Las políticas del gobierno del Reino Unido en la 'guerra contra el terror' entrañan riesgo de tortura

"Señor Tony Blair… ¿Querría usted responder a mi pregunta? ¿Por qué está mi padre encarcelado? ¿Por qué está en esa bahía de Guantánamo, que está tan lejos?" Anas al-Banna, hijo de Jamil al-Banna, en una carta al Primer Ministro británico.


Dos personas residentes en el Reino Unido, el jordano Jamil al-Banna y el iraquí Bisher al-Rawi, fueron detenidas en Gambia en 2002, trasladadas a una base estadounidense en Afganistán y conducidas luego a Guantánamo. Las autoridades británicas estuvieron implicadas en su transferencia ilegal a las fuerzas de EEUU para dejarlas bajo su custodia.

El gobierno británico se ha negado hasta la fecha a elevar una protesta formal en favor de estos dos hombres y de un tercer residente del Reino Unido, el libio Omar Deghayes. Un examen judicial completo de esta negativa está pendiente.

El gobierno británico se ha negado igualmente a presentar una protesta en favor de al menos otros cinco residentes del Reino Unido que también permanecen recluidas en Guantánamo.

A pesar de que Tony Blair ha declarado que Guantánamo es "una anomalía a la que en algún momento habrá que poner fin", su gobierno no ha acompañado estas palabras de hechos firmes. El Reino Unido debe oponerse al ultraje que las instalaciones de la base naval estadounidense de Guantánamo representa para los derechos humanos y pedir su cierre.

Asimismo, el gobierno británico está intentado menoscabar la prohibición absoluta de la tortura mediante la expulsión de personas a las que califica de "presuntos terroristas internacionales " y de "amenaza para la seguridad" a lugares donde están claramente expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos.

Para ello, negocia "garantías diplomáticas" - en acuerdos bilaterales denominados memorandos de entendimiento - con gobiernos de países donde la tortura y otros malos tratos constituyen un persistente problema. El gobierno del Reino Unido ha firmado memorandos de entendimiento con Jordania, Libia y Líbano, y está negociando acuerdos similares con Argelia y Egipto.

De hecho, con su política y su actuación, el gobierno del Reino Unido está transmitiendo a otros gobiernos un mensaje de aprobación para que cometan abusos contra los derechos humanos. El informe Reino Unido - Los derechos humanos, una promesa incumplida examina los perjudiciales efectos que la política antiterrorista británica está teniendo dentro y fuera del Reino Unido.

Desde los atentados de EEUU del 11 de septiembre de 2001, las autoridades británicas han aprobado una serie de nuevas leyes que contravienen en algunas de sus disposiciones el derecho de los derechos humanos y cuya aplicación ha sido causa de graves abusos contra los derechos humanos y ha puesto en peligro la independencia del poder judicial. Entre ellas figura una nueva ley antiterrorista, actualmente en el Parlamento, que, si se promulga, menoscabará el derecho a la libertad de expresión y asociación, a no ser privado de libertad y a un juicio justo.