Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

19 enero 2010

Los candidatos a las elecciones de Sri Lanka deben poner fin a las violaciones

Los candidatos a las elecciones de Sri Lanka deben poner fin a las violaciones
Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales de Sri Lanka el 26 de enero que pongan fin a las violaciones de derechos humanos generalizadas y a la cultura de impunidad que sigue prevaleciendo en el país.

El pasado lunes, la organización de derechos humanos hizo pública una agenda de derechos humanos de 10 puntos para todos los candidatos.

“Los candidatos deben comprometerse a restablecer el respeto de derechos básicos como el derecho a la vida y a la libertad, a poner fin a la detención y prisión arbitrarias, la desaparición forzada y la tortura y a restablecer el respeto por la libertad de expresión –afirmó Yolanda Foster, especialista en Sri Lanka de Amnistía Internacional–. A la larga, lo que hace falta es reconstruir las instituciones srilankesas para que puedan proteger eficazmente y sin discriminación. Es la única manera de restablecer la confianza de la población en el sistema de justicia.”

Más de 20 candidatos se postulan para las elecciones junto al presidente, Mahinda Rajapaksa, y al general retirado Sarath Fonseka, ex comandante del ejército y jefe del Estado Mayor de la Defensa del gobierno de Rajapaksa, que son los principales contendientes. Ambos se han atribuido el mérito de la victoria militar sobre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) en mayo, y al mismo tiempo han intentado eludir la responsabilidad sobre las graves violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos cometidas.

Miles de personas murieron en la última etapa de la guerra, cuando las fuerzas gubernamentales abrieron fuego de artillería en zonas densamente pobladas por civiles. El LTTE utilizó a civiles como escudos humanos y abrió fuego contra los que intentaron escapar, causándoles la muerte. A los sobrevivientes los mantuvieron durante meses confinados a la fuerza en campos de desplazamiento custodiados por el ejército srikankés. El gobierno suavizó las restricciones sobre la libertad de circulación en diciembre, pero estos civiles necesitan asistencia y protección tanto en los campos como fuera de ellos.

“Aunque la población srilankesa se enfrenta a los abusos más recientes cometidos por ambos bandos en el último conflicto, lo cierto es que lleva años acosada por la injusticia y la impunidad –señaló Yolanda Foster–. Responder de la conducta de los combatientes y sus superiores durante los enfrentamientos armados es fundamental, pero rendir cuentas por los actos del pasado sólo es una parte del desafío. Estas elecciones podrían ser una oportunidad para mejorar la situación de los derechos humanos de millones de personas, pero esto sólo sucederá si las autoridades contraen el compromiso firme de respetar derechos y aprobar reformas.

“Se pueden adoptar medidas inmediatas para mejorar la protección de los derechos humanos. El gobierno debe revocar legislación de excepción como la Ley de Prevención del Terrorismo. Periodistas como J.S Tissanaiyagam han sido encarcelados injustamente en aplicación de estas disposiciones, mientras que cientos de personas recluidas sin cargos ni juicio simplemente están sumidas en el olvido.”

En la actualidad son más de 11.000 las personas privadas de libertad sin cargos bajo la custodia del ejército en edificios escolares y otros lugares habilitados como campos de detención en el norte de Sri Lanka. El ejército sospecha que son miembros del LTTE que huyeron de la zona de conflicto mezclados con civiles; hay varios cientos más de presuntos miembros del LTTE recluidos sin cargos ni juicio en cárceles y calabozos en otras partes del país.

Las autoridades deben dejar de utilizar lugares de detención irregulares y poner fin a la peligrosa práctica de la detención en régimen de incomunicación, que incrementa la probabilidad de tortura y desaparición forzada, sobre las cuales Amnistía Internacional ha recibido informes.

“Existe un largo historial de desapariciones forzadas y la tortura es práctica generalizada en todo Sri Lanka, sobre todo en el norte y el este del país, y en la capital, Colombo. Amnistía Internacional pide a los candidatos que se comprometan a erradicar estas prácticas y a poner la legislación nacional en consonancia con las normas internacionales”, afirmó Yolanda Foster.

La organización también pide a todos los candidatos que se comprometan a poner fin a los abusos graves contra personas que expresan opiniones disidentes, incluidos activistas de derechos humanos, abogados y periodistas.

“Sri Lanka es uno de los países más peligrosos del mundo para el trabajo de los periodistas; desde 2004 se ha dado muerte a 15, y otros muchos han tenido que esconderse por miedo a perder la vida. Se ha amenazado y agredido a abogados y activistas de derechos humanos. La gente ha dejado de confiar en el sistema de justicia y se ha producido un efecto paralizante sobre la libertad de expresión y de asociación en el país” afirmó Yolanda Foster.

“La población srilankesa está cansada del imperio de las armas y añora el Estado de derecho. Sri Lanka tiene que empezar de nuevo y poner fin a la impunidad por las violaciones del derecho humanitario y del derecho de los derechos humanos. Ya es hora de que el gobierno transforme sus promesas en verdaderas acciones y tome medidas ya para abordar los abusos” afirmó Yolanda Foster.

Unas 100.000 personas que huyeron de la zona de conflicto en el norte del país continúan en campos y dependen del gobierno para tener refugio y ayuda humanitaria. Otras muchas se encuentran en las primeras etapas de un intento de retorno o reasentamiento y siguen necesitando protección y asistencia humanitaria. Garantizar protección, ayuda y respeto a los derechos de los sobrevivientes de la guerra que se han visto desplazados y acaban de reasentarse sigue siendo un asunto de máxima prioridad.

Se ha denegado a periodistas y defensores de los derechos humanos el acceso a los campos que albergan a personas desplazadas y se ha impedido el trabajo de observación y difusión de información sobre las condiciones que afrontan los sobrevivientes y de documentación de sus experiencias en zona de guerra.

Las personas desplazadas deben tener el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a un nivel de vida adecuado.

Tema

Armed Groups 
Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
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Refugees, Displaced People And Migrants 
Tortura y malos tratos 

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