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En un comunicado hecho público ayer, ETA anunció “el cese definitivo de su actividad armada”, un cese que pondría fin a más de 40 años de violencia, en los que más de 800 personas han muerto y miles han resultado heridas. 

“Amnistía Internacional lleva mucho tiempo esperando que ETA anuncie el final de la violencia, una violencia que ha incluido abusos graves contra los derechos humanos, entre ellos ataques directos e indiscriminados contra amplios sectores de la población. El fin de los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA debe ser definitivo y permanente, y todos los responsables de dichos abusos deben comparecer ante la justicia”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“No se debe olvidar a las víctimas ni a sus familias. El gobierno español debe garantizarles el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”, ha añadido Nicola Duckworth. “Esta es también una oportunidad para que el gobierno español garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y reforme la legislación y las prácticas antiterroristas que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas”.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno español que elimine la detención en régimen de incomunicación, garantice a todos los detenidos el acceso inmediato y efectivo a un abogado de su elección, reforme la práctica penitenciaria de la dispersión de detenidos o presos sospechosos o condenados por delitos de terrorismo –una dispersión que los lleva a ser recluidos lejos de sus familias–, y elimine las ambigüedades de la Ley de Partidos Políticos que podrían conculcar el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión.

El 5 de septiembre de 2010, ETA anunció que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”. El 10 de enero de 2011 declaró un alto el fuego permanente y de carácter general, abierto a la verificación de la comunidad internacional. El 17 de octubre de 2011 se celebró en San Sebastián (País Vasco) una conferencia internacional a la que asistieron figuras internacionales como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan. La declaración hecha pública por ETA el 20 de octubre vino precedida por el llamamiento realizado por esta conferencia de que ETA declarara públicamente el “cese definitivo de la actividad armada”.

Amnistía Internacional ha condenado sistemáticamente los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA en el País Vasco y en el resto de España. En varias ocasiones, la organización de derechos humanos ha instado a ETA a poner fin de forma total e irreversible a los abusos contra los derechos humanos, incluidos los actos de acoso, las amenazas y otros actos violentos.