Represión implacable en Myanmar

Cuando hoy, lunes día 10 de diciembre, el grupo de personalidades denominado “The Elders” se reúna en Sudáfrica para iniciar las actividades conmemorativas del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, echará en falta la presencia de una de sus integrantes.

El equipo internacional de mediadores compuesto por personalidades de reconocido prestigio a escala mundial –entre ellas, Nelson Mandela y Mary Robinson– pondrá la enorme experiencia que acumula como colectivo al servicio de las crisis mundiales para tratar de resolverlas. Sin embargo, una de esas personalidades –una persona que ha trabajado de manera infatigable en favor de los derechos humanos– no podrá aportar su experiencia.

Daw Aung San Suu Kyi continúa bajo arresto domiciliario en Myanmar (antes Birmania), situación en la que lleva 12 de los últimos 18 años.

Aung San Suu Kyi es una de las más de 1.850 personas detenidas en Myanmar por participar en acciones pacíficas, cifra que se ha incrementado hace tan solo unos meses con motivo de la represión de manifestaciones que ha tenido lugar recientemente en el país.

Se cree que han sido detenidas miles de personas durante la ola de represión y Amnistía Internacional calcula que actualmente hay unas 700 que siguen recluidas. Estas cifras contrastan de forma patente con lo que afirman las autoridades myanmaras, según las cuales sólo siguen en detención 80 personas, contra las que se emprenderán acciones judiciales. Estas personas han sufrido malos tratos y, en algunos casos, tortura.

Se cree que al menos 20 personas han sido condenadas a penas de hasta nueve años y medio en relación con las manifestaciones, en actuaciones probablemente secretas y muy deficientes.

Si bien el número de detenciones ha descendido desde el 29 de septiembre, el personal de seguridad del Estado ha seguido buscando y deteniendo a personas concretas sospechosas de participar en las protestas prodemocráticas, fundamentalmente asaltando sus domicilios por la noche. Estas acciones contradicen el compromiso de que no habría más detenciones, formulado a primeros de noviembre por el gobierno de Myanmar al representante especial de la ONU Ibrahim Gambari.

Amnistía Internacional pide con urgencia al gobierno de Myanmar que ponga fin a las detenciones y que deje en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por el mero hecho de ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Entre esas personas se cuentan tanto los presos y presas de conciencia detenidos recientemente como los que llevan largo tiempo recluidos.