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Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades ghanesas que detengan el desalojo de los miles de personas que viven junto a las vías de ferrocarril en la capital del país, Accra, ante el renovado temor de que estén en peligro de un inminente desalojo forzoso.

Conocidos como los "habitantes de las vías férreas”, los hombres, mujeres y niños que viven y comercian en quioscos y pequeñas estructuras, levantadas junto a las vía férreas, corren peligro de quedarse sin hogar y en la indigencia si son desalojadas forzosamente de sus viviendas.

Los desalojos forman parte de un plan a escala nacional para modernizar las vías férreas de Ghana, tras la firma de un contrato con una compañía china por 6.000 millones de dólares estadounidenses para la construcción y expansión de la infraestructura ferroviaria, y del “Programa de mejoramiento de Ghana”, cuyo objetivo es mejorar el nivel de vida de toda la población ghanesa.

El 21 de enero de 2011, funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Accra visitaron las comunidades junto a las vías férreas de la capital. Tomaron medidas de la distancia entre las construcciones y las poco utilizadas vías férreas, y emitieron nuevas notificaciones de desalojo dirigidas a aquellas personas que viven a160 metros o menos de las vías.

Las notificaciones de desalojo no indicaban a sus destinatarios la fecha en que este se produciría. Sin embargo, el 21 de enero, el director de la Asamblea Metropolitana de Accra (Accra Metropolitan Assembly, AMA) —el órgano de gobierno local— dijo que todas las construcciones se demolerían a tiempo para que los trabajos de construcción en las vías férreas empezaran en febrero. Cuatro días después, la frase “A retirar antes del 25 de enero de 2011 por AMA” estaba pintada en las edificaciones en peligro de demolición.

“Estas personas han sido amenazadas con el desalojo forzoso en varias ocasiones, la más reciente de ellas en diciembre de 2010”, ha dicho Lawrence Amesu, director de Amnistía internacional Ghana. “Se esperaba que las autoridades hubieran paralizado sus planes tras la presión ejercida por los defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional.”

“Muchas de las personas que viven en estas comunidades sencillamente no tienen otro lugar a dónde ir. Las autoridades corren el riesgo de dejar sin hogar y en la indigencia a su propia gente si siguen adelante con sus planes.”

Las autoridades no han implementado ninguna medida de protección legal u otras garantías  —como la consulta a la población residente afectada— para evitar el desalojo forzoso. No han proporcionado ninguna vivienda alternativa a los residentes ni tienen previsto hacerlo después de los desalojos. Y esto constituye una obligación conforme al derecho internacional.

“Amnistía Internacional entiende la necesidad y deseo de Ghana de promover el desarrollo, incluida la remodelación de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, el desarrollo nunca debe darse a costa de los derechos humanos”, ha dicho Lawrence Amesu.
 
Algunas de las personas afectadas han vivido junto a las vías férreas de Accra durante más de 17 años.

La prohibición legal internacional de los desalojos forzosos se aplica en todos los casos y para todas las personas; esto incluye a quienes viven en asentamientos informales. Incluso cuando las personas carecen de títulos de propiedad legal, las autoridades gubernamentales no pueden desalojarlas forzosamente de sus casas.

“Las autoridades ghanesas deben suspender todos los desalojos forzosos hasta que se hayan implementado medidas que garanticen que se lleven a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos, y hasta que haya un plan para proporcionar una vivienda alternativa adecuada a todas las personas afectadas”, ha afirmado Lawrence Amesu.