Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

31 octubre 2007

Comunidades mexicanas en peligro por el proyecto de construcción de una presa

Comunidades mexicanas en peligro por el proyecto de construcción de una presa

En México, varios miles de personas, principalmente campesinos y miembros de comunidades indígenas en situación de pobreza, corren peligro de verse desplazadas de sus tierras por los planes de construir una presa.


El proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en el estado mexicano de Guerrero, es una empresa de gran envergadura. La presa proyectada produciría 1.527 gigavatios-hora de electricidad al año, inundaría una zona de aproximadamente 17.000 hectáreas de tierra y provocaría el desplazamiento de varios miles de personas.


Los colectivos de defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales locales han expresado graves motivos de preocupación sobre el impacto del proyecto y la manera en que el gobierno se está disponiendo a ejecutarlo. Amnistía Internacional (AI) ha documentado una serie de casos de amenazas contra personas que han hecho campaña para oponerse a la construcción de la presa.
La construcción afectará a tres municipios del estado de Guerrero, una región que cuenta con uno de los índices más elevados de marginación y registra algunos de los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.


El gobierno afirma que el número de personas que se verán desplazadas a causa del proyecto asciende a 2.981. Sin embargo, las ONG calculan que esa cifra será muy superior, 25.000, y que además el proyecto tendrá un impacto indirecto en la vida de 75.000 personas. Es posible que la construcción de la presa afecte directamente a 21 núcleos agrarios habitados por comunidades de campesinos (agricultores a pequeña escala) e indígenas. Las ONG locales han ganado varios juicios en los que quedó demostrado que se habían producido irregularidades en el proceso de consulta y la falta de información asequible y confiable sobre el proyecto. Las tensiones que ha suscitado el proyecto han desembocado en violencia en el seno de las comunidades afectadas.


Desde 2003, tres personas han sido víctimas de homicidio, tres dirigentes de grupos opuestos a la presa han sido detenidos temporalmente y varias personas han resultado heridas en incidentes relacionados, según informes, con el conflicto desencadenado por el proyecto.
Más recientemente, el 21 de abril de 2007, Rodolfo Chávez Galindo, defensor de los derechos humanos y destacado miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), fue detenido arbitrariamente por la policía, que se valió de una orden judicial que había sido anulada en 2004.
Las organizaciones de derechos humanos locales consiguieron que Rodolfo Chávez quedara en libertad ese mismo día, haciendo hincapié en que su detención ilegal había tenido motivaciones políticas. En una respuesta dirigida recientemente a Amnistía Internacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal responsable del proyecto, manifestó que no tenía ninguna injerencia en la detención de Rodolfo Chávez, ya que el asunto era de competencia de la policía y el poder judicial.
Sin embargo, en la misma carta la CFE criticaba duramente el hecho de que Rodolfo Chávez hiciera campaña en contra de La Parota. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya realizado ningún avance en la investigación oficial de la detención ilegal de Rodolfo Chávez. Actualmente las obras están en suspenso tras que ONG mexicanas, entre ellas el CECOP, impugnaran con éxito la base jurídica para la aprobación del proyecto. No obstante, las autoridades del estado de Guerrero y la CFE parecen empeñadas en superar los obstáculos legales y asegurar la construcción de la presa.


Amnistía Internacional ve con preocupación que los derechos humanos corren peligro frente a la preparación y ejecución del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota. En especial, preocupan a la organización la falta de información completa, precisa, accesible e imparcial; la falta de oportunidades para una participación genuina en los planes de desarrollo de la presa y para mitigar sus repercusiones sociales nocivas; la exclusión de mujeres y otros miembros de la comunidad del proceso de toma de decisiones; y el riesgo de que los inminentes desplazamientos de la población local puedan constituir desalojos forzosos masivos. Todas estas circunstancias plantean numerosos motivos de preocupación que México debe abordar sin demora.
Amnistía Internacional ni apoya ni se opone a la construcción de la presa La Parota y seguirá investigando sobre las preocupaciones en materia de derechos humanos que se deriven del proyecto. No obstante, la organización considera que la manera en la que el proyecto se ha ejecutado hasta el momento no ha garantizado los derechos de las personas afectadas y ha contribuido a que surjan tensiones y conflictos sociales. Ya es hora de que las autoridades federales y estatales incorporen las normas internacionales de derechos humanos al proceso de consulta y eviten que se produzcan violaciones graves de los derechos humanos.

Más información


México: Derechos humanos en peligro. Proyecto Presa La Parota (informe, 5 de agosto de 2007)

Las autoridades mexicanas no investigan los abusos de Oaxaca (artículo web, 31 de julio de 2007)

México: Cuestionar un historial de violaciones de derechos humanos (artículo web, 31 de julio de 2007)

Tema

Economic, Social and Cultural Rights 

País

México 

Región

América 

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