Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

22 octubre 2010

Arizona debe suspender la ejecución del condenado que no tuvo una defensa adecuada

Arizona debe suspender la ejecución del condenado que no tuvo una defensa adecuada

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades del estado estadounidense de Arizona a conmutar la pena de muerte impuesta a un hombre al que se le ha denegado la celebración de una vista judicial sobre sus alegaciones de que en el juicio de 1990 el abogado nombrado de oficio por el tribunal no lo defendió adecuadamente.

Está previsto que Jeffrey Landrigan, nativo americano de 50 años, sea ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de Arizona el martes 26 de octubre, a las 10 de la mañana, por el asesinato de Chester Dyer en Phoenix en diciembre de 1989.

Desde 2005, 13 jueces federales han afirmado que se debería celebrar una vista judicial sobre la alegación de Jeffrey Landrigan de que la representación legal que recibió fue inadecuada.

"Al ser demasiado pobre para poder pagar los servicios de un abogado, a Jeffrey Landrigan se le asignó uno que evidentemente no estaba a la altura de la labor encomendada", ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

"La justicia exige que el gobernador de Arizona conceda el indulto y conmute la pena de muerte en un caso en el que los tribunales no han actuado como debían."

El abogado defensor no preparó ninguna declaración pericial sobre el origen de Jeffrey Landrigan para presentarla como prueba atenuante en la fase de imposición de condena del juicio.

Ocho años después del juicio, un neuropsicólogo concluyó que una combinación de factores heredados, exposición a drogas y alcohol mientras se encontraba en el seno materno, rechazo paterno temprano y relaciones conflictivas con su familia adoptiva había “dañado gravemente” la capacidad de Jeffrey Landrigan para vivir en sociedad.

En el año 2007, la juez de primera instancia Cheryl Hendrix, que se jubiló en 2001, manifestó en una declaración jurada que se entregó a los abogados encargados del recurso de apelación de Jeffrey Landrigan que no lo habría condenado a muerte si la hubiesen puesto al tanto de tales pruebas atenuantes. Afirmó que si le hubiesen presentado unas conclusiones periciales del tipo a las que llegó el neuropsicólogo en 1998, "no habría tenido otra opción" que condenarlo a cadena perpetua.

Conforme se aproxima la fecha de la ejecución, han ido surgiendo serias dudas sobre el proceso de inyección letal. El miércoles, las autoridades de Arizona admitieron ante un tribunal que no habían conseguido el tiopental sódico, uno de los fármacos que pretenden utilizar en la inyección letal de Jeffrey Landrigan, de Hospira, único fabricante de este fármaco en Estados Unidos.

Esto indica que el tiopental sódico se obtuvo de un fabricante extranjero y que no ha sido aprobado por la Dirección Federal de Productos Alimenticios y Farmacéuticos para su uso en seres humanos.

A pesar de lo cual, en un fallo emitido el miércoles, la Corte Suprema de Arizona denegó la moción para la suspensión de la ejecución presentada por los abogados de Jeffrey Landrigan, y permitió a Arizona mantener en secreto dónde consiguió el tiopental sódico.

Como la mayoría de los estados de Estados Unidos donde existe la pena de muerte, Arizona utiliza tres sustancias para las ejecuciones mediante inyección letal: tiopental sódico (un anestésico), bromuro de pancuronio (una sustancia paralizante) y cloruro potásico (una sustancia que provoca un ataque cardiaco).

Actualmente el tiopental sódico escasea en todo el país, lo que hasta la fecha está produciendo retrasos en las ejecuciones en al menos dos estados, Kentucky y Oklahoma.

Hospira ha anunciado que no podrá suministrar más dosis del fármaco hasta marzo de 2011.

Chester Dyer fue hallado muerto en su apartamento de Phoenix el 15 de diciembre de 1989. Jeffrey Landrigan fue detenido pocos días después.

Como Jeffrey Landrigan no podía pagar un abogado para que lo defendiera durante el juicio, el tribunal nombró uno de oficio. El abogado designado nunca había trabajado en un caso de pena de muerte.

Al rechazar la oferta del fiscal de aceptar una condena de 20 años de prisión a cambio de declararse culpable de asesinato en segundo grado, en junio de 1990 Jeffrey Landrigan fue declarado culpable de asesinato en primer grado.

Para la vista de imposición de la condena, el abogado sólo preparó a dos testigos. Uno era la madre biológica de Landrigan, que lo abandonó cuando tenía seis meses, y el otro, su ex esposa. Landrigan se negó a que testificaran.

La juez Hendrix condenó a Jeffrey Landrigan a muerte, aunque declaró que no había actuado con premeditación.

"Se trata de un caso más de una larga lista que abarca las tres últimas décadas y que pone en entredicho toda idea de que la pena de muerte en Estados Unidos es justa y humanitaria", ha declarado Rob Freer.

"La realidad es que se trata de una pena inevitablemente cruel que en Estados Unidos se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el error." 

Estados Unidos ha llevado a cabo 1.231 ejecuciones 43 de ellas este año desde que reanudó los homicidios judiciales en 1977.

Más información

EE.UU: Condenado a muerte de Arizona no tuvo defensa adecuada (acción urgente, 20 de octubre de 2010)
USA: A learning curve, towards a 'more perfect world': World Day against the Death Penalty to cast spotlight on USA (documento, 8 de octubre de 2010)
Death penalty: the great experiment? (blog, 23 de septiembre de 2010)
USA: Death penalty, still a part of the ‘American experiment’, still wrong (documento, 22 de septiembre de 2010)

Campañas

Abolish the death penalty  

Tema

Pena de muerte 

País

EE. UU. 

Región

América 

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