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Varias organizaciones internacionales y locales de derechos humanos han instado hoy a las autoridades nepalíes a que dejen de obstruir las actuaciones penales sobre el caso de Maina Sunuwar, de 15 años, presuntamente torturada y asesinada por cuatro miembros del ejército.

En una carta abierta dirigida al fiscal general de Nepal, profesor Bharat Bahadur Karki, con motivo del sexto aniversario de la muerte de Maina Sunuwar, las organizaciones piden que ponga fin a los obstáculos que impiden que los militares sean juzgados.

Éstos están acusados de someter a Maina a prolongados simulacros de ahogamiento y a descargas eléctricas de 220 voltios que le causaron la muerte. Su cuerpo fue enterrado clandestinamente, aunque posteriormente fue exhumado, en unas instalaciones militares donde reciben adiestramiento los miembros nepalíes de las fuerzas de paz de la ONU.

“Los políticos nepalíes hablan continuamente de llevar el proceso de paz a su ‘conclusión lógica’, pero ¿qué hay de ‘lógico’ en un proceso de paz que permite que las personas acusadas de matar a una adolescente sigan en libertad o en unos organismos de orden público que no respetan a los tribunales?”, ha declarado Mandira Sharma, directora de Advocacy Forum - Nepal.

La carta coincide con la publicación de un análisis completo del caso realizado por la ONG nepalí Advocacy Forum.

Ambos documentos ponen de relieve múltiples deficiencias en la actuación de las autoridades para investigar y enjuiciar a los responsables del asesinato de Maina, junto con los de cientos de personas más cometidos durante los diez años del conflicto entre los maoístas y el gobierno, que finalizó en 2006.

Las organizaciones exigen justicia para la familia de Maina después de que una investigación realizada por el ejército nepalí concluyera en el sometimiento de tres soldados a un consejo de guerra sólo por infracciones disciplinarias menores.

A pesar de la resolución de septiembre de 2007 del Tribunal Supremo, en la que dictaminaba que el caso pertenecía a la jurisdicción civil, y de las posteriores órdenes de detención dictadas en enero de 2008 por el Tribunal de Distrito de Kavre, el ejército se niega a colaborar y la policía no ha practicado ninguna detención. El ejército de Nepal protege a uno de los cuatro acusados, el comandante Niranjan Basnet, en lugar de entregarlo para que sea juzgado.

“El hecho de que no se haya detenido y enjuiciado a las personas acusadas del asesinato de Maina revela con toda claridad la debilidad que desde hace tiempo aqueja al sistema de justicia de Nepal. Esto convierte en una burla las promesas de los políticos de abordar los abusos contra los derechos humanos y poner fin a la impunidad como parte del proceso de paz. El gobierno debe garantizar ahora que los acusados de la muerte de Maina son detenidos y rinden cuentas de sus actos ante un tribunal de justicia”, ha manifestado Donna Guest, directora del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

La repatriación a Nepal, el 12 de diciembre de 2009, del comandante Basnet, que formaba parte de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Chad, suscitó esperanzas de que fuera detenido. Pero, más de dos meses después, el ejército sigue protegiéndolo y aún no ha comparecido ante un tribunal.

“Un gobierno que envía a miles de soldados a misiones de paz de la ONU debe adoptar medidas para garantizar que no se envía a otro país a ninguna persona acusada de violaciones graves de derechos humanos. Esto es esencial, no sólo para la integridad del ejército de Nepal, sino para la credibilidad del gobierno al abordar violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”, ha declarado Birendra Thapaliya, de FOHRID.

En contra de las instrucciones del primer ministro de Nepal, el ministro de Defensa, Bidhya Bhandari, ha adoptado públicamente la postura de que con el consejo de guerra el caso queda cerrado. Sin embargo, dado que el consejo de guerra no abordó la tortura y el asesinato, sino que optó por los cargos menos graves de “indisciplina y no seguir los procedimientos”, los acusados no han sido juzgados aún por el asesinato de Maina Sunuwar.

“Sacar a una muchacha de 15 años desarmada de la cama y torturarla ahogándola y electrocutándola hasta matarla va mucho más allá de las infracciones disciplinarias abordadas por el consejo de guerra. Sean los sospechosos funcionarios del Estado o maoístas, deben ser juzgados por su responsabilidad penal respecto de estos graves delitos por un tribunal civil imparcial e independiente”, ha afirmado Sushil Pyakhurel, de Accountability Watch Committee.

La muerte de Maina se ha convertido en un símbolo de la injusticia y la ausencia de rendición de cuentas generalizadas que hoy experimentan miles de personas en Nepal. A pesar de que en este caso el centro de atención es el ejército de Nepal, también hay miembros del Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto, abusos que siguen igualmente sin resolverse.

“No respetar e incumplir una decisión del Tribunal Supremo de Nepal y no ejecutar unas órdenes de detención válidas transmite una señal de ausencia de ley. Garantizar un recurso legal y un juicio con las debidas garantías ante un tribunal civil en este caso transmitirá el mensaje, muy necesario, de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, lo que reforzará las bases del proceso de paz de Nepal”, ha declarado Roger Normand, director del Programa de Asia y Oceanía de la Comisión Internacional de Juristas.

Devi Sunuwar, madre de Maina, dijo que confiaba en que la resolución del caso contribuyera a poner fin al ciclo de impunidad en el que Nepal está atrapado.

“Hoy, seis años después del asesinato de mi hija Maina, siento una gran tristeza por su pérdida, pero también por los miles de madres, padres, hermanos y hermanas que a lo largo y ancho de este país afrontan una lucha similar para encontrar paz y justicia”, afirmó.