Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

28 enero 2009

Generar confianza y respeto por los derechos humanos

Generar confianza y respeto por los derechos humanos

Quienes vieron cómo juraba su cargo Barack Obama el 20 de enero formaban parte de una trascendental celebración en la que lo que antes parecía imposible se estaba convirtiendo en realidad. Desde pueblos aislados hasta ciudades de crecimiento descontrolado, millones de personas se sintieron incluidas en el mensaje de esperanza y posibilidad de cambio que transmitía el nuevo presidente.

En su discurso de investidura, el presidente Obama calificó de “falsa” la elección entre seguridad y respeto por los derechos humanos. Ha pasado rápidamente de las palabras a los hechos, dictando tres órdenes ejecutivas con las que cumple la promesa de poner fin a algunas de las políticas más polémicas de la “guerra contra el terror” emprendida por el anterior gobierno.

Ha ordenado el cierre, en el plazo de un año, del centro de detención de Guantánamo, símbolo de la indiferencia del anterior gobierno hacia los derechos humanos.

Ha ordenado el cierre de todos los centros de detención a largo plazo de la CIA, a la que ha prohibido utilizarlos en el futuro.

Ha prohibido los métodos más duros utilizados por la CIA en su programa de detención secreta, un programa en el que se ha cometido tortura y se han producido desapariciones forzadas que, en ambos casos, constituyen crímenes contra el derecho internacional

Amnistía Internacional hará campaña para garantizar que las medidas destinadas a poner en práctica estos cambios son plenamente conformes a las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.

Tal y como ha reconocido el nuevo presidente, queda mucho por hacer. Este es sólo el comienzo de un proceso que debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo.

El presidente Obama ha ordenado al secretario de Defensa que revise las condiciones de detención en Guantánamo. Pero el aislamiento y la severidad de las condiciones de estimulación sensorial reducida que soportan los presos de Guantánamo son un reflejo de las condiciones en algunas de las prisiones de “super máxima” seguridad más duras de Estados Unidos.

Las autoridades federales deben revisar las condiciones penitenciarias en el territorio continental estadounidense y garantizar que ninguna persona sufre trato cruel, inhumano o degradante.

Debe existir rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades o en su nombre, ya sea en Irak, Afganistán, Guantánamo o en el marco del programa de detención secreta. Con la voluntad política y supervisión independiente necesarias pueden repararse los daños causados al Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos.

En su discurso de investidura, el presidente Obama reiteró los principios y valores fundamentales consagrados en el derecho internacional, como la “promesa de que todos somos iguales […] y todos merecemos la oportunidad de buscar la máxima felicidad”.

Lo cierto es que en Estados Unidos, uno de los países más prósperos del mundo, millones de ciudadanos y ciudadanas continúan viviendo en la pobreza. Siguen existiendo evidentes desigualdades raciales en la vivienda, la atención a la salud, el empleo, la educación y el sistema de justicia penal.

De los 46 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico, más de la mitad pertenece a minorías étnicas o raciales. Dos tercios de las personas sin seguro tienen ingresos cercanos o inferiores al Umbral Federal de Pobreza.

La promesa del presidente Obama de mejorar la calidad de la atención a la salud y reducir su coste debe aplaudirse por ser un paso importante, pero debe ir respaldado por medidas prácticas y financiación adecuada que garanticen el acceso universal a la atención a la salud.

Los malos tratos en las cárceles y bajo custodia policial continúan siendo motivo de honda preocupación en muchas zonas, al igual que también lo es el creciente uso de armas de electrochoque, como las pistolas Taser, por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos. En los últimos años, las armas Taser han estado ligadas a decenas de muertes. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno federal que amplíe la investigación en curso sobre las muertes y suspenda el uso de esas armas o lo limite a situaciones en las que sea necesario proteger la vida y evitar el uso de armas de fuego.

Las minorías raciales son víctimas de brutalidad policial, hostigamiento y disparos ilegítimos en mayor proporción. Los hombres de raza negra tienen 6,5 veces más posibilidades de ser encarcelados que los de raza blanca, y el número de mujeres de raza negra encarceladas triplica el de las mujeres de raza blanca.

El nuevo gobierno debe ocuparse urgentemente de las causas de esta desigualdad y discriminación en el sistema de justicia penal. Es fundamental que se ponga en práctica de forma efectiva la promesa del presidente Obama de prohibir la utilización de criterios raciales por parte de los organismos encargados de hacer cumplir.

Existe una profunda interrelación entre la pena de muerte, el racismo y las privaciones. La gran mayoría de las más de 3.000 personas condenadas a muerte son demasiado pobres como para pagar a un abogado, y numerosos estudios han demostrado que la raza, especialmente la de la víctima de asesinato, influye en la aplicación de la pena de muerte.

Más de 1.000 hombres y mujeres han sido ejecutados por el Estado desde 1990. El nuevo gobierno debe apartar a Estados Unidos de esta práctica cruel, inhumana y degradante anunciando la suspensión de las ejecuciones en el ámbito federal.

En Estados Unidos, mujeres de todas las razas y clases sociales se enfrentan a la amenaza de la violencia en el ámbito familiar, la violación y los abusos sexuales. Pero el riesgo es aún mayor para las indígenas de Alaska y del resto del país, pues tienen 2,5 veces más posibilidades de sufrir abusos sexuales que otras mujeres estadounidenses. La asignación de fondos para la plena aplicación de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres podría ayudar a hacer frente al azote que supone este tipo de violencia.

El nuevo gobierno también tiene que mostrar capacidad de liderazgo para poner fin a la discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. Las medidas encaminadas a garantizar que ninguna persona es tratada como delincuente a causa de su orientación sexual o identidad de género deben formar parte de reformas legislativas integrales que garanticen el respeto por los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

El gobierno también debe tomar más medidas para ocuparse de los derechos humanos de las personas migrantes y solucionar problemas como la ausencia de las garantías procesales debidas en los procedimientos de expulsión de ciudadanos no estadounidenses, las políticas de detención obligatoria e indefinida, y las condiciones inhumanas en las que se continúa recluyendo a muchas personas detenidas por ser inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo.

En el ámbito internacional, el hecho de que Estados Unidos no haya respetado el derecho internacional ni haya participado de forma constructiva en los mecanismos de derechos humanos de la ONU ha dañado su reputación. Algo que tiene fácil remedio.

Entre otras cosas, el nuevo gobierno debe:

  • ratificar todos los tratados y protocolos internacionales básicos sobre derechos humanos y retirar las condiciones restrictivas a los tratados que se ha comprometido a respetar;
  • ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI);
  • volver a participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU;
  • promover el respeto por los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con otros países. Una medida ya adoptada por el nuevo gobierno y que se ha acogido con satisfacción ha sido la eliminación de la “regla de la mordaza global”, que prohibía la financiación federal de organizaciones internacionales que ofrecen servicios de atención a la salud reproductiva, como abortos seguros y legales, o simplemente los defienden.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al nuevo gobierno para que elimine las restricciones restantes y aumente la asignación de fondos para programas que se ocupen de la salud reproductiva, la salud materna y las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/sida.

En cuanto a la tragedia que sigue viviéndose en Darfur, Estados Unidos ha alzado claramente la voz en favor de los millones de víctimas del conflicto. Pero puede y debe hacer más. Debe ofrecer financiación y material a la fuerza de mantenimiento de la paz. Debe reforzar el embargo de armas y apoyar a la CPI. Debe oponerse a los intentos de aplazar la causa interpuesta por la CPI contra el presidente Al Bashir.

En respuesta a la situación en Oriente Medio y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, Estados Unidos debe apoyar que una misión de investigación de la ONU investigue sin dilación y de forma exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por todas las partes durante el conflicto en Gaza y el sur de Israel. Debe imponer un embargo total de armas a ambas partes y hacer que los derechos humanos sean parte fundamental de las iniciativas para reactivar el proceso de paz en Oriente Medio.

La respuesta a esta y otras crisis internacionales marcará la “nueva era de responsabilidad” prometida por el presidente Obama.

La corriente de apoyo a la elección de Barack Obama y sus primeras órdenes ejecutivas supone el afianzamiento de una esperanza duradera para un mundo que ha vuelto a colocar los valores consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, creada hace 60 años por Estados Unidos y otros países, en el centro de la agenda política estadounidense e internacional.

Más información

Las órdenes del presidente Obama sobre los interrogatorios y la CIA, decisiones históricas (comunicado de prensa, 23 de enero de 2009)

EE. UU.: La orden ejecutiva para cerrar Guantánamo, un gran paso adelante (noticia, 22 de enero de 2009)

La suspensión de las actuaciones ante tribunales militares en EE. UU., un primer paso positivo (noticia, 22 de enero de 2009)

País

Afganistán 
Irak 
Israel y los Territorios Palestinos Ocupados 
Autoridad Palestina 
EE. UU. 

Región

América 

Tema

Conflictos armados 
Pena de muerte 
Detención 
Economic, Social and Cultural Rights 
Medical And Health 
Poverty 
Naciones Unidas 

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