¿Otro Guantánamo en Malaisia? Detención indefinida y peligro de tortura

“No deberíamos consentir que se prive a nadie de los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. Y no deberíamos consentir que se prive a nadie de los derechos humanos en nombre de la 'guerra contra el terror'.” - Chang Lih Kang, 17 marzo 2006

En respuesta al llamamiento de la ONU por el cierre Guantánamo, el primer ministro de Malaisia, Abdullah A. Badawi, pidió el 20 de febrero de 2006 a EEUU que cierre el centro de detención. "Mucha gente opina que el campo debe cerrarse porque las fotografías y las historias sobre él demuestran que se trata de una prisión en la que se infligen torturas", fueron sus palabras.

Los grupos de derechos humanos malaisios han pedido al primer ministro que aplique ese mismo principio al Centro de Detención de Kamunting, en Malaisia, donde se mantiene a personas recluidas sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Lih Kang, activista de la organización malaisia Movimiento para la abolición de la Ley de Seguridad Interna, ha declarado: "Es un dirigente que utiliza un doble rasero".

En virtud de la Ley de Seguridad Interna, una persona puede permanecer detenida hasta 60 días en lugares secretos y en régimen de aislamiento, a menudo en celdas sin ventanas donde pierde todo sentido del tiempo y corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

A las personas detenidas las han agredido, las han obligado a desnudarse, privado de sueño, comida y agua, las han amenazado con hacer daño a su familia y las han sometido a interrogatorios prolongados o agresivos para obligarlas a confesar o a dar información.

Al cabo de dos meses, el gobierno puede dictar una orden de detención de dos años y trasladar al detenido al Centro de Detención de Kamunting, donde puede permanecer indefinidamente sin que se le lleguen a imputar cargos o se le juzgue ante un tribunal de justicia.

Desde 2001, el gobierno malaisio ha tratado de justificar la Ley de Seguridad Interna como una herramienta necesaria para combatir el terrorismo. Pero esta ley se promulgó hace más de 40 años, y los sucesivos gobiernos malaisios la han estado usando para promover la seguridad a expensas de los derechos humanos.

En el contexto de la "guerra contra el terror", centenares de personas acusadas de ser islamistas radicales han sido detenidas como sospechosas de estar relacionadas con redes terroristas. Al menos 70 –muchas de ellas detenidas desde 2001– permanecen recluidas en virtud de la Ley de Seguridad Interna.

Las leyes de "emergencia" de Malaisia desprecian las salvaguardias de derechos humanos contenidas en la Constitución malaisia y en las normas internacionales de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Malaisia, AI y otras ONG han pedido repetidamente que se derogue o se reforme la Ley de Seguridad Interna para garantizar el respeto de los derechos humanos.