Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

11 mayo 2010

Las autoridades mexicanas deben ayudar a comunidad asediada por grupo armado

Las autoridades mexicanas deben ayudar a comunidad asediada por grupo armado

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que protejan a una comunidad indígena asediada por más de 30 paramilitares armados que tienen vínculos con uno de los principales partidos políticos del país.

Las 700 personas que viven en San Juan Cópala, en la región indígena triqui del estado de Oaxaca, se encuentran prácticamente aisladas del mundo exterior. Tienen restringido el acceso a alimentos y al suministro eléctrico y el grupo armado ha cortado también el suministro de agua. Las personas que han tratado de romper el bloqueo han sufrido amenazas, agresiones o han resultado muertas.

Según los informes, el grupo paramilitar, conocido como Ubisort, tiene vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido político que gobierna en Oaxaca. La semana pasada una defensora local de los derechos humanos y un observador internacional de derechos humanos murieron a manos de hombres armados pertenecientes a Ubisort cuando se dirigían a ayudar a la comunidad.

"A los habitantes de San Juan Cópala se les niegan derechos humanos básicos, por lo que las autoridades deben actuar para garantizar su seguridad y el acceso a servicios básicos, como alimentos y agua", ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

"Es necesario que el gobierno ponga fin a la violencia de los grupos armados que actúan en la zona y que han atacado a la comunidad en represalia por sus esfuerzos para instaurar un cierto autogobierno con independencia de los principales partidos políticos de la región, a quienes culpan de los años de violencia y abandono."

San Juan Cópala, que es una de las comunidades del grupo indígena triqui, uno de los grupos étnicos más pobres y marginados de México, se declaró unilateralmente municipio autónomo en 2007, lo que quiere decir que se autogobierna sirviéndose de las prácticas indígenas tradicionales y que no reconoce la autoridad de las autoridades públicas existentes.

Integrantes de Ubisort, que provienen en parte de una comunidad triqui cercana, han efectuado disparos contra San Juan Cópala en repetidas ocasiones con el propósito de atemorizar a la población. El 17 de abril, integrantes de Ubisort mataron a un vecino de la localidad y, desde entonces, el asedio se ha intensificado.

Únicamente se permite salir a las mujeres mayores de la comunidad para ir a pie a buscar alimentos a la localidad más próxima, mientras que desde principios de abril se obliga a todos los vehículos a dar la vuelta.

La inseguridad ha impedido que profesorado y personal médico puedan llegar al colegio y a la clínica de salud de la localidad, lo que limita seriamente el acceso a la educación y a los servicios de salud.

Según los informes, Ubisort ha impedido también que se reparen los cables de electricidad dañados y rompió la tubería que suministraba agua potable a la comunidad, lo que ha obligado a los habitantes utilizar agua que proviene de una fuente contaminada.

El 27 de abril, un grupo de defensores de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas trataron de llegar a San Juan Cópala para sensibilizar a la opinión pública sobre el asedio y llevar alimentos y agua.

A las afueras de San Juan Cópala, 30 miembros armados de Ubisort les tendieron una emboscada, y mataron a una mujer –la defensora local de los derechos humanos Alberta Cariño– y a un hombre finlandés, Jyri Antero Jaakkola.

A pesar de los reiterados llamamientos a los gobiernos estatal y municipal para que actúen, el asedio continúa y no se ha puesto a ningún integrante de Ubisort a disposición judicial. Según los informes, para poder rescatar a otros activistas sorprendidos por el ataque, el gobierno estatal mantuvo conversaciones con el conocido dirigente de Ubisort, que sigue en libertad. 

Ubisort ha negado las informaciones que les acusan de ser los responsables de la violencia.

El 5 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos mexicana pidió que se decreten medidas para proteger a los habitantes de San Juan Cópala.

"Las autoridades federales mexicanas deben garantizar que la comunidad de San Juan Cópala tiene acceso a suministros básicos e impedir los abusos contra los derechos humanos, como homicidios, agresiones y amenazas, cometidos por integrantes de Ubisort", ha declarado Guadalupe Marengo.

"También se deben investigar en profundidad los vínculos del grupo armado con miembros del PRI, el partido que gobierna en Oaxaca."

Más información

México: Se exige justicia por el ataque contra observadores de derechos humanos (noticia, 5 de mayo de 2010)

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