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Hoy, poco antes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos de América a dejar de dar prioridad a los proyectos de construcción sobre de los derechos de los pueblos indígenas.
 
“Resulta alarmante comprobar cómo se violan continuamente los derechos humanos de decenas de millones de personas indígenas en toda América”, declaró Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
 
“Tras siglos de abusos y discriminación, su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro porque no hay suficiente voluntad política para reconocer, respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas cuando estos se consideran un obstáculo para el crecimiento económico.”
 
El crecimiento de las industrias agrícola y extractiva, y la introducción de grandes proyectos de construcción, como embalses y carreteras, en tierras tradicionales indígenas representan una amenaza considerable y creciente para los pueblos indígenas.
 
En todo el continente americano, se percibe a los pueblos indígenas como un estorbo para los intereses comerciales, por lo que los amenazan, los desalojan por la fuerza, los desplazan y hasta los matan en su afán por explotar los recursos naturales de las zonas en las que viven.
 
Por ejemplo, en Brasil prosigue la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la  Amazonía, a pesar de la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el proyecto debía detenerse hasta que se evaluara exhaustivamente su impacto sobre las comunidades indígenas locales.
 
En países de toda la región como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú– se ha omitido consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar leyes que amenazaban su medio de vida. También se han llevado a cabo proyectos de construcción en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas sin respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
 
En países como Chile, Ecuador, México y Perú, los líderes indígenas y los integrantes de esas comunidades son con frecuencia sometidos a procesos penales por cargos que se diría desproporcionados y que parecen responder a motivos políticos.
 
"El desarrollo económico no debe ser un juego de suma cero en el que sea preciso sacrificar los derechos de los pueblos indígenas", afirma Susan Lee.
 
“Todos los países americanos han suscrito Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero para superar siglos de marginación y discriminación, es necesario que los Estados la pongan en práctica.”