El Tribunal Supremo de Brasil confirma los derechos de los pueblos indígenas

La decisión del Tribunal Supremo de Brasil del pasado miércoles 10 de diciembre confirma los derechos de los pueblos indígenas sobre la reserva de Raposa Serra do Sol, en la frontera entre Brasil y Guyana/Venezuela. La decisión se ha considerado como una victoria para todos los pueblos indígenas del país.

La decisión del Supremo es un hito en la batalla que durante 30 años vienen librando los pueblos indígenas makuxi, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona para que se reconozca su derecho constitucional a sus tierras ancestrales.

Raposa Serra do Sol es una reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas, hogar de 20.000 indígenas, la mayoría de ellos macaxis. En abril de 2005, el presidente Lula reconoció legalmente su carácter de reserva, poniendo fin así a una lucha de 30 años por el reconocimiento de las tierras.

Durante esos años, al menos 20 indígenas murieron y cientos más recibieron palizas y perdieron sus hogares y animales a manos de terratenientes locales, colonos y miembros de la policía militar.

El gobierno estatal sigue oponiéndose al proceso de demarcación, apoyando los asentamientos ilegales en la zona y a los arroceros, quienes, a pesar de habérseles ofrecido una indemnización por abandonar la zona, han continuado ilegalmente con sus explotaciones en las tierras indígenas. Altos cargos del ejército también han criticado la existencia de la reserva por considerarla una amenaza a la soberanía nacional.

En abril, el Tribunal Supremo suspendió una operación de la policía federal de desalojo de arroceros hasta que ser resolviera un recurso interpuesto contra el proceso de ratificación por el gobierno del estado y algunos diputados federales. En agosto se suspendió la vista en el Tribunal Supremo tras pedir uno de los magistrados tiempo para estudiar más a fondo el asunto.

Ocho de los once jueces del Supremo votaron a favor de mantener la demarcación original de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol –cuya constitucionalidad había sido impugnada por los políticos estatales y los agricultores locales– como una zona única sin divisiones. Sin embargo, la resolución definitiva del caso se ha aplazado hasta el año próximo tras pedir uno de los magistrados restantes tiempo adicional para estudiar en más profundidad el asunto.

Si bien esta decisión, adoptada por la mayoría de votos de los magistrados del alto tribunal, garantiza la integridad de la reserva, Amnistía Internacional ha manifestado su inquietud en relación con el aplazamiento de la decisión definitiva. Esa demora supone que la orden de desalojo dictada contra los cultivadores de arroz a gran escala, que operan ilegalmente en la reserva, quedará de nuevo en suspenso un plazo adicional.

Los arroceros han protagonizado actos de agresión e intimidación contra los pueblos indígenas que viven en la reserva de Raposa Serra do Sol. Por ejemplo, en mayo de 2008, unos enmascarados arrojaron cócteles molotov y dispararon hiriendo a 10 indígenas. Más recientemente ha habido otros informes de ataques con cócteles molotov, y también de disparos al aire realizados por hombres que pasaban en motocicleta cerca de las zonas indígenas.

Patrick Wilcken, del equipo de investigación y acción sobre Brasil en Amnistía Internacional, ha declarado: “Es fundamental que todos estos incidentes se investiguen minuciosamente y que se proporcione total protección a los pueblos indígenas mientras se espera la decisión final de Tribunal Supremo.”

Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno de Brasil que desarrolle la decisión del Tribunal Supremo completando el proceso de ratificación de las tierras cuya situación aún queda pendiente, y que debería haber concluido hace tiempo, como las de los guaraníes en Mato Grosso do Sul.

“Ese será el único modo de garantizar el fin de la violencia y de la privación de social que siguen sufriendo los pueblos indígenas", concluye Patrick Wilcken.