel de Kigali, la capital, por un hombre del que sospecha que es un agente de seguridad.

Habineza denunció el incidente a la policía el 5 de febrero, y está a la espera de nueva información sobre el estado de las investigaciones.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Ruanda que investigue la intimidación contra grupos de oposición, lleve a los responsables ante la justicia y tome medidas inmediatas para que se respete el derecho de los partidos de oposición a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Tema

Activistas 
Libertad de expresión 
Tortura y malos tratos 

País

Ruanda 

Región

África 

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