La detención de la líder de la oposición sigue centrando la atención en Myanmar

La población de Bogalay, en Myanmar, contempla el aterrizaje de un helicóptero que le trae ayuda humanitaria tras el ciclón Nargis.

La población de Bogalay, en Myanmar, contempla el aterrizaje de un helicóptero que le trae ayuda humanitaria tras el ciclón Nargis.

© AP Photo


1 junio 2009

La detención continuada de Daw Aung San Suu Kyi en Myanmar sigue centrando la atención en la situación de los derechos humanos en este país, que durante el año pasado negó derechos económicos y libertad de expresión a su población.

El actual juicio abierto contra esta líder de la oposición birmana por violar las condiciones de su arresto domiciliario tenía que haberse reanudado el lunes, pero se aplazó hasta el viernes 5 de junio. No se espera que el resultado ponga fin a su detención, que dura ya 13 de los últimos 19 años.

Daw Aung San Suu Kyi figura entre los más de 2.100 presos políticos que hay en Myanmar. En 2008 se negaron derechos económicos a muchas otras personas, situación que forma parte de los mensajes clave del Informe 2009 de Amnistía Internacional, publicado el jueves 28 de mayo, y que se hizo especialmente evidente tras el ciclón Nargis.

Hace más o menos un año, el 25 de mayo de 2008, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, logró negociar la apertura del país a la ayuda humanitaria y la asistencia internacional durante una conferencia de donantes celebrada en Yangón.

Había transcurrido casi un mes entero desde que se produjo el ciclón del 2 al 3 mayo, y en ese tiempo decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas birmanos habían sufrido innecesariamente a causa de la negativa del gobierno de Myanmar a permitir la entrada de ayuda extranjera, así como de sus obstáculos a las iniciativas de socorro tomadas dentro del país.

Amnistía Internacional documentó casos de desalojo forzoso, restricción de la libertad de circulación y obstrucción y uso indebido de la ayuda humanitaria.

Es imposible saber cuántas de las 140.000 personas que murieron o están en paradero desconocido fueron víctimas de la inacción de gobierno, más que del ciclón en sí.

No obstante, no cabe duda de que la cifra habría sido mucho más baja si el gobierno no hubiera violado los derechos económicos de sus propios ciudadanos y ciudadanas a una escala tan generalizada y sistemática.

Echando sal en la herida, al año siguiente del ciclón las autoridades han detenido al menos a 21 personas (que continúan privadas de libertad) por sus esfuerzos de ayuda a la población afectada. Estas personas son presos de conciencia. Se suman a Daw Aung San Suu Kyi en su espera de libertad y justicia.