Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

22 agosto 2011

Bahréin no debe juzgar a activistas ante un tribunal militar

Bahréin no debe juzgar a activistas ante un tribunal militar

La decisión de las autoridades de Bahréin de juzgar a dos destacadas activistas ante un tribunal militar representa un paso atrás y preocupa que no sean sometidas a un juicio justo, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Roula al Saffar, presidenta de la Sociedad de Enfermería de Bahréin, y Jalila al Salman, vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Bahréin, han sido puestas en libertad bajo fianza tras haber permanecido encarceladas durante varios meses por su participación en manifestaciones a favor de reformas.

Roula al Saffar será juzgada el próximo domingo junto con otros 13 profesionales de la salud ante el Tribunal de Seguridad Nacional, un tribunal militar, a pesar de que tanto Roula como Jalila al Salman, que también será juzgada por el mismo tribunal al día siguiente, son civiles.

“Aunque celebramos la liberación tardía de Jalila al Salman y Roula al Saffar, resulta sumamente preocupante que vayan a ser sometidas a juicio ante un tribunal militar, ya que podrían ser encarceladas de nuevo la semana que viene”, ha expresado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“La población civil nunca debe ser juzgada ante tribunales militares. El Tribunal de Seguridad Nacional ha sido una parodia de la justicia y una mancha en el compromiso de las autoridades bahreiníes de respetar el Estado de derecho”, ha afirmado.

Las dos activistas fueron puestas en libertad bajo fianza el domingo, después de que el presidente de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, el catedrático Cherif Bassiouni, fuese a visitarlas el sábado a la cárcel.

Roula al Saffar se encontraba entre el grupo de profesionales de la salud acusados de cometer graves delitos durante las manifestaciones que comenzaron en febrero, incluido el robo de medicamentos. El grupo niega rotundamente tales acusaciones.

Jalila al Salman se enfrenta a un juicio por cargos como “incitar al odio contra el régimen” y “pedir el derrocamiento y el cambio de régimen por la fuerza”.

Jalila compareció varias veces en junio ante el Tribunal de Seguridad Nacional antes de que su caso fuese transferido a un tribunal civil y pospuesto hasta nuevo aviso.

Más adelante, ese mismo mes, el monarca de Bahréin anunció que todos los juicios relacionados con las manifestaciones de febrero y marzo que fuesen a celebrarse ante tribunales militares serían trasladados a tribunales civiles.

No obstante, el 18 de agosto el monarca dio marcha atrás y emitió un decreto por el que se establece claramente que las nuevas medidas no serán de aplicación para todos los manifestantes arrestados.

El decreto estipula que aquellas personas acusadas de un delito grave serán juzgadas ante el Tribunal de Seguridad Nacional si su caso ya se había remitido previamente a dicho tribunal, que fue creado cuando el monarca declaró el estado de excepción durante el momento álgido de las manifestaciones de marzo.

La nueva ley significa que muchas de las personas detenidas durante las protestas ahora pueden ser juzgadas ante tribunales militares.

“Las autoridades de Bahréin han dado un giro de 180 grados: tras afirmar que los tribunales militares eran un elemento del pasado, ahora parece que esos tribunales se están recuperando para satisfacer la voluntad del gobierno”, ha expresado Malcolm Smart.

“Cualquier persona acusada de un delito penal reconocible internacionalmente debe ser sometida de inmediato a un juicio justo ante un tribunal civil.”

Según organizaciones locales de derechos humanos, muchos profesores y miembros de la Asociación de Profesores de Bahréin fueron detenidos, agredidos y torturados o maltratados de aguna forma mientras se encontraban bajo custodia por su participación en las manifestaciones de principios de año.

Desde el comienzo, en febrero, de las manifestaciones a favor de reformas en Bahréin, al menos 500 personas han sido detenidas y cuatro han muerto en extrañas circunstancias bajo custodia. Más de 2.500 personas han sido despedidas o expulsadas de sus puestos de trabajo.

Se espera que el equipo de investigación de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, compuesto por cinco miembros, emita en octubre un informe con sus conclusiones.

Más información

 

Bahréin: Huelga de hambre de activistas encarceladas (noticia, 3 de agosto de 2011)

 

 

Tema

Activistas 
Revueltas en Oriente Medio 
Juicios y sistemas judiciales 

País

Bahréin 

Región

Oriente Medio y Norte de África 

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