Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

23 abril 2010

Las autoridades de Belgrado deben detener el desalojo forzoso de 300 familias romaníes

Las autoridades de Belgrado deben detener el desalojo forzoso de 300 familias romaníes

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Belgrado, capital de Serbia, a desistir de su propósito de llevar a cabo el desalojo forzoso de un asentamiento romaní.

Está previsto que en los próximos días se lleve a cabo la demolición de al menos 300 viviendas de un asentamiento informal conocido como Belvil para permitir el paso de una nueva carretera, pese a que no se ha ofrecido un alojamiento alternativo adecuado a la comunidad romaní que habita en ese asentamiento.

En vez de esto, el teniente de alcalde de Belgrado ha declarado que se alojará a estas familias en "contenedores" metálicos.

"Este desalojo se está llevando a cabo sin contar con las cientos de familias que viven en Belvil, a las que no se ha consultado y ni tan siquiera se ha informado adecuadamente sobre el desalojo. Se las trata como ciudadanos de segunda", ha señalado Sian Jones, investigadora sobre Serbia de Amnistía Internacional.

"No consideramos que los contenedores metálicos sean viviendas alternativas adecuadas. Otras familias romaníes de Belgrado viven actualmente en contenedores parecidos tras ser desalojadas el año pasado, y estas viviendas carecen de una ventilación adecuada, son húmedas y están masificadas."

El 30 de marzo el teniente de alcalde de Belgrado anunció públicamente que los desalojos comenzarían a finales de abril a fin de permitir el paso de una vía de acceso hacia el nuevo puente que se proyecta construir sobre el río Sava.

Durante la semana pasada, Amnistía Internacional ha recibido informes de que los empleados del ayuntamiento de Belgrado que han acudido a visitar Belvil han amenazado a los residentes romaníes con desalojos inminentes. Según los informes disponibles, cuatro familias han recibido notificación del desalojo. Sin embargo, a la mayoría no se la ha informado del desalojo que tendrá lugar próximamente.

Sin son desalojadas, muchas familias perderán su única fuente de ingresos. Los residentes de Belvil se dedican principalmente a la recogida y venta de chatarra o materiales reciclables, que almacenan debajo de un puente cercano.

Con arreglo al derecho internacional, los desalojos se pueden llevar a cabo sólo como último recurso, cuando se hayan estudiado todas las demás posibilidades en auténtica consulta con las comunidades afectadas. No obstante, a la comunidad romaní de Belvil no se la ha consultado ni informado sobre los planes que se pondrán en marcha tras los desalojos.

Amnistía Internacional visitó la comunidad de Belvil en febrero y marzo de 2010. Los romaníes que vivían en ese asentamiento ya estaban preocupados por los posibles desalojos, pero no habían recibido ninguna información al respecto.

Cuando en febrero Amnistía Internacional interpeló a las autoridades municipales sobre esta cuestión, negaron que existiesen planes para desalojar a las personas que vivían en Belvil. Sin embargo, posteriormente en marzo el teniente de alcalde anunció los planes de desalojo.

Este anuncio se produjo después de que se difundiera la noticia de que el Banco Europeo de Inversiones había concedido financiación para la construcción de vías de acceso como parte del proyecto del nuevo puente sobre el río Sava.

A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades municipales de Belgrado desalojen a los habitantes de Belvil con un método parecido al empleado en otro desalojo forzoso llevado a cabo en agosto de 2009 en el asentamiento conocido como Gazela.

En aquel desalojo, 114 familias romaníes fueron realojadas en diversos emplazamientos a las afueras de la ciudad, donde viven actualmente en contenedores metálicos, alejados de los servicios públicos locales. Amnistía Internacional no cree que esos contenedores metálicos cumplan los criterios basados en los derechos humanos para una vivienda adecuada.

La semana pasada 35 familias fueron desalojadas de otro asentamiento romaní de la ciudad, conocido como Vidikovac. No se les ofreció ningún alojamiento alternativo. Según las ONG, la semana que viene se llevarán a cabo más desalojos forzosos en esta comunidad.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno serbio que garantice que se establecerán salvaguardias al objeto de asegurar que todos los desalojos se realizan de forma legal y respetando los derechos de la comunidad romaní.

"Las autoridades deben garantizar que no se deja a ninguna familia sin techo ni desprotegida ante violaciones de otros derechos humanos como resultado del desalojo", ha manifestado Sian Jones.

"Lo que incluye ofrecerles recursos legales, entre otros indemnizaciones por la destrucción de sus hogares y sus bienes." 

"El gobierno serbio tiene la obligación de garantizar que las autoridades de Belgrado respetan el derecho internacional de los derechos humanos."

Tema

Exige Dignidad 
Discriminación 

País

Serbia 

Región

Europa y Asia Central 

Campañas

Exige Dignidad 

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