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El lunes, 13 de julio, fue excarcelado, tras un indulto presidencial, un preso palestino que llevaba 15 años en la cárcel por un asesinato que siempre negó haber cometido.

Yusuf Cha'ban, refugiado palestino residente en Líbano, fue condenado en 1994 a cadena perpetua por el Consejo de Justicia, tras ser declarado culpable del homicidio de un diplomático jordano, Na'ib Omran al-Ma'aita, en Beirut.

En el juicio, Yusuf Cha'ban afirmó que lo habían torturado bajo custodia y  declaró que era inocente. Permaneció en prisión aun cuando un tribunal jordano concluyó en 2002 que los responsables eran otros, y los declaró culpables del asesinato del diplomático.

En virtud de la legislación libanesa, no pueden recurrirse ni revocarse los fallos del Consejo de Justicia y, por lo tanto, resulta muy difícil rectificar los errores judiciales.

Yusuf Cha'ban fue excarcelado tras recibir un indulto especial del presidente libanés Michel Suleiman, en reconocimiento del grave error judicial cometido en su caso.

No está claro por qué los predecesores del presidente Suleiman no tomaron esta medida. En junio de 2007, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria calificó de arbitraria la prolongada reclusión de Yusuf Cha'ban e instó a las autoridades libanesas a remediar su situación.

A Yusuf Cha'ban le dieron una calurosa acogida cuando regresó a casa en el campo de refugiados de Burj al-Barajneh del sur de Beirut. Lo recibió una multitud, las mujeres le arrojaron arroz y flores para celebrar su vuelta y algunos hombres lo llevaron a hombros.

"No lo dejaré sólo ni un minuto, es mi nuevo amigo," dijo su hija Hanin a los periodistas que habían acudido para informar sobre la excarcelación de Yusuf Cha'ban. Esta adolescente creció visitando a su padre en la cárcel.

Amnistía Internacional acoge con gran satisfacción la liberación de Yusuf Cha'ban.  Ya en diciembre de 2007, la organización había instado a las autoridades libanesas a llevar a cabo una revisión urgente e independiente de su caso.

Asimismo, Amnistía Internacional sigue pidiendo la reforma o abolición del Consejo de Justicia, órgano que incumple las normas internacionales sobre garantías procesales.  Se considera por lo general que en el Consejo de Justicia influyen consideraciones de orden político. Sus vistas sufren a menudo prolongados retrasos que socavan el derecho a un juicio justo y sus sentencias no se pueden recurrir, ni siquiera en casos de pena de muerte.