Brasil: Cesión de tierras en disputa al estado

En Brasil, se ha puesto fin a un antiguo conflicto sobre tierras que enfrentaba a los movimientos de trabajadores sin tierra y a una empresa multinacional suiza, y que costó la vida a dos hombres.

La empresa agroquímica Syngenta ha cedido su granja experimental en el estado de Paraná al gobierno estatal, poniendo fin al conflicto violento sobre esa tierra.

Syngenta cedió la finca al gobierno del estado de Paraná el 14 de octubre de 2008. El gobierno ha prometido utilizar la tierra para la producción de semillas autóctonas que se distribuirán a pequeños granjeros y países empobrecidos que hayan sido devastados por los huracanes.

Syngenta utilizaba la granja de 127 hectáreas situada en Santa Tereza do Oeste como terreno de pruebas para el cultivo de cosechas modificadas genéticamente. Se protestaba contra ese uso de la tierra porque podía contravenir una ley de delimitación medioambiental y porque esos terrenos se habían identificado como un posible lugar para el asentamiento de trabajadores agrícolas sin tierra.

Dos hombres murieron después de que miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) y de Vía Campesina ocupasen la granja en señal de protesta el 21 de octubre de 2007. La intervención de 40 empleados de NF Segurança -la empresa de seguridad contratada por Syngenta para proteger la finca- para expulsar ilegal y violentamente a los ocupantes causó la muerte al dirigente del MST Valmir Motta de Oliveira -conocido como Keno- y al guardia de seguridad Fabio Ferreira.

Los grupos de derechos humanos y los activistas en favor del derecho a la tierra del estado de Paraná ya habían sufrido anteriormente amenazas e intimidación de varios grupos de hacendados. En una vista pública celebrada el 18 de octubre de 2007, grupos locales de defensa de los derechos presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del estado un expediente de pruebas que destacaban las actividades de hombres armados contratados por los hacendados y las empresas agrícolas. Según el informe, estos hombres armados actúan sin supervisión ni control legal, y a menudo utilizan métodos violentos e ilegales para desalojar por la fuerza, amenazar y atacar a los activistas en favor del derecho a la tierra.

Varias investigaciones oficiales sobre la conducta irregular e ilícita de NF Segurança, incluida la investigación sobre el homicidio de Keno, dieron como resultado la revocación de su licencia. Sin embargo, la empresa sigue funcionando en espera de la apelación.

Amnistía Internacional ha declarado que es fundamental que las autoridades federales y estatales de todo Brasil tomen medidas para controlar la proliferación de empresas de seguridad irregulares o ilegales, muchas de las cuales actúan de hecho como milicias ilegales al servicio de hacendados o de la industria agrícola.

"Es fundamental que las autoridades estatales y federales investiguen a las personas, las organizaciones o las empresas que utilicen empresas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos o actos delictivos", ha dicho Susan Lee, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América. "Quienes no cumplan con su deber de examinar o supervisar adecuadamente a su empresa de seguridad deben rendir cuentas de sus actos".  
 
Ante el próximo inicio del juicio de los acusados de los homicidios de Keno y de Fabio Ferreira en el mes de noviembre, Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen que cumple las normas internacionales sobre juicios justos.

"Es fundamental que las personas verdaderamente responsables de estas muertes comparezcan ante la justicia y que se ponga fin al largo historial de impunidad por los homicidios en zonas rurales y a la protección de los intereses creados de los poderes políticos y económicos", ha declarado Susan Lee.