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Chuckie Taylor, hijo del ex presidente de Liberia Charles Taylor, fue declarado culpable de tortura y otros delitos relacionados por un tribunal estadounidense el jueves 30 de octubre.

Taylor podría ser condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua por los delitos cometidos en Liberia cuando era jefe de la Unidad Antiterrorista del ex presidente liberiano, entre otros, aplicar descargas eléctricas en los genitales, quemar a las víctimas con cigarrillos y hierros calientes y derretir plástico en las heridas y frotarlas con sal.

Según informes de prensa, está previsto que el fallo se emita el 9 de enero de 2009. Se le acusa de cometer actos de tortura entre 1999 y 2003.  

Se trata de la primera condena en virtud de la Ley de Ayuda para las Víctimas de la Tortura de Estados Unidos dictada desde la entrada en vigor de la ley, en 1994. Chuckie Taylor es también la primera persona juzgada y condenada por crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la década de conflicto de Liberia, que acabó en 2003.

El juicio de Chuckie Taylor (también conocido como Roy Belfast, Jr, Charles Taylor II y Charles MacArthur Emmanuel) comenzó el 28 de septiembre de 2008 en Miami, donde Taylor había sido detenido inicialmente por falsificación de pasaporte, ante la Corte Federal de Primera Instancia del distrito sur de Florida.

La ley federal contra la tortura autoriza a las cortes federales estadounidenses ejercer la jurisdicción universal sobre personas halladas en Estados Unidos y sospechosas de actos de tortura cometidos en cualquier lugar del mundo. La ley se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los que se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde se cometieron los delitos.

El juicio de Chuckie Taylor tuvo lugar al mismo tiempo que su padre, Charles Taylor, era juzgado en el Tribunal Especial para Sierra Leona de La Haya. El ex presidente, juzgado por delitos presuntamente cometidos en Sierra Leona, se enfrenta a 11 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El conflicto de Liberia se caracterizó por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1989 y 2003. En 2006, un nuevo gobierno subió al poder. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha sido investigado y procesado en Liberia por tortura o cualquier otro crimen contra el derecho internacional.

Además, el gobierno liberiano no ha promulgado la legislación necesaria que tipifique la tortura como delito en la legislación nacional con arreglo a la definición de la Convención contra la Tortura. Amnistía Internacional cree que, del mismo modo que los fiscales estadounidenses han comenzado ya a asumir sus responsabilidades, en virtud de la Convención contra la Tortura, de investigar y procesar a las personas sospechosas de haber cometido crímenes contra los ciudadanos de Liberia, el gobierno de este país debería promulgar y aplicar sin demora las leyes necesarias.