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Europa no debe aceptar “garantías diplomáticas” contra la tortura

12 abril 2010

Los países europeos deben rechazar de una vez por todas la peligrosa práctica de aceptar las promesas de “ausencia de tortura” de gobiernos con demostrados historiales de tortura, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy lunes. 

Dangerous Deals: Europe’s Reliance on “Diplomatic Assurances” against Torture explica cómo algunos gobiernos europeos intentan enviar a extranjeros a los que consideran una amenaza para la seguridad nacional a países donde están expuestos a sufrir tortura u otros malos tratos basándose en “garantías diplomáticas” de que recibirán un trato humano a su llegada, a pesar de que se trata de garantías poco creíbles y cuyo cumplimento no se puede exigir. 

“No se puede confiar en las garantías contra la tortura de gobiernos que practican de manera habitual tal abuso –ha manifestado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en antiterrorismo y derechos humanos en Europa–. Los gobiernos europeos que aceptan estas promesas vacías menoscaban la prohibición absoluta de la tortura.”

“La mejor forma de impedir la tortura es no enviar a nadie a lugares donde corra el riesgo de sufrir daños.”

El informe se centra en el uso de garantías diplomáticas por parte de varios gobiernos europeos para justificar la devolución, extradición u otras formas expulsión de extranjeros considerados una “amenaza para la seguridad nacional”. 

Pidiendo garantías de que estas personas recibirán un trato humano, los gobiernos dan por hecho que su transferencia es “respetuosa de los derechos humanos”. 

En el informe se cuestiona este supuesto con investigaciones y análisis sobre cómo las garantías diplomáticas amenazan la prohibición mundial de la tortura y otros malos tratos y cómo las deficiencias inherentes a la práctica han sido causa de que algunas personas hayan sufrido tortura y malos tratos. 

El informe contiene investigaciones sobre 12 países, a saber: Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y Suecia. 

El uso de garantías diplomáticas contra la tortura ha aumentado considerablemente desde los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Algunos Estados han elaborado leyes y políticas específicas que recogen la práctica. 

Sami Ben Khemais Essid fue expulsado de Italia a Túnez en junio de 2008 tras haber prometido las autoridades tunecinas que no sería sometido a malos tratos bajo custodia allí. Sin embargo, ocho meses después de su llegada, denunció que había sido torturado durante su interrogatorio en el Ministerio del Interior tunecino. Similares violaciones de derechos humanos han sufrido personas devueltas a otros países, como Egipto y Rusia. 

En el Reino Unido, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración va a examinar esta semana el caso de un ciudadano de Etiopía expuesto a ser devuelto allí en virtud de un “memorando de entendimiento” entre ambos países en el que se promete supuestamente que no será sometido a tortura ni malos tratos a su llegada. 

En Alemania, un ciudadano turco se halla a la espera de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la intención del gobierno de expulsarlo a Turquía dado que las autoridades turcas han ofrecido garantías de que estará a salvo en la cárcel allí. Dinamarca y Suecia han manifestado públicamente que no descartan el uso de garantías diplomáticas en el futuro. 

“Los gobiernos europeos deben reafirmar su compromiso con el principio fundamental de la protección de los derechos humanos, lo cual supone proteger a las personas de los abusos cumpliendo las obligaciones internacionales. Las garantías diplomáticas no ofrecen tal protección, por lo que debe renunciarse ya a la práctica de basarse en ellas”, ha afirmado Julia Hall.

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